OPINIÓN

24 de mayo 2010

Paulette: ¿quién cree el cuento?
Ricardo Alemán
El Universal, 24 mayo 2010.


El 21 de abril —hace más de un mes y antes de lo que algunos pregonan—, aquí adelantamos que el gobierno de Peña Nieto perdonaría las torpezas de su procurador Alberto Bazbaz, y que el “control de daños” se daría “por la teoría del accidente” de Paulette.


El pasado 21 de mayo, en conferencia de prensa, Bazbaz concluyó lo que aquí adelantamos 29 días antes; que la muerte de Paulette había sido producto de un accidente. Y 24 horas después —sábado 22 de mayo—, el gobernador Enrique Peña no sólo confirmó el perdón a su torpe procurador de Justicia, sino lo ratificó en el cargo. “Va bien”, dijo.


¿Por qué fue posible conocer con 30 días de anticipación la salida política —que no solución—, que daría Peña a la mayor crisis de confianza que ha vivido su gobierno? No se trata de buscar una bola de cristal, al más audaz lector del futuro o jugar un volado. El asunto es más sencillo. Resulta que el gobernador mexiquense, sus asesores políticos y mediáticos, y sus referencias del poder, vienen del viejo PRI.


Es decir, que Peña Nieto es un político y gobernante no sólo chiquito y predecible, sino que piensa, decide y actúa como pensaban, decidían y actuaban los viejos políticos y gobernantes del PRI. Sólo bastó consultar a un viejo y colmilludo político de los tiempos de gloria del tricolor —consultarlo sobre cómo operaría el control de daños en el caso Paulette—, para llegar a la misma conclusión que llegó Peña Nieto. Pero no es todo. ¿Que cómo se metió a ese entuerto, y cómo le afectará?


Todo comenzó con la designación de Bazbaz como flamante procurador de Justicia de su gobierno. Pero resulta que —como ocurrió con todo su gabinete—, Peña repartió cargos por compromisos, no por habilidades, cualidades y facultades. Pero además, ya con el escándalo encima, el gobernador entendió que toda la parentela de Paulette debía ser exonerada, también por compromisos políticos. Sólo siguió el librito.


Así lo dijimos en el Itinerario Político del 21 de abril “Los gobiernos capitalino y mexiquense empeñan esfuerzos titánicos de “control de daños no sólo para salvar de la desgracia política a sus procuradores de Justicia, sino para maquillar el descrédito que contamina las aspiraciones presidenciales de Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard”.


En el caso de Bazbaz, “el control de daños vendrá por la teoría del accidente”, ya que sólo así conciliarán el cochinero de la investigación y los compromisos políticos. Sin embargo, lo que calcularon mal “los genios” de Peña Nieto, es que los mexicanos de hoy ya no se chupan el dedo. ¿Quién cree el cuento del accidente de Paulette? Al tiempo.

Astillero

• Diego, clave oscurecida. 
• Omisiones y vehemencia. 
• Panismo sometido a FC. 
• Peña Nieto, marcado 
• Julio Hernández López 

La Jornada, 24 mayo 2010.

ESTADIO NEMESIO DÍEZ. Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, y su pareja sentimental, la actriz Angélica Rivera, ayer, durante el partido de la final del Torneo Bicentenario 2010, en el que Diablos Rojos del Toluca se proclamó campeón al derrotar 4-3 a SantosFoto Foto Agencia MVT/ Crisanta Espinosa


Por encima de todo, de resoluciones infames sobre el caso Paulette, asambleas nacionales panistas, finales futboleras y otros mecanismos de distracción, la clave de desenlaces trascendentes sigue siendo el caso Diego.


La decisión de la familia Fernández de Cevallos, de pedir a las autoridades federales que se hagan a un lado para dar paso a las negociaciones con los secuestradores, es una posterior confirmación indirecta de la autenticidad de la fotografía y el texto que el pasado jueves por la noche llegó a algunos correos electrónicos de periodistas que se abstuvieron de instalar sin convalidación esos datos en las redes sociales hasta que el noticiero nocturno de Milenio Tv decidió colocar la imagen en sus pantallas, en un acto de imprecisión profesional que con frecuencia en esa empresa se adjudica a los flujos internéticos, más con enojo competitivo que con razones firmes.


La petición familiar de retiro de las aparatosas medidas de supuesta ayuda y protección que los gobiernos federal y queretano han puesto en torno a los escenarios del drama de DFC indica de entrada que, al menos para consumo público, no coinciden los intereses de la parentela afectada y de las autoridades supuestamente solidarias. Un diálogo mínimo, fluido y confiado entre esas dos partes habría hecho innecesaria la elaboración de una petición por escrito que fue dada a conocer a los medios de comunicación, pero que ni siquiera fue aceptada más que de palabra, al anunciar la PGR que se retiraría de las indagaciones que previamente había atraído a su jurisdicción, pero manteniendo en las afueras del rancho queretano de la desgracia una evidente vigilancia policiaca que a cualquier delincuente que lea diarios o se asome a Internet le haría ver que se sostiene el esquema de vigilancia e intervención que los familiares de Diego pidieron fueran retirados. Si un pretexto quisieran quienes desaparecieron a DFC para actuar mortalmente contra él, bien pudieran utilizar ese incumplimiento expreso de dejar el campo libre.


La vehemencia oratoria de Calderón en la recién pasada asamblea nacional panista también agrega elementos para la suspicacia, sobre todo conforme van difundiéndose más referencias de la ríspida relación política que con largueza han mantenido el ahora ocupante de Los Pinos y el fanfarrón abogado enriquecido mediante tráfico de influencias, colocación de piezas propias en los tableros de la PGR y la Suprema Corte que luego resolverían positivamente los asuntos de enorme cuantía que les presentaba el jefe promotor de sus puestos, y el uso mercantil de las relaciones políticas entabladas con el salinismo, con el PAN como moneda de cambio. Calderón llegó a decir que con DFC habrá todavía muchas batallas por librar, lo que pareciera ser un guiño a las suposiciones de quienes creen que el secuestro es un montaje hecho para promover la candidatura presidencial de 2012. Si el queretano aparece con vida y deci- de aceptar una postulación así, las palabras de FCH tomarán la dimensión de un sombrío destape que llevó a los panistas reunidos en su asamblea nacional a corear el nombre del brioso personaje ahora esfumado. Si la suerte fuera adversa, y el final fuera luctuoso, parecería entonces que las arengas calderonistas hubieran tenido como propósito dejar a salvo la figura del orador y disipar percepciones poderosamente estremecedoras.


A pesar de esos aires tubios, y tal como sucedía en los peores tiempos del PRI-gobierno, la asamblea nacional panista recién celebrada prefirió someterse a los discursos fantasiosos y las estrategias fallidas del hombre que ocupa el poder federal que enfrentar las causas reales de la evidente postración de su partido. Muchos de ellos controlados por la fuerza avasalladora de la nómina, temerosos otros de los riesgos que corren quienes se enfrentan al colérico mandamás, los asambleístas del panismo escucharon a Felipe Calderón llamarles a despertar, a hacer a un lado divisiones y a unirse en torno a hipotéticas buenas intenciones. El PAN-gobierno quedó asi bajo control estructural pleno de la corriente de Los Pinos, que aspira a colocar en 2012 una plantilla de candidatos que le permita aspirar a sobrevivir.


A la negativa valoración política y social de hechos macabros contribuyó el procurador de gobierno del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cuyo vocero en asuntos criminales, Alberto Bazbaz, tuvo a bien escenificar uno de los más lamentables episodios de la larga historia judicial mexicana de vergüenzas, al anunciar que la muerte de la niña Paulette Gevara fue accidental. La irritación generalizada que provocó ese dictamen insostenible amenaza con alcanzar el futuro electoral del responsable real de todo el guisado, el mencionado Peña Nieto, que acabó respaldando la conducta de su dependiente, Bazbaz, y así asoció su propia figura al desenlace tan lleno de impugnaciones populares. Aun con toda la fuerza propagandística de las televisoras nacionales a su facturado favor, de los escarceos románticos y presuntamente matrimoniales que estén en su agenda gaviotera, e incluso de cam-peonatos balompédicos alcanzados mediante increíbles fallas finales de algunos jugadores adversarios, Peña Nieto queda marcado por el caso Paulette. Si la memoria nacional no es antes abatida, el 2012 de Peña Nieto podría estar científicamente en riesgo a partir de mayo de 2010, entre el hueco de una justicia efectiva y el colchón de intereses y complicidades protegidas.


Astillas


La jefatura de la Iglesia católica romana en México se anuncia en disposición de infringir disposiciones legales correspondientes al levantamiento del censo de cada década, pues en los cuestionarios por escrito hay una incorrección (al agregarle a la denominación el término reformada) que podría llevar a equívocos de los encuestados y a la dismi- nución porcentual del número de miembros de ese rito que indudablemente son cada vez menos, pero ahora Norberto Rivera y cía. pretenden disimular argumentando pifias metodológicas... ¡Hasta mañana!


Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

El Estado abdica de la procuración
Editorial
La Jornada, 24 mayo 2010.


En el curso de la semana recién pasada dos procuradurías –la General de la República y la del estado de México– exhibieron el pavoroso vacío del Estado en los casos de la muerte de Paulette Gebara Farah y de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos.


El viernes 21, el procurador mexiquense, Alberto Bazbaz, dio por cerrada la averiguación en torno de la menor Gebara Farah y concluyó que su fallecimiento se debió a un accidente. Accidental pudo haber sido, pero a fin de cuentas, tras dos meses de pesquisas erráticas, irresponsables y fársicas, el mayor cúmulo de inconsistencias fue el exhibido por la Procuraduría de Justicia del Estado de México: extremo descuido en el manejo de pruebas y lugares, señalamientos públicos –que, según sus propias conclusiones, fueron infundados– contra la madre de la niña; filtración de dictámenes, peritajes y documentos; siembra de sospechas en la opinión pública; solicitudes de auxilio a corporaciones policiales extranjeras y, a fin de cuentas, un corolario ofensivo por insostenible: Paulette murió en la noche del 21 de marzo o en la madrugada del 22 y su cuerpo permaneció al pie de la cama durante nueve días, en el epicentro mismo de la investigación, entre familiares, amigos y policías, sin que nadie se diera cuenta.


En forma inevitable, el desaseo de las pesquisas y la inverosimilitud de las conclusiones multiplican y ahondan las dudas que debieron despejar, y el caso se torna, a raíz de la presentación efectuada el viernes por Bazbaz, mucho más sórdido de lo que ya parecía: la impresión –abrumadoramente mayoritaria– de la sociedad mexiquense y nacional es que lo dicho por el funcionario apunta a solapar, encubrir u ocultar, no a esclarecer, y en tal circunstancia la procuración de justicia en el estado de México resulta llanamente inviable, pues en la presente circunstancia local y federal la credibilidad de las instituciones investigadoras resulta imprescindible.


Igualmente grave, o más, es la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de abandonar el caso de la privación ilegal de la libertad de Diego Fernández de Cevallos, quien fue raptado entre el 15 y el 16 de mayo en Querétaro. En un primer momento, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, ordenó que el gabinete de seguridad se involucrara en la pesquisa correspondiente. En los días siguientes, diversas autoridades descartaron en forma arbitraria varias líneas de investigación: el propio Calderón negó, desde Washington, que hubiera sido una acción de la delincuencia organizada, en tanto que la vocería de la PGR descartaba que se tratara de un secuestro con propósito de rescate, a pesar de que ya la familia del desaparecido pedía a las personas que lo retienen, entablar comunicación en aras de negociar su liberación. Luego de varios días en que la PGR pretendió centralizar la información del caso, en forma inopinada decidió abandonarlo.


La suspensión de las pesquisas es inaceptable. Más allá de los lamentables esfuerzos verbales del gobierno por evitar cualquier mención a una figura delictiva en particular –secuestro, ajuste de cuentas, levantón, de-saparición forzada–, en la captura de Fernández de Cevallos y su privación de la libertad cabe presumir la acción de alguna modalidad de delincuencia organizada y, por ese solo hecho, el ejercicio de procuración de justicia tendría que ser irrenunciable.


Si el plagio del ex candidato presidencial constituyó un retrato inequívoco y brutal de la orfandad que padece el conjunto de la población en materia de seguridad –qué puede esperar un ciudadano de a pie, si un personaje influyente del calibre del litigante panista es víctima de un secuestro–, la determinación del gobierno federal de suspender la procuración de justicia es indicativa de una claudicación que hace aparecer como meramente declarativo el alegado compromiso de la actual administración con la vigencia de las leyes, y que ahonda la zozobra generalizada y el vacío de poder.

Dinero
El reformón financiero de Wall Street
Enrique Galván Ochoa
La Jornada, 24 mayo 2010.


¿Qué se ha hecho en México para prevenir otro desastre financiero como el que se desencadenó en los primeros días del gobierno de Ernesto Zedillo? Millones de mexicanos perdieron casas, departamentos, automóviles, ranchos, negocios. Prácticamente nada, excepto activar el Fobaproa –hoy conocido como IPAB–, que pidió dinero prestado a los bancos… ¡para salvar a los propios bancos! Y luego entregarlos a banqueros del extranjero. En un encuentro en Davos, Zedillo admitió que el costo del Fobaproa resultó mayor que el del Fobaproa americano. Los resultados son terribles: se dejaron de construir escuelas, hospitales, caminos, universidades y, para tapar el agujero fiscal, fue necesario aumentar los impuestos y la creación de nuevos, incluyendo los asociados a los gasolinazos. El sector financiero ha sido generoso con los políticos que lo sirvieron: Zedillo hoy día forma parte del consejo de Citibank, en 2000 apoyó a Vicente Fox para que se trepara a la Presidencia con la bandera del cambio, que resultó un engaño, y en la elección de 2006 patrocinó la campaña contra López Obrador. ¿Hay una legislación que prevenga específicamente que ocurra otra tragedia financiera en México? Cuesta trabajo decirlo, no la hay. Lo único que ganaron los clientes de los bancos es una protección que otorga el IPAB a sus depósitos vinculada a las udis.


Evitar el contagio


El pasado fin de semana, el Senado de Estados Unidos avaló una reforma financiera de largo alcance propuesta por el presidente Obama; ya había sido palomeada en diciembre por la Cámara de Representantes. Tiene una finalidad específica: evitar que ocurra otro desastre como el que se desató a fines de 2007, comparable a la gran depresión. Crea un mecanismo para liquidar a los bancos cuando se vean en problemas de solvencia, aun aquellos que ha sido necesario rescatar porque son muy grandes para quebrar, dado que las consecuencias nocivas serían mayores; instaura un consejo regulatorio para los llamados derivados financieros y una agencia que defenderá a los clientes de los abusos bancarios en materia de tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos para la adquisición de automóviles. Prohibir la especulación con derivados financieros –contratos cuyo valor es derivado de acciones, bonos, préstamos, monedas y commodities, o ligados a eventos como cambios de tasas de interés, incluso al clima– es un tema muy controvertido. Saldrán chispas cuando el proyecto del Senado se coteje con el de la Cámara de Representantes. Sólo les digo que hasta Ben S. Bernanke, presidente de la Reserva Federal, simpatiza con que sigan. Hoy en día hay billones de dólares circulando en el mercado totalmente fuera de control. Es otra bomba de tiempo. En México llevaron al borde de la quiebra a Comercial Mexicana. ¿Y qué hará la clase política mexicana ante el reformón estadunidense? ¿Intentará reproducirlo? Lo más probable es que hará todo lo posible para evitar el contagio.


@Vox Populi


Asunto: ¿Adónde va el dinero?


Somos docentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; hace aproximadamente dos años adquirimos una deuda con COOFIA; cada quincena se nos hace un descuento vía nómina, sin embargo, COOFIA desaparece como empresa y la BUAP nos sigue descontando la misma cantidad. Nuestra duda es la siguiente: ¿es lícito que se nos siga descontando considerando que COOFIA ya no existe?


Grupo de maestros de la BUAP


R: COOFIA, si no recuerdo mal, es una de las cajas de ahorro que defraudaron a sus clientes y los dueños desaparecieron. A mi jucio deberían haberse suspendido los descuentos hasta que se aclarara qué otra entidad se hizo cargo de sus operaciones. Hagan una consulta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.


Asunto: De Vancouver


Estimado Enrique: me enteré con mucho gusto de tu incorporación al noticiario de Carmen Aristegui y trataré de escucharlos cada vez que sea posible, dada la diferencia de horario. Vaya desde aquí una enorme felicitación y sé que si hubiera más periodistas como Carmen la imagen que tenemos de nuestro país sería más real y honesta.


Alberto Rojas/Vancouver, Canadá


R: Allá son dos horas más temprano que en el Distrito Federal, ¿verdad? Te voy a dar un tip: en el portal de MVS puedes escuchar el programa a la hora que te resulte más cómodo, de día y de noche. Muchas gracias.

La regulación financiera le costará cara a Wall Street
Afp
La Jornada, 24 de mayo de 2010, p. 29


Nueva York, 23 de mayo. La reforma de regulación financiera adoptada en el Senado estadunidense, que debe todavía ser sometida a revisión antes de promulgarse, puede costarle cara a los bancos de Wall Street, dado que limita algunas de sus actividades más lucrativas. No es bueno para nosotros, dijo escuetamente un directivo de un importante banco de Wall Street que pidió el anonimato.


Según los analistas de Bank of America-Merrill Lynch, la reforma podría costarle al sector bancario entre 30 y 50 por ciento de sus ganancias de corretajes, lo que se traduciría en una caída de 20 por ciento en el beneficio por acción.


Las posibles restricciones sobre el corretaje a título propio y los productos derivados deberían afectar sobre todo a los banco de inversiones, explicó la agencia Standard and Poor’s (S&P). Estas medidas podrían ocasionar una baja significativa de los ingresos y de los beneficios en los próximos años, continúa. Los bancos podrían incluso verse impedidos de comercializar swaps, productos financieros similares a los seguros.