NOTICIAS LABORALES

5 de junio 2010

Se legaliza esquema letal de subrogación: Gustavo Leal

Gabriel León Zaragoza
La Jornada, 5 de junio de 2010, p. 2

Al considerar constitucional la subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su proyecto de dictamen, el ministro Arturo Zaldívar da un “terrible paso atrás” respecto a lo avanzado en el informe preliminar de la comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el caso del incendio de la estancia infantil ABC, de Hermosillo, Sonora, aseguró Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco.

“Zaldívar está legalizando el esquema de subrogación de Santiago Levy, que es un esquema de subrogación letal y es el responsable final de la tragedia”, afirmó.

Los integrantes de la Corte, agregó, tienen toda la semana entrante para estudiar el proyecto de dictamen que se discutirá en el pleno a partir del día 14, donde tendrán que poner en el centro del debate la legalización de la subrogación a particulares –como se presenta en el texto del ministro ponente– y corregirlo para dejarlo como quedó establecido en el informe preliminar elaborado en marzo por los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla.

El proyecto de Zaldívar, continuó, es un avance en la exigencia de justicia frente al tamaño del siniestro que derivó en la muerte de 49 niños y lesiones de 104 más, “porque la responsabilidad se extiende a funcionarios federales como Daniel Karam, por la gestión ante la tragedia, y se precisa un conjunto de responsabilidades posteriores al incendio que tiene que ver con la situación en la que se encuentra el IMSS de los panistas”.

En entrevista, el especialista y colaborador de La Jornada agregó que este modelo de subrogación del IMSS es “mercantil, de lucro”, armado de tal manera que “no hay ninguna garantía de que la calidad que se presta en el servicio –por estar abaratando costos– respalde una seguridad en materia de protección civil y en el desarrollo sicomotor de los niños y su debida atención por profesionales”.

Falta debatir, añadió, sobre las “estancias changarro de la Secretaría de Desarrollo Social, que Felipe Calderón ha utilizado electoralmente, que son alrededor de 8 mil 500 guarderías con presencia nacional y 230 mil niños amparados en ese esquema”.

El SME expondrá ante la CIDH las “sistemáticas” violaciones a derechos
Fabiola Martínez
La Jornada, 5 de junio de 2010, p. 9

Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), expondrá el lunes próximo en Perú, ante la asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las “sistemáticas violaciones” del gobierno de Felipe Calderón a los derechos constitucionales, en particular de los trabajadores.

Apoyado por el sindicato de electricistas de Perú y otras organizaciones que acuden al encuentro regional, el líder del SME pedirá a esa comisión, dependiente de la Organización de Estados Americanos, que solicite al Estado mexicano “tomar medidas cautelares”, con el fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva a la brevedad la solicitud de amparo interpuesta por el SME contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que significó el despido de 44 mil trabajadores, el 11 de octubre pasado.

La presentación de Esparza ocurre cuando trabajadores continúan en huelga de hambre en el Zócalo capitalino, algunos de los cuales ya rebasaron 40 días de ayuno y otros lo harán en los próximos días, toda vez que la protesta se inició de manera escalonada.

Este viernes, otros dos sindicalizados fueron llevados al hospital. Uno al mediodía –por migraña severa, náuseas y vómito– y otro dos horas después por faringitis aguda y presión baja. De un grupo inicial de casi un centenar de huelguistas, hasta anoche quedaban 32.

Todo el día, el campamento recibió apoyo de diversos grupos. Ayer se sumó, con un ayuno por 48 horas, el secretario de Turismo del gobierno capitalino, Alejandro Rojas Díaz Durán. Además, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los caricaturistas Rafael Barajas, El Fisgón, y Antonio Helguera expresaron su solidaridad con los electricistas.

Al tiempo que eran atendidos los trabajadores mencionados, otros integrantes del SME realizaron una protesta frente a la SCJN, apoyados por maestros de la CNTE. En primera línea, para hablar con un ministro (aunque sólo pudieron conversar con un asesor del ministro presidente), iban Roberto Jiménez (con 28 años de antigüedad laboral en LFC) y Armando Salgado (siete), quienes están en huelga de hambre desde hace 36 días. “Exigimos justicia pronta y expedita. Pronta, pronta.”

Auxiliados por sus compañeros, señalaron que físicamente están agotados, “pero muy convencidos de lo que estamos haciendo”, expresó Salgado, ingeniero mecánico electricista, quien se desempeñaba como coordinador de cuadrillas de baja tensión.

En tanto, Esparza rechazó las declaraciones del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil, de que el “ayuno prolongado” es una forma de protesta para presionar a los ministros y no al gobierno calderonista.

“Nuestra protesta es contra el gobierno federal fascista, el cual sistemáticamente se ha conducido con abuso de autoridad. Por culpa de ellos fuimos despojados de nuestros empleos y por ello estamos promoviendo un juicio (de amparo), la huelga de hambre de mis compañeros”, expresó.

Esparza viajó a Perú con el objetivo de participar este fin de semana en diversas reuniones, incluidas entrevistas con representantes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros grupos. La reunión con la CIDH está programada para el 7 de junio, explicó.

Mientras tanto, en Toluca, estado de México, integrantes de la dirigencia nacional del SME visitaron hoy el campamento que mantienen agremiados de la organización.

A 35 días de haber comenzado el ayuno frente al palacio de gobierno, sólo cuatro mantienen la protesta. Trece se han retirado, nueve están en sus casas recuperándose y cuatro se encuentran hospitalizados.

Con información de Israel Dávila, corresponsal

El gobierno no dará marcha atrás en la extinción de Luz y Fuerza, dice la SG
Fabiola Martínez
La Jornada, 5 de junio de 2010, p. 9

El gobierno federal se deslindó de la huelga de hambre de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y afirmó que ésta no tiene como fin presionar a la administración calderonista, sino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinará si el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) es constitucional.

Roberto Gil, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), manifestó que se ha cumplido con lo que les corresponde ante el “ayuno prolongado”, al ofrecerles una brigada de médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y mantener una “amplia” propuesta laboral y productiva para los “ex trabajadores” de LFC.

Advirtió que el gobierno “no dará un paso atrás” en la extinción de LFC. Con el cierre de la paraestatal, el 11 de octubre pasado, fueron despedidos 44 mil trabajadores, y de ellos poco más de 17 mil no aceptaron su liquidación, por eso mantienen demandas judiciales y movilizaciones sociales.

A continuación un resumen de la entrevista con Gil, cuya responsabilidad es coadyuvar a dar gobernabilidad al país.

–Un grupo de trabajadores ha cumplido 40 días en huelga de hambre en el Zócalo capitalino. ¿Cuál es el valor que da el gobierno federal a ese tipo de protestas?

–Respetamos la decisión de haber hecho esa protesta. La subsecretaría a mi cargo ha enviado solicitudes a Martín Esparza pidiéndole que una brigada de atención médica participe de manera permanente y dé información a los ex trabajadores, precisamente para evitar deterioros en la salud. La respuesta ha sido que (los huelguistas) ya tienen atención médica, que es brindada por el Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por un médicos de ellos. Eso significa que han hecho lo necesario para preservar su salud. El gobierno mantiene su oferta y estará atento a la evolución de esos ayunos.

–Eligieron esa forma de protesta para presionar por la devolución de su empleo, luego de la extinción de LFC. ¿Existe la posibilidad de que prospere la petición?

–Es más, doy un paso atrás: lo que ellos han dicho es que esa protesta se activó con el propósito de generar un entorno de presión a la Corte para que resuelva los amparos en la misma pretensión que han hecho valer mediante sus respectivas demandas. Eso es un dato muy importante. Nosotros hemos mantenido el diálogo con el señor Esparza y el gobierno de la República no puede asumir la posición de ellos de que se restablezca LFC.

–Entonces, ¿el gobierno federal no está dispuesto a flexibilizar su posición?

–Estará atento a cualquier disposición al diálogo, pero sí es necesario (que el SME) flexibilice su posición. Hay un estado democrático e instituciones para atender sus demandas. Por ello no parece corresponderse con la definición y las condiciones de una democracia con instituciones que pueden impartir justicia, la existencia de expresiones de protesta (como la huelga de hambre).

–El gobierno federal se desmarca de la responsabilidad de esa protesta y de la posibilidad de que alguno enferme y fallezca?

–El gobierno ha estado permanentemente atento a la evolución de esa protesta social y diversos encuentros con Esparza así lo acreditan. Sólo hacemos un llamado respetuoso a que se levante esa protesta, en virtud de que existen las instituciones para resolver los alcances y límites de los derechos de los ex trabajadores de LFC.

–Es obvio que ambas partes mantienen posturas distintas. ¿Qué sigue ante esta protesta, a la que los trabajadores le dan carácter de indefinida? ¿El diálogo no ha sido fructífero? ¿Qué hace falta para que ello ocurra?

–Se ha ofrecido a Martín Esparza todos los espacios de diálogo, las opciones laborales y productivas que el gobierno ha dispuesto como alternativa para solucionar el conflicto. En otros espacios de diálogo con Alejandro Muñoz (opositor a Esparza), esas opciones han avanzado: integración de empresas, otorgamiento de contratos públicos, franquicias, apoyo en términos de capital semilla e intermediación con empresas para que se den espacios laborales a los ex trabajadores. Esas opciones nunca antes se han presentado con esa sencillez y eficacia a ningún grupo social que haya planteado públicamente un problema. Nunca antes ha habido un despliegue de instituciones del gobierno a propósito de un conflicto. Sucede que no hay ánimo ni disposición de un grupo a asumir acciones laborales y productivas, porque su pretensión es que continúe la lógica de LFC con ese contrato colectivo de trabajo, con ese pasivo laboral y con esos costos de operación que eran inviables y no ofrecía un servicio público de calidad. Por ello, el gobierno de la República no va a dar paso atrás en una decisión que es responsable y necesaria para el país.