8 de mayo 2010
SME no encuentra solución política
Eduardo Alonsa
El Universal, 8 mayo 2010.
TOLUCA, Méx.— El gobierno federal no acepta una salida política al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricista (SME), pese a que se han realizado varias propuestas que son viables para 18 mil trabajadores que no aceptaron la liquidación y 22 mil jubilados, así como para los intereses del gobierno.
Luego de visitar a 13 trabajadores del SME de la requisada Compañía de Luz y Fuerza (CLyF), que mantienen una huelga de hambre en la principal plaza pública de esta ciudad, el secretario general, Martín Esparza, lamentó que funcionarios federales no estén en la idea de solucionar el conflicto de manera política
“Hicimos una propuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está bien no regresa Luz y Fuerza del Centro, para que no se le haga juicio político a Calderón, porque él sabe que violó la Constitución, la materia de trabajo subsiste y quedaríamos como el Centro Sur de la CFE”, sostuvo.
Martín Esparza añadió que actualmente la legislación permite que en una empresa operen dos sindicatos, por lo que su propuesta es viable.
Esparza adelantó que el caso del SME será discutido en el pleno de la Suprema Corte.
Electricistas documentan ante la Corte inconstitucionalidad de extinción de LFC
Fabiola Martínez
La Jornada, 8 de mayo de 2010, p. 13
Representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se reunieron ayer con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en el contexto de una serie de encuentros con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El propósito es documentar la solicitud del sindicato para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asuma el papel de patrón sustituto.
El SME, encabezado por Martín Esparza, mantiene un litigio en el Poder Judicial para que se declare inconstitucional el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), emitido hace casi siete meses.
Ante el ministro, los representantes sindicales y uno de sus asesores jurídicos argumentaron su petición y, como propuesta inicial, pretenden que la CFE integre una región Centro-Sur para dar empleo a los ex trabajadores de LFC.
De acuerdo con Esparza, el ministro Gudiño les dijo que en la Corte hay especial interés en el caso SME y le agradeció que haya documentado sus aseveraciones.
Apoyos a ex trabajadores
Mientras la SCJN está en proceso de análisis para deliberar acerca de la solicitud de amparo del SME, la Secretaría de Gobernación y la CFE emitieron un comunicado conjunto para informar que en breve el gobierno comprará 648 tableros de control a empresas integradas por ex trabajadores de LFC que aceptaron su liquidación.
Es decir, esa contratación no es de empleados, sino de empresas proveedoras de bienes y servicios, integradas con ex trabajadores.
Según Gobernación y la CFE las empresas que propusieron contratar el mayor número de ex trabajadores (680, según el comunicado) son la cooperativa de ex trabajadores denominada Fábrica de Tableros K0 e Innovación y Control Eléctrico, ambas asociadas con un socio tecnológico de amplia experiencia, del cual no se precisó el nombre.
La anterior y otras ofertas, exclusivas para los trabajadores que ya cobraron su liquidación (cerca de 26 mil de un total de 44 mil) siguen su curso, pese a que la Corte no ha emitido veredicto respecto del amparo solicitado por el SME.
En tanto, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), dependiente de la Secretaría de Economía, dio su visto bueno para la operación del plan gubernamental de apoyo a ex trabajadores de LFC que incluye un pago de 4 mil 191 pesos, como apoyo económico, durante el periodo de capacitación focalizada y un seguro colectivo contra accidentes personales hasta por 100 mil pesos por persona.
Lo anterior durante el proceso de capacitación y adiestramiento a cargo de la Secretaría del Trabajo para los ex trabajadores de LFC seleccionados para este fin. Con ello, esa dependencia podrá continuar con las formalidades para la publicación y puesta en vigor de los Lineamientos para la operación del programa de apoyo a ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
Al respecto, Martín Esparza advirtió que decisiones como las citadas son ilegales, porque la extinción de LFC se hizo con base en un decreto administrativo, cuya constitucionalidad analiza la Corte. A nosotros también nos han hecho las mismas ofertas, pero no nos interesa formar cooperativas ni empresas que fungen como esquirol de nuestro movimiento en defensa del empleo y el carácter público de la industria eléctrica, dijo.
13 días de ayuno
En tanto, 92 trabajadores continúan en huelga de hambre, así como la viuda de un electricista, como medida de presión para exigir la devolución de su empleo. El ayuno colectivo, en el Zócalo capitalino y en Toluca, estado de México (donde participan 13 personas), cumplió ayer 13 días.
Esparza dijo en entrevista que el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, le solicitó el retiro de esa protesta; pero, agregó, no es decisión mía sino de los compañeros que arriesgan su vida para exigir el respeto de sus derechos.
En tanto, el secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila, se reunió ayer con el subsecretario Gil.
El martes el SME entregará en la Corte miles de firmas para complementar su petición. En las manos de los ministros está el restablecimiento del estado de derecho porque de lo contrario las cosas se van a complicar, manifestó Esparza.
Ha empeorado la situación laboral femenil
Carolina Gómez Mena
La Jornada, 8 de mayo de 2010, p. 30
Debido a la flexibilización de las condiciones de trabajo, la disminución de los derechos laborales, y a que los gobiernos abandonan su papel como árbitro en los conflictos entre trabajo y capital, la situación laboral, sobre todo de las mujeres, ha empeorado, manifestaron sindicalistas durante el seminario De las realidades laborales de las mujeres al trabajo digno.
Agregaron que un ejemplo claro de esto es la prevalencia de una amplia brecha salarial con los hombres, quienes en promedio perciben 30 por ciento más, siendo agricultura, industria, servicios personales, comercio y restaurantes, las ramas económicas de mayor inequidad en este aspecto.
Beatriz Luján, del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), indicó que la mayoría de las trabajadoras, tanto en el sector formal como en el informal, reciben a cambio de sus labores entre uno y tres salarios mínimos diarios, lo que en promedio equivale a cerca de 3 mil 500 pesos al mes.
En el contexto de la presentación de experiencias de trabajadoras del sector informal, de empleadas del hogar y de mujeres del campo, precisaron que actualmente, aunque el porcentaje de mujeres que trabajan asciende a 42.2 por ciento, este aumento en la participación no se ha traducido en mejoras en las condiciones laborales, por el contrario, se está muy lejos de ello.
Añadieron que la persistencia de prejuicios culturales que desvalorizan las capacidades y competencias de las mujeres ha fortalecido prácticas de segregación ocupacional, que nos ubican en puestos de trabajo identificados como típicamente femeninos y, por tanto, poco calificados y mal remunerados.
A lo anterior se suma el hecho de que pese a que las mujeres perciben menor salario, tienden a trabajar más horas que los hombres, incluso en algunas maquilas laboran 12 horas diarias, lo que supera las 48 previstas por ley, y añadieron que la tercera parte de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal.
Norma Malagón, de la Red de Mujeres Sindicalistas, indicó que la inestabilidad laboral producto de formas de contratación atípicas y de la informalidad constituye un factor determinante en el deterioro de la calidad de vida de las trabajadoras, impide el acceso a la seguridad social y, por consiguiente, el acceso a servicios de protección y cuidado de la salud.
Lo anterior explica que la población ocupada femenina sin acceso a la salud muestra un drástico incremento de 34.4 por ciento en los últimos nueve años. De manera que la cifra de la población ocupada femenina sin acceso a los servicios de instituciones de salud es de 10.8 millones, que tiende a incrementarse debido a la crisis económica, apuntó Luján.
Malagón remarcó que durante el encuentro, de forma unánime se repudió la reforma Lozano, por lo que el jueves próximo delinearán un plan de acción en contra de esta propuesta de reforma laboral que, como aseveraron en la inauguración del seminario, precariza aún más la situación laboral de las mujeres.
Eduardo Alonsa
El Universal, 8 mayo 2010.
TOLUCA, Méx.— El gobierno federal no acepta una salida política al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricista (SME), pese a que se han realizado varias propuestas que son viables para 18 mil trabajadores que no aceptaron la liquidación y 22 mil jubilados, así como para los intereses del gobierno.
Luego de visitar a 13 trabajadores del SME de la requisada Compañía de Luz y Fuerza (CLyF), que mantienen una huelga de hambre en la principal plaza pública de esta ciudad, el secretario general, Martín Esparza, lamentó que funcionarios federales no estén en la idea de solucionar el conflicto de manera política
“Hicimos una propuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está bien no regresa Luz y Fuerza del Centro, para que no se le haga juicio político a Calderón, porque él sabe que violó la Constitución, la materia de trabajo subsiste y quedaríamos como el Centro Sur de la CFE”, sostuvo.
Martín Esparza añadió que actualmente la legislación permite que en una empresa operen dos sindicatos, por lo que su propuesta es viable.
Esparza adelantó que el caso del SME será discutido en el pleno de la Suprema Corte.
Electricistas documentan ante la Corte inconstitucionalidad de extinción de LFC
Fabiola Martínez
La Jornada, 8 de mayo de 2010, p. 13
Representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se reunieron ayer con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en el contexto de una serie de encuentros con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El propósito es documentar la solicitud del sindicato para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asuma el papel de patrón sustituto.
El SME, encabezado por Martín Esparza, mantiene un litigio en el Poder Judicial para que se declare inconstitucional el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), emitido hace casi siete meses.
Ante el ministro, los representantes sindicales y uno de sus asesores jurídicos argumentaron su petición y, como propuesta inicial, pretenden que la CFE integre una región Centro-Sur para dar empleo a los ex trabajadores de LFC.
De acuerdo con Esparza, el ministro Gudiño les dijo que en la Corte hay especial interés en el caso SME y le agradeció que haya documentado sus aseveraciones.
Apoyos a ex trabajadores
Mientras la SCJN está en proceso de análisis para deliberar acerca de la solicitud de amparo del SME, la Secretaría de Gobernación y la CFE emitieron un comunicado conjunto para informar que en breve el gobierno comprará 648 tableros de control a empresas integradas por ex trabajadores de LFC que aceptaron su liquidación.
Es decir, esa contratación no es de empleados, sino de empresas proveedoras de bienes y servicios, integradas con ex trabajadores.
Según Gobernación y la CFE las empresas que propusieron contratar el mayor número de ex trabajadores (680, según el comunicado) son la cooperativa de ex trabajadores denominada Fábrica de Tableros K0 e Innovación y Control Eléctrico, ambas asociadas con un socio tecnológico de amplia experiencia, del cual no se precisó el nombre.
La anterior y otras ofertas, exclusivas para los trabajadores que ya cobraron su liquidación (cerca de 26 mil de un total de 44 mil) siguen su curso, pese a que la Corte no ha emitido veredicto respecto del amparo solicitado por el SME.
En tanto, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), dependiente de la Secretaría de Economía, dio su visto bueno para la operación del plan gubernamental de apoyo a ex trabajadores de LFC que incluye un pago de 4 mil 191 pesos, como apoyo económico, durante el periodo de capacitación focalizada y un seguro colectivo contra accidentes personales hasta por 100 mil pesos por persona.
Lo anterior durante el proceso de capacitación y adiestramiento a cargo de la Secretaría del Trabajo para los ex trabajadores de LFC seleccionados para este fin. Con ello, esa dependencia podrá continuar con las formalidades para la publicación y puesta en vigor de los Lineamientos para la operación del programa de apoyo a ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
Al respecto, Martín Esparza advirtió que decisiones como las citadas son ilegales, porque la extinción de LFC se hizo con base en un decreto administrativo, cuya constitucionalidad analiza la Corte. A nosotros también nos han hecho las mismas ofertas, pero no nos interesa formar cooperativas ni empresas que fungen como esquirol de nuestro movimiento en defensa del empleo y el carácter público de la industria eléctrica, dijo.
13 días de ayuno
En tanto, 92 trabajadores continúan en huelga de hambre, así como la viuda de un electricista, como medida de presión para exigir la devolución de su empleo. El ayuno colectivo, en el Zócalo capitalino y en Toluca, estado de México (donde participan 13 personas), cumplió ayer 13 días.
Esparza dijo en entrevista que el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, le solicitó el retiro de esa protesta; pero, agregó, no es decisión mía sino de los compañeros que arriesgan su vida para exigir el respeto de sus derechos.
En tanto, el secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila, se reunió ayer con el subsecretario Gil.
El martes el SME entregará en la Corte miles de firmas para complementar su petición. En las manos de los ministros está el restablecimiento del estado de derecho porque de lo contrario las cosas se van a complicar, manifestó Esparza.
Ha empeorado la situación laboral femenil
Carolina Gómez Mena
La Jornada, 8 de mayo de 2010, p. 30
Debido a la flexibilización de las condiciones de trabajo, la disminución de los derechos laborales, y a que los gobiernos abandonan su papel como árbitro en los conflictos entre trabajo y capital, la situación laboral, sobre todo de las mujeres, ha empeorado, manifestaron sindicalistas durante el seminario De las realidades laborales de las mujeres al trabajo digno.
Agregaron que un ejemplo claro de esto es la prevalencia de una amplia brecha salarial con los hombres, quienes en promedio perciben 30 por ciento más, siendo agricultura, industria, servicios personales, comercio y restaurantes, las ramas económicas de mayor inequidad en este aspecto.
Beatriz Luján, del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), indicó que la mayoría de las trabajadoras, tanto en el sector formal como en el informal, reciben a cambio de sus labores entre uno y tres salarios mínimos diarios, lo que en promedio equivale a cerca de 3 mil 500 pesos al mes.
En el contexto de la presentación de experiencias de trabajadoras del sector informal, de empleadas del hogar y de mujeres del campo, precisaron que actualmente, aunque el porcentaje de mujeres que trabajan asciende a 42.2 por ciento, este aumento en la participación no se ha traducido en mejoras en las condiciones laborales, por el contrario, se está muy lejos de ello.
Añadieron que la persistencia de prejuicios culturales que desvalorizan las capacidades y competencias de las mujeres ha fortalecido prácticas de segregación ocupacional, que nos ubican en puestos de trabajo identificados como típicamente femeninos y, por tanto, poco calificados y mal remunerados.
A lo anterior se suma el hecho de que pese a que las mujeres perciben menor salario, tienden a trabajar más horas que los hombres, incluso en algunas maquilas laboran 12 horas diarias, lo que supera las 48 previstas por ley, y añadieron que la tercera parte de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal.
Norma Malagón, de la Red de Mujeres Sindicalistas, indicó que la inestabilidad laboral producto de formas de contratación atípicas y de la informalidad constituye un factor determinante en el deterioro de la calidad de vida de las trabajadoras, impide el acceso a la seguridad social y, por consiguiente, el acceso a servicios de protección y cuidado de la salud.
Lo anterior explica que la población ocupada femenina sin acceso a la salud muestra un drástico incremento de 34.4 por ciento en los últimos nueve años. De manera que la cifra de la población ocupada femenina sin acceso a los servicios de instituciones de salud es de 10.8 millones, que tiende a incrementarse debido a la crisis económica, apuntó Luján.
Malagón remarcó que durante el encuentro, de forma unánime se repudió la reforma Lozano, por lo que el jueves próximo delinearán un plan de acción en contra de esta propuesta de reforma laboral que, como aseveraron en la inauguración del seminario, precariza aún más la situación laboral de las mujeres.
No hay comentarios:
Publicar un comentario