5 de mayo 2010
Grecia: rescate y riesgos latentes
EDITORIAL
La Jornada, 5 mayo 2010.
Luego de la aprobación, el pasado domingo, de un plan de rescate financiero para Grecia que rondará los 110 mil millones de euros, aportados por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales bolsas de valores europeas sufrieron severas caídas ayer, ante el temor de que la crisis de esa nación mediterránea se extienda a otros países del viejo continente, en particular a España y Portugal. En el hemisferio occidental, estos desplomes se reprodujeron en las bolsas de Nueva York, que acusó su peor caída en tres meses; Brasil, cuyo principal indicador sufrió una baja de 3.48 por ciento, y México, que cerró actividades con una pérdida de 2.17 puntos porcentuales. En tanto, en Atenas, empleados públicos griegos iniciaron un paro de 48 horas que –según afirman– será el preludio de una huelga general en protesta por el plan de austeridad impuesto por el primer ministro Georgios Papandreu, el cual incluye, entre otras medidas, la reducción de salarios de los empleados públicos y su congelamiento por tres años; la disminución en los montos de pensiones y jubilaciones, así como el aumento de 3 por ciento en el IVA.
El colapso financiero que enfrenta actualmente Grecia –cuya deuda externa equivale a 113 por ciento de su producto interno bruto–, así como los crecientes temores de un contagio a otras economías de Europa y del mundo, lleva a recordar la persistencia de los riesgos y las malas prácticas que desembocaron en los descalabros económicos, bursátiles y financieros ocurridos desde finales de 2008.
En efecto, la crisis económica mundial aún en curso, que evidenció los desastrosos resultados del libertinaje de mercado y el descontrol especulativo, habría tenido que derivar en una reforma mundial del capitalismo y en la introducción de elementos de racionalidad y regulación en el sistema financiero internacional. Sin embargo, los gobiernos han sido incapaces hasta ahora de llevar a cabo tales modificaciones y, ante la persistencia de las turbulencias financieras y económicas, se han concentrando en aplicar paliativos, como el multimillonario plan de rescate mencionado. Tales soluciones parciales e insuficientes conllevan una cuota inaceptable de sacrificio para los sectores mayoritarios de la población: baste señalar, como botón de muestra, el caso de nuestro país, donde la aplicación de este tipo de medidas ha traído como consecuencias un grave aumento de la pobreza, una pérdida neta de empleos y una severa caída del poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los sectores mayoritarios.
Por su parte, los grandes capitales financieros se muestran renuentes a abandonar las conductas indebidas que hundieron al mundo en la peor crisis económica en décadas, y se empeñan en salir indemnes de las consecuencias de su propia voracidad, como demuestra la embestida de la banca estadunidense en contra del proyecto de reforma financiera elaborado por el gobierno de Barack Obama.
En la medida en que los paquetes de ayuda económica a naciones en apuros no sean acompañados de una reformulación profunda del modelo económico vigente y de la aplicación de las regulaciones necesarias en materia financiera, dichas acciones seguirán siendo percibidas por la opinión pública internacional como formas de financiar la torpeza, la desmesura y la avaricia de las elites financieras internacionales, y como un castigo por demás injusto para las poblaciones.
En la hora presente, los gobiernos tienen ante sí el desafío de enfrentar inercias y paradigmas que han prevalecido en décadas recientes y de reorientar sus prioridades hacia las personas, no hacia los capitales: esto último es particularmente necesario no sólo por consideraciones éticas y humanitarias, sino también porque de ello depende, en buena medida, la preservación de la estabilidad política, la gobernabilidad y la paz social.
Democracia plebiscitaria
*Lorenzo Córdova Vianello
El Universal, 05 de mayo de 2010
Una de las propuestas que con frecuencia se escuchan para involucrar al ciudadano en el ejercicio del poder político democrático es la de introducir mecanismos de democracia directa como el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato y la iniciativa popular. Sin ánimo de entrar al análisis de cada una de éstas, me parece importante hacer una reflexión de conjunto, ya que en varias de las iniciativas de reforma política se han planteado la introducción de uno o de varios de esos mecanismos.
El primer punto que vale la pena resaltar es que la democracia moderna es, por definición, representativa. Aunque Rousseau, el gran teórico de esta forma de gobierno haya preconizado una expresión directa de la misma, en la realidad concreta, la democracia directa no dejó de ser en la modernidad más que, en el mejor de los casos, un ideal-límite de esta forma de gobierno.
La principal objeción a ese modelo está planteada por la impracticabilidad del ejercicio directo en las realidades nacionales de las modernas sociedades de masas. La imposibilidad de la reunión física de los ciudadanos obligó a pensar e instrumentar mecanismos de representación en donde el papel de los ciudadanos se restringía a la elección de quienes, en su nombre, continuarían con las siguientes fases del juego de decisión democrática.
Sin embargo, al cabo de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de los años 70, varias democracias constitucionales han incorporado mecanismos de democracia directa como una manera para que el pueblo se pronuncie sobre ciertas cuestiones particularmente relevantes, de manera adicional a las periódicas convocatorias a elegir a sus representantes.
La lógica fue la de fortalecer toda forma de participación ciudadana que fuera incluyente en las decisiones políticas como una vía adicional para consolidar y fortalecer la legitimidad del régimen democrático. En todo caso su incorporación respondió a tres premisas básicas: a) se trata de mecanismos accesorios y no sustitutivos de las instituciones de democracia representativa; b) la participación directa del pueblo debe ser esporádica y excepcional y debe restringirse sólo a asuntos de una relevancia particular; y c) no cualquier tema puede ser sometido a la consulta popular, existen asuntos de una extraordinaria complejidad técnica o que suponen múltiples soluciones o alternativas y que, en consecuencia no pueden resolverse entre dos respuestas y que en la gran mayoría de los casos no permiten reflejar ni ponderar soluciones alternativas compuestas y consensuadas.
Y es que el espacio natural para procesar acuerdos, consensos, soluciones meditadas y negociadas es el Congreso, no la plaza. Aquí privan los grandes humores y sensaciones públicas, y normalmente no es el mejor espacio para la mesura y la ponderación.
Los instrumentos de democracia directa pueden ser, si se usan de forma ocasional y con múltiples candados y salvaguardas, útiles complementos de la democracia representativa. En cambio, su abuso y utilización a la ligera pueden acarrear graves peligros para el adecuado funcionamiento de los sistemas democráticos y llegar, incluso, a su vaciamiento.
La esencia misma de la democracia se desprende de la confrontación y discusión de los distintos puntos de vista de manera previa a la decisión. Sin embargo, los instrumentos plebiscitarios no llevan aparejada esa discusión, sino que constituyen, sin más, el sometimiento de ciertos asuntos a la espontánea consulta popular, en un contexto en donde, además, la presencia de los medios electrónicos de comunicación, (de) formadores principales de la opinión pública, frecuentemente termina por convertirse en un peligroso mecanismo de manipulación política (como enseña la experiencia italiana).
Además, la innegable tensión que media entre los instrumentos de democracia directa y los órganos representativos puede terminar por convertirse en un peligroso aliciente para el surgimiento de liderazgos políticos que presumiendo la representación de los “verdaderos” intereses colectivos se arroguen el derecho de invocar reiteradamente al pueblo soberano enfrentándolo a las decisiones que son tomadas por los órganos constituidos, particularmente los congresos y los tribunales, erosionando la lógica misma de la democracia como pasa y ha pasado con frecuencia en el sur de nuestro continente.
*Investigador y Profesor de la UNAM
De vuelta a la oscuridad
**Mauricio Merino
El Universal, 05 de mayo de 2010
La razón principal que motivó la reforma al Artículo 6º de la Constitución en julio del 2007 fue combatir la disparidad de interpretaciones y medios que se oponían al derecho de acceso a la información pública en las entidades federativas —y en la Federación. La reforma quería fijar un piso mínimo de obligaciones y garantías a favor de ese derecho fundamental, a fin de evitar que su cumplimiento quedara sujeto a la discrecionalidad de los funcionarios locales o federales. De ahí que ese cambio haya sido leído, en su momento, como un triunfo indiscutible para la transparencia del poder político en México.
Sin embargo, para cumplirse de veras era indispensable que los legisladores —federales y estatales— modificaran las leyes de transparencia en un plazo máximo de dos años con el propósito de armonizarlas con el nuevo mandato de la Constitución. Pero la mayoría de los representantes del pueblo no cumplieron con esa misión, sino que más bien la defraudaron en nombre de argumentos burocráticos opuestos de plano a la transparencia. Vueltos en contra de la Constitución, de sus principios y de sus fines, buena parte de esos legisladores —que no todos, por fortuna— ha convertido las buenas noticias del 2007 en los desengaños del 2010.
Apenas el lunes pasado, Darío Ramírez daba a conocer en las páginas de este diario el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, construido por las organizaciones Artículo 19 y Fundar (www.checatuley.org), en el que se muestra que 17 de las 33 legislaciones vigentes en la materia contradicen o no cumplen con la Constitución y el resto lo hace de manera incompleta. Ese instrumento “nos confirma —dice el director de Artículo 19— que no toda la población nacional tiene el mismo acceso al derecho de conocer la información pública. Nos vuelve a señalar que hay ciudadanos de primera y de segunda al clarificar que la población de Guerrero o Querétaro tiene menos derechos que la población del DF o Chihuahua, a pesar de que la Constitución garantiza el principio de igualdad”. Y a despecho —añado yo— de que evitar ese despropósito era precisamente el objetivo de la reforma constitucional de 2007.
Pero lo más desalentador es que la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia de la administración pública federal que se votó hace unos días en la Cámara de Senadores no sólo llegó tarde sino que se rindió ante la especie según la cual la transparencia es un engorro para la burocracia. De ser aprobada en sus términos, esa nueva ley le permitiría a los funcionarios negar el acceso a la información cada vez que entregarla les represente un trabajo excesivo. Y el IFAI, por su parte, podría desechar los recursos de revisión cuando los considere ofensivos o frívolos. Dos criterios que, como ha observado ya Irma Eréndira Sandoval, vulneran abiertamente el principio de máxima publicidad establecido en el texto constitucional.
Quienes impusieron esa interpretación a la iniciativa aprobada por el Senado no sólo siguen viendo a la información pública como patrimonio propio, sino que siguen pensando que solamente ha de producirse —como si se tratara de una fábrica de papeles— sobre pedido. Pero se equivocan de palmo a palmo: la información no se produce cuando se pide, sino que debe estar en los documentos que se generan todos los días en la administración pública, como prueba de la forma en que se están usando los dineros y las atribuciones otorgadas a los burócratas y que deben depositarse en los archivos de todas las dependencias.
Es verdad que todos los derechos tienen sus límites. Pero en este caso, la frontera del derecho a la información no tendría que estar, ni remotamente, en prohibir el “esfuerzo extremo” de los burócratas por cumplir su obligación de documentar lo que hacen, ni en decretar que el ejercicio de un derecho fundamental pueda ser declarado frívolo u ofensivo a juicio de una autoridad superior (como si caminar de una determinada manera o escribir de cierta forma pudiera ser prohibido cuando a una autoridad le parezca frívolo). Y no veo cómo se puede ofender a los funcionarios, pidiéndoles la información que ellos mismos producen. De modo que el único límite aceptable podría ser, acaso, el haber entregado toda la información disponible y demostrarlo de manera fehaciente. Ningún otro argumento cabría en esa ley, sino como una contradicción a los principios constitucionales que debe reglamentar.
Pero hay que volver a dar la batalla, pues todos los datos nos dicen que estamos de vuelta a la oscuridad. Como muchas otras cosas que han sucedido en este sexenio, en ésta también hay que volver a empezar.
**Profesor investigador del CIDE
EDITORIAL
La Jornada, 5 mayo 2010.
Luego de la aprobación, el pasado domingo, de un plan de rescate financiero para Grecia que rondará los 110 mil millones de euros, aportados por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales bolsas de valores europeas sufrieron severas caídas ayer, ante el temor de que la crisis de esa nación mediterránea se extienda a otros países del viejo continente, en particular a España y Portugal. En el hemisferio occidental, estos desplomes se reprodujeron en las bolsas de Nueva York, que acusó su peor caída en tres meses; Brasil, cuyo principal indicador sufrió una baja de 3.48 por ciento, y México, que cerró actividades con una pérdida de 2.17 puntos porcentuales. En tanto, en Atenas, empleados públicos griegos iniciaron un paro de 48 horas que –según afirman– será el preludio de una huelga general en protesta por el plan de austeridad impuesto por el primer ministro Georgios Papandreu, el cual incluye, entre otras medidas, la reducción de salarios de los empleados públicos y su congelamiento por tres años; la disminución en los montos de pensiones y jubilaciones, así como el aumento de 3 por ciento en el IVA.
El colapso financiero que enfrenta actualmente Grecia –cuya deuda externa equivale a 113 por ciento de su producto interno bruto–, así como los crecientes temores de un contagio a otras economías de Europa y del mundo, lleva a recordar la persistencia de los riesgos y las malas prácticas que desembocaron en los descalabros económicos, bursátiles y financieros ocurridos desde finales de 2008.
En efecto, la crisis económica mundial aún en curso, que evidenció los desastrosos resultados del libertinaje de mercado y el descontrol especulativo, habría tenido que derivar en una reforma mundial del capitalismo y en la introducción de elementos de racionalidad y regulación en el sistema financiero internacional. Sin embargo, los gobiernos han sido incapaces hasta ahora de llevar a cabo tales modificaciones y, ante la persistencia de las turbulencias financieras y económicas, se han concentrando en aplicar paliativos, como el multimillonario plan de rescate mencionado. Tales soluciones parciales e insuficientes conllevan una cuota inaceptable de sacrificio para los sectores mayoritarios de la población: baste señalar, como botón de muestra, el caso de nuestro país, donde la aplicación de este tipo de medidas ha traído como consecuencias un grave aumento de la pobreza, una pérdida neta de empleos y una severa caída del poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los sectores mayoritarios.
Por su parte, los grandes capitales financieros se muestran renuentes a abandonar las conductas indebidas que hundieron al mundo en la peor crisis económica en décadas, y se empeñan en salir indemnes de las consecuencias de su propia voracidad, como demuestra la embestida de la banca estadunidense en contra del proyecto de reforma financiera elaborado por el gobierno de Barack Obama.
En la medida en que los paquetes de ayuda económica a naciones en apuros no sean acompañados de una reformulación profunda del modelo económico vigente y de la aplicación de las regulaciones necesarias en materia financiera, dichas acciones seguirán siendo percibidas por la opinión pública internacional como formas de financiar la torpeza, la desmesura y la avaricia de las elites financieras internacionales, y como un castigo por demás injusto para las poblaciones.
En la hora presente, los gobiernos tienen ante sí el desafío de enfrentar inercias y paradigmas que han prevalecido en décadas recientes y de reorientar sus prioridades hacia las personas, no hacia los capitales: esto último es particularmente necesario no sólo por consideraciones éticas y humanitarias, sino también porque de ello depende, en buena medida, la preservación de la estabilidad política, la gobernabilidad y la paz social.
Democracia plebiscitaria
*Lorenzo Córdova Vianello
El Universal, 05 de mayo de 2010
Una de las propuestas que con frecuencia se escuchan para involucrar al ciudadano en el ejercicio del poder político democrático es la de introducir mecanismos de democracia directa como el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato y la iniciativa popular. Sin ánimo de entrar al análisis de cada una de éstas, me parece importante hacer una reflexión de conjunto, ya que en varias de las iniciativas de reforma política se han planteado la introducción de uno o de varios de esos mecanismos.
El primer punto que vale la pena resaltar es que la democracia moderna es, por definición, representativa. Aunque Rousseau, el gran teórico de esta forma de gobierno haya preconizado una expresión directa de la misma, en la realidad concreta, la democracia directa no dejó de ser en la modernidad más que, en el mejor de los casos, un ideal-límite de esta forma de gobierno.
La principal objeción a ese modelo está planteada por la impracticabilidad del ejercicio directo en las realidades nacionales de las modernas sociedades de masas. La imposibilidad de la reunión física de los ciudadanos obligó a pensar e instrumentar mecanismos de representación en donde el papel de los ciudadanos se restringía a la elección de quienes, en su nombre, continuarían con las siguientes fases del juego de decisión democrática.
Sin embargo, al cabo de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de los años 70, varias democracias constitucionales han incorporado mecanismos de democracia directa como una manera para que el pueblo se pronuncie sobre ciertas cuestiones particularmente relevantes, de manera adicional a las periódicas convocatorias a elegir a sus representantes.
La lógica fue la de fortalecer toda forma de participación ciudadana que fuera incluyente en las decisiones políticas como una vía adicional para consolidar y fortalecer la legitimidad del régimen democrático. En todo caso su incorporación respondió a tres premisas básicas: a) se trata de mecanismos accesorios y no sustitutivos de las instituciones de democracia representativa; b) la participación directa del pueblo debe ser esporádica y excepcional y debe restringirse sólo a asuntos de una relevancia particular; y c) no cualquier tema puede ser sometido a la consulta popular, existen asuntos de una extraordinaria complejidad técnica o que suponen múltiples soluciones o alternativas y que, en consecuencia no pueden resolverse entre dos respuestas y que en la gran mayoría de los casos no permiten reflejar ni ponderar soluciones alternativas compuestas y consensuadas.
Y es que el espacio natural para procesar acuerdos, consensos, soluciones meditadas y negociadas es el Congreso, no la plaza. Aquí privan los grandes humores y sensaciones públicas, y normalmente no es el mejor espacio para la mesura y la ponderación.
Los instrumentos de democracia directa pueden ser, si se usan de forma ocasional y con múltiples candados y salvaguardas, útiles complementos de la democracia representativa. En cambio, su abuso y utilización a la ligera pueden acarrear graves peligros para el adecuado funcionamiento de los sistemas democráticos y llegar, incluso, a su vaciamiento.
La esencia misma de la democracia se desprende de la confrontación y discusión de los distintos puntos de vista de manera previa a la decisión. Sin embargo, los instrumentos plebiscitarios no llevan aparejada esa discusión, sino que constituyen, sin más, el sometimiento de ciertos asuntos a la espontánea consulta popular, en un contexto en donde, además, la presencia de los medios electrónicos de comunicación, (de) formadores principales de la opinión pública, frecuentemente termina por convertirse en un peligroso mecanismo de manipulación política (como enseña la experiencia italiana).
Además, la innegable tensión que media entre los instrumentos de democracia directa y los órganos representativos puede terminar por convertirse en un peligroso aliciente para el surgimiento de liderazgos políticos que presumiendo la representación de los “verdaderos” intereses colectivos se arroguen el derecho de invocar reiteradamente al pueblo soberano enfrentándolo a las decisiones que son tomadas por los órganos constituidos, particularmente los congresos y los tribunales, erosionando la lógica misma de la democracia como pasa y ha pasado con frecuencia en el sur de nuestro continente.
*Investigador y Profesor de la UNAM
De vuelta a la oscuridad
**Mauricio Merino
El Universal, 05 de mayo de 2010
La razón principal que motivó la reforma al Artículo 6º de la Constitución en julio del 2007 fue combatir la disparidad de interpretaciones y medios que se oponían al derecho de acceso a la información pública en las entidades federativas —y en la Federación. La reforma quería fijar un piso mínimo de obligaciones y garantías a favor de ese derecho fundamental, a fin de evitar que su cumplimiento quedara sujeto a la discrecionalidad de los funcionarios locales o federales. De ahí que ese cambio haya sido leído, en su momento, como un triunfo indiscutible para la transparencia del poder político en México.
Sin embargo, para cumplirse de veras era indispensable que los legisladores —federales y estatales— modificaran las leyes de transparencia en un plazo máximo de dos años con el propósito de armonizarlas con el nuevo mandato de la Constitución. Pero la mayoría de los representantes del pueblo no cumplieron con esa misión, sino que más bien la defraudaron en nombre de argumentos burocráticos opuestos de plano a la transparencia. Vueltos en contra de la Constitución, de sus principios y de sus fines, buena parte de esos legisladores —que no todos, por fortuna— ha convertido las buenas noticias del 2007 en los desengaños del 2010.
Apenas el lunes pasado, Darío Ramírez daba a conocer en las páginas de este diario el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, construido por las organizaciones Artículo 19 y Fundar (www.checatuley.org), en el que se muestra que 17 de las 33 legislaciones vigentes en la materia contradicen o no cumplen con la Constitución y el resto lo hace de manera incompleta. Ese instrumento “nos confirma —dice el director de Artículo 19— que no toda la población nacional tiene el mismo acceso al derecho de conocer la información pública. Nos vuelve a señalar que hay ciudadanos de primera y de segunda al clarificar que la población de Guerrero o Querétaro tiene menos derechos que la población del DF o Chihuahua, a pesar de que la Constitución garantiza el principio de igualdad”. Y a despecho —añado yo— de que evitar ese despropósito era precisamente el objetivo de la reforma constitucional de 2007.
Pero lo más desalentador es que la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia de la administración pública federal que se votó hace unos días en la Cámara de Senadores no sólo llegó tarde sino que se rindió ante la especie según la cual la transparencia es un engorro para la burocracia. De ser aprobada en sus términos, esa nueva ley le permitiría a los funcionarios negar el acceso a la información cada vez que entregarla les represente un trabajo excesivo. Y el IFAI, por su parte, podría desechar los recursos de revisión cuando los considere ofensivos o frívolos. Dos criterios que, como ha observado ya Irma Eréndira Sandoval, vulneran abiertamente el principio de máxima publicidad establecido en el texto constitucional.
Quienes impusieron esa interpretación a la iniciativa aprobada por el Senado no sólo siguen viendo a la información pública como patrimonio propio, sino que siguen pensando que solamente ha de producirse —como si se tratara de una fábrica de papeles— sobre pedido. Pero se equivocan de palmo a palmo: la información no se produce cuando se pide, sino que debe estar en los documentos que se generan todos los días en la administración pública, como prueba de la forma en que se están usando los dineros y las atribuciones otorgadas a los burócratas y que deben depositarse en los archivos de todas las dependencias.
Es verdad que todos los derechos tienen sus límites. Pero en este caso, la frontera del derecho a la información no tendría que estar, ni remotamente, en prohibir el “esfuerzo extremo” de los burócratas por cumplir su obligación de documentar lo que hacen, ni en decretar que el ejercicio de un derecho fundamental pueda ser declarado frívolo u ofensivo a juicio de una autoridad superior (como si caminar de una determinada manera o escribir de cierta forma pudiera ser prohibido cuando a una autoridad le parezca frívolo). Y no veo cómo se puede ofender a los funcionarios, pidiéndoles la información que ellos mismos producen. De modo que el único límite aceptable podría ser, acaso, el haber entregado toda la información disponible y demostrarlo de manera fehaciente. Ningún otro argumento cabría en esa ley, sino como una contradicción a los principios constitucionales que debe reglamentar.
Pero hay que volver a dar la batalla, pues todos los datos nos dicen que estamos de vuelta a la oscuridad. Como muchas otras cosas que han sucedido en este sexenio, en ésta también hay que volver a empezar.
**Profesor investigador del CIDE
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