29 abril 2010
Editorial de EL UNIVERSAL
Narco: de la queja a la acción
29 de abril de 2010
No es la primera vez que la comunidad universitaria del país exige a las dependencias del gobierno federal, a las Fuerzas Armadas y al presidente Felipe Calderón, que rindan cuentas sobre la manera en que conducen la guerra contra el crimen organizado. La gran diferencia ayer fue que los rectores hicieron ese llamado juntos, con la presencia del primer mandatario, en lo que podría ser un precedente de cohesión entre sociedad y autoridades que, al final, es la única forma de vencer realmente a las mafias.
Ya antes habíamos escuchado a la potente voz de la UNAM alertar sobre la descomposición social que provoca la violencia, la falta de oportunidades y la debilidad de nuestras instituciones. También desde la Universidad de Ciudad Juárez advirtieron sobre la vulnerabilidad de los estudiantes. Sin embargo, la participación del Tecnológico de Monterrey, posterior a los hechos de sangre en que fueron involucrados sus alumnos, dio mayor impulso al sentimiento y a la reflexión crítica a propósito de la política de seguridad del Estado mexicano. No puede perderse de vista el número de planteles que forman parte de esta institución y la diversidad geográfica de su comunidad universitaria, así como la vinculación del ITESM con los poderes económicos más importantes del noreste del país.
Una convergencia entre la UNAM, el ITESM y muchas otras universidades alrededor de una visión propositiva, y al mismo tiempo enérgica, podría significar la base para un futuro movimiento social más amplio, que incluya no sólo a las instituciones sino a sus académicos y estudiantes.
La mayoría silenciosa que hasta ahora se mantiene dolorida pero expectante frente los insatisfactorios resultados de las autoridades, tendría que ver este esfuerzo como un ejemplo a seguir, abandonar su mutismo para colocarse del lado de las fuerzas activas.
Los destructores del país apuestan por la inmovilidad de sus víctimas. Revertir esa tendencia pasiva es la única forma de vencerlos, como pasó en Italia y en Colombia cuando las sociedades de aquellos países se comprometieron a transformar el país desde sus propias trincheras, en vez de esperar a que algún salvador lo hiciera por ellos.
Queda esperar únicamente que ante estas expresiones y movimientos ciudadanos el gobierno federal sepa reaccionar, asumiendo que en la sociedad activa tiene un aliado y no un desleal enemigo.
Editorial La Jornada
Teresa y Alberta: liberaciones y lo que falta
La Jornada, 29 abril 2010.
Por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación inmediata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas otomíes apresadas el 5 de agosto de 2006 y condenadas a 21 años de prisión, luego de que la Procuraduría General de la República las acusó de haber secuestrado –junto con Jacinta Francisco Marcial, excarcelada en septiembre pasado– a seis efectivos de la extinta Agencia Federal de Investigación en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Alcántara Juan y González Cornelio fueron puestas en libertad ayer mismo.
La resolución emitida por la Corte resulta positiva y saludable por cuanto rectifica un atropello cometido por el Estado mexicano en contra de dos mujeres indígenas y pobres, y porque, en alguna medida, reivindica al máximo órgano de justicia del país, inmerso en una desconfianza generalizada a consecuencia de un historial de fallos impresentables y vergonzosos: la exculpación del gobernador de Puebla, Mario Marín –pese a su participación inocultable en una conjura contra la periodista Lydia Cacho–; la liberación de involucrados en la masacre de Acteal; la aprobación del sistema vigente de pensiones del ISSSTE –que implicó regalar a las instituciones bancarias un negocio millonario con el dinero de los trabajadores del Estado–, entre otros hechos que colocaron al máximo tribunal, a ojos de la opinión pública, como instancia al servicio de los intereses del grupo político-empresarial que detenta el poder en el país.
La contundencia del fallo emitido ayer por la SCJN es indicativa del calado de la injusticia que padecieron las indígenas otomíes desde agosto de 2006: al carácter absurdo e inverosímil de la acusaciones que se fincaron en su contra, y que prosperaron a contrapelo de las evidencias disponibles y de la lógica más elemental, deben sumarse las graves irregularidades procesales que ambas padecieron, como la ausencia de un traductor durante sus declaraciones ministeriales, la fabricación de testimonios y el empleo de pruebas ilícitas por la PGR, así como las constantes contradicciones en que incurrieron los agentes supuestamente secuestrados.
El empecinamiento de las autoridades federales en mantenerlas durante todo este tiempo en prisión –una circunstancia que podría ser equiparada a un secuestro de Estado– refleja, por lo demás, un extravío exasperante de los aparatos de procuración e impartición de justicia en el país, instituciones que tienen bajo su responsabilidad la salvaguarda del estado de derecho y en las que, sin embargo, se han vuelto prácticas comunes el abuso del poder, el empleo faccioso y arbitrario de las leyes, la corrupción, la discriminación, la impunidad y la violación de las garantías individuales.
Ante los elementos de juicio mencionados, la liberación de Teresa y Alberta no debiera ser vista por la sociedad civil –ni mucho menos por las autoridades– como el desenlace de este episodio inaceptable: es necesario que, en un espíritu de esclarecimiento y de combate a la impunidad, el gobierno federal emprenda acciones orientadas a reparar el daño causado a las mujeres indígenas y sus familias, así como las pesquisas correspondientes en contra de los malos funcionarios de la PGR que integraron un proceso a todas luces irregular. Del mismo modo, resulta obligado que las instancias correspondientes investiguen a los integrantes del Poder Judicial que no pudieron o no quisieron ver en su momento la manifiesta inocencia de las indígenas otomíes y que decidieron condenarlas a prisión. El deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones legales son imprescindibles, porque atropellos como el sufrido por las indígenas queretanas no deben repetirse.
Astillero
Correcciones y cinismo. ¿Castigo a autoridades? FC: halcones buenos. Terror marca Ulises
Julio Hernández López
El sistema propone como paradigma de esperanza justiciera la corrección tardía y partidizada de una tropelía tan evidente y sostenida que habrá de quedar en anécdota cínica del desastre institucional si no es acompañada de castigo ejemplar a los policías, agentes del Ministerio Público, procuradores, jueces y demás autoridades que hubiesen participado en la farsa jurídica montada contra Alberta Alcántara y Teresa González, las mujeres de Santiago Mexquititlán que junto con Jacinta Francisco Marcial fueron condenadas a 21 años de prisión por el presunto secuestro de indefensos agentes federales en una fabulación de las que hoy mismo está lleno el país sin que alcancen las augustas preocupaciones de la Suprema Corte a remediar y menos a sancionar.
Y la justicia se hizo, pregona el viejo, corrupto y manipulado aparato de justicia que en sus cúpulas togadas acabó resolviendo en el sentido buscado con previo sentido de oportunidad por los constructores del PRI de 2012, el gobernador priísta del Querétaro devastado por la anterior administración blanquiazul, José Calzada, y el coordinador de los senadores del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, quienes un mes atrás se habían presentado entre promovido alboroto mediático a la cárcel para entrevistarse con las mujeres bárbaramente sentenciadas.
De visita en Monterrey, Felipe Calderón no pudo escaparse de los reproches y críticas, a pesar de que habilitó encuentros con líderes en buena parte suavizados y que se mantuvo en ambientes políticos de temperatura controlada. Aceptó el beligerante panista que su estrategia de lucha contra el narcotráfico puede tener errores susceptibles de corrección, pero siempre y cuando se entienda y asuma que los combates han de seguir y las consecuencias y daños colaterales continuarán. Felipe bajo acoso civil al que no quedó sino el recurso de la demagogia de las correcciones institucionales a destiempo y bajo sospecha: el asesinato de dos jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey está siendo rigurosamente investigado por las autoridades competentes, y en este caso por la PGR y, como nos comprometimos, los resultados serán dados a conocer a la sociedad una vez que terminen las investigaciones y sancionados, si fuera el caso, quienes resulten responsables.
Vaya celeridad justiciera: los crímenes se cometieron la madrugada del 19 de marzo y a pesar de los abundantes indicios de responsabilidades militares, el presuroso comandante en jefe no puede dar a conocer un solo dato nuevo y firme que apunte a cierta posibilidad de esclarecimiento y castigo. ¡Ah, también dijo el lic. Felipe que se deben investigar los nexos entre narcotraficantes y políticos y, de ser encontradas algunas evidencias, aplicar la ley con toda fuerza, caiga sido quien caiga sido! Luego se aventó la puntada de proponer a los ciudadanos que funjan como halcones del bien, denunciando a delincuentes, en sentido inverso a los informantes de los cárteles a quienes suele llamárseles con el nombre del ave rapaz diurna ahora invocada por el promotor de la mano dura en el país, el halcón (pero bueno) de Los Pinos.
En Oaxaca, mientras tanto, el arranque de las campañas electorales se tensa con el episodio de múltiples lecturas acontecido en San Juan Copala, donde una caravana civil de observadores fue atacada por un grupo presumiblemente asociado al PRI y al gobernador Ulises Ruiz que se ha especializado en el uso de la sangre para proyectos políticos de sobrevivencia grupal. Aun cuando de entrada arroja en su contra los reflectores nacionales e internacionales, el nuevo asomo de violencia política mortal ayudará al ulisismo en peligro comicial a restablecer el clima de amenaza parapoliciaca que utilizó contra la APPO a partir de 2006, con escuadrones de la muerte que selectivamente fueron sembrando el terror que ahora necesita el PRI para imponer entre abstencionismo y mapachería armada al guardaespaldas Eviel Pérez Magaña. La muerte de cuando menos dos personas, y los heridos y desaparecidos, constituyen un mensaje renovado del PRI-gobierno oaxaqueño de que todo puede suceder contra quienes se opongan a las líneas trazadas desde el poder, no sólo en materia de conflictos regionales sino, sobre todo, en el terreno electoral en el que Gabino Cué ha ido ganando terreno en la misma proporción en que el gobernador represivo aprieta el puño rojo.
Astillas
Alegremente, funcionarios y comisionistas presentaban ayer a inversionistas privados el pastel de los negocios que ahora se pueden hacer sin la presencia incómoda del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando un grupo de trabajadores, con Martín Esparza al frente, se presentaron en la Torre Mayor de la Ciudad de México para denunciar esa virtual subasta de bienes públicos. En el Zócalo, mientras tanto, ya eran 36 los huelguistas de hambre... ¿Y el caso de la niña Paulette? Igual que en otros expedientes de injusticias y manipulaciones evidentes: convenientemente adormilado el proceso, entre diligencias interminables y rumores adecuadamente filtrados (el más reciente: que la conclusión científica es que siempre sí fue accidental la muerte: colchón asesino). Ayer, las nanas y la madre debieron acudir a otra reconstrucción de hechos, mientras la copetocracia es mediáticamente perdonada (el escándalo que harían las televisoras si el asunto hubiese sido tratado por el gobierno capitalino la décima parte de mal que lo ha hecho la dupla Bazbaz-PeñaPeña)... Muy chistosito el comisario de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, al comentar que el cambio climático eliminará el problema que para Washington ha significado Cuba... Discursos van y vienen, pero en Ciudad Juárez continúan las ejecuciones, sobre todo de jóvenes... Y, mientras Amnistía Internacional confirma que México es candil de Arizona y oscuridad con los migrantes que pasan por la casa rumbo a Estados Unidos, ¡hasta mañana, con los asaltantes que pignoraron rehenes por patrulla!
Narco: de la queja a la acción
29 de abril de 2010
No es la primera vez que la comunidad universitaria del país exige a las dependencias del gobierno federal, a las Fuerzas Armadas y al presidente Felipe Calderón, que rindan cuentas sobre la manera en que conducen la guerra contra el crimen organizado. La gran diferencia ayer fue que los rectores hicieron ese llamado juntos, con la presencia del primer mandatario, en lo que podría ser un precedente de cohesión entre sociedad y autoridades que, al final, es la única forma de vencer realmente a las mafias.
Ya antes habíamos escuchado a la potente voz de la UNAM alertar sobre la descomposición social que provoca la violencia, la falta de oportunidades y la debilidad de nuestras instituciones. También desde la Universidad de Ciudad Juárez advirtieron sobre la vulnerabilidad de los estudiantes. Sin embargo, la participación del Tecnológico de Monterrey, posterior a los hechos de sangre en que fueron involucrados sus alumnos, dio mayor impulso al sentimiento y a la reflexión crítica a propósito de la política de seguridad del Estado mexicano. No puede perderse de vista el número de planteles que forman parte de esta institución y la diversidad geográfica de su comunidad universitaria, así como la vinculación del ITESM con los poderes económicos más importantes del noreste del país.
Una convergencia entre la UNAM, el ITESM y muchas otras universidades alrededor de una visión propositiva, y al mismo tiempo enérgica, podría significar la base para un futuro movimiento social más amplio, que incluya no sólo a las instituciones sino a sus académicos y estudiantes.
La mayoría silenciosa que hasta ahora se mantiene dolorida pero expectante frente los insatisfactorios resultados de las autoridades, tendría que ver este esfuerzo como un ejemplo a seguir, abandonar su mutismo para colocarse del lado de las fuerzas activas.
Los destructores del país apuestan por la inmovilidad de sus víctimas. Revertir esa tendencia pasiva es la única forma de vencerlos, como pasó en Italia y en Colombia cuando las sociedades de aquellos países se comprometieron a transformar el país desde sus propias trincheras, en vez de esperar a que algún salvador lo hiciera por ellos.
Queda esperar únicamente que ante estas expresiones y movimientos ciudadanos el gobierno federal sepa reaccionar, asumiendo que en la sociedad activa tiene un aliado y no un desleal enemigo.
Editorial La Jornada
Teresa y Alberta: liberaciones y lo que falta
La Jornada, 29 abril 2010.
Por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación inmediata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas otomíes apresadas el 5 de agosto de 2006 y condenadas a 21 años de prisión, luego de que la Procuraduría General de la República las acusó de haber secuestrado –junto con Jacinta Francisco Marcial, excarcelada en septiembre pasado– a seis efectivos de la extinta Agencia Federal de Investigación en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Alcántara Juan y González Cornelio fueron puestas en libertad ayer mismo.
La resolución emitida por la Corte resulta positiva y saludable por cuanto rectifica un atropello cometido por el Estado mexicano en contra de dos mujeres indígenas y pobres, y porque, en alguna medida, reivindica al máximo órgano de justicia del país, inmerso en una desconfianza generalizada a consecuencia de un historial de fallos impresentables y vergonzosos: la exculpación del gobernador de Puebla, Mario Marín –pese a su participación inocultable en una conjura contra la periodista Lydia Cacho–; la liberación de involucrados en la masacre de Acteal; la aprobación del sistema vigente de pensiones del ISSSTE –que implicó regalar a las instituciones bancarias un negocio millonario con el dinero de los trabajadores del Estado–, entre otros hechos que colocaron al máximo tribunal, a ojos de la opinión pública, como instancia al servicio de los intereses del grupo político-empresarial que detenta el poder en el país.
La contundencia del fallo emitido ayer por la SCJN es indicativa del calado de la injusticia que padecieron las indígenas otomíes desde agosto de 2006: al carácter absurdo e inverosímil de la acusaciones que se fincaron en su contra, y que prosperaron a contrapelo de las evidencias disponibles y de la lógica más elemental, deben sumarse las graves irregularidades procesales que ambas padecieron, como la ausencia de un traductor durante sus declaraciones ministeriales, la fabricación de testimonios y el empleo de pruebas ilícitas por la PGR, así como las constantes contradicciones en que incurrieron los agentes supuestamente secuestrados.
El empecinamiento de las autoridades federales en mantenerlas durante todo este tiempo en prisión –una circunstancia que podría ser equiparada a un secuestro de Estado– refleja, por lo demás, un extravío exasperante de los aparatos de procuración e impartición de justicia en el país, instituciones que tienen bajo su responsabilidad la salvaguarda del estado de derecho y en las que, sin embargo, se han vuelto prácticas comunes el abuso del poder, el empleo faccioso y arbitrario de las leyes, la corrupción, la discriminación, la impunidad y la violación de las garantías individuales.
Ante los elementos de juicio mencionados, la liberación de Teresa y Alberta no debiera ser vista por la sociedad civil –ni mucho menos por las autoridades– como el desenlace de este episodio inaceptable: es necesario que, en un espíritu de esclarecimiento y de combate a la impunidad, el gobierno federal emprenda acciones orientadas a reparar el daño causado a las mujeres indígenas y sus familias, así como las pesquisas correspondientes en contra de los malos funcionarios de la PGR que integraron un proceso a todas luces irregular. Del mismo modo, resulta obligado que las instancias correspondientes investiguen a los integrantes del Poder Judicial que no pudieron o no quisieron ver en su momento la manifiesta inocencia de las indígenas otomíes y que decidieron condenarlas a prisión. El deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones legales son imprescindibles, porque atropellos como el sufrido por las indígenas queretanas no deben repetirse.
Astillero
Correcciones y cinismo. ¿Castigo a autoridades? FC: halcones buenos. Terror marca Ulises
Julio Hernández López
El sistema propone como paradigma de esperanza justiciera la corrección tardía y partidizada de una tropelía tan evidente y sostenida que habrá de quedar en anécdota cínica del desastre institucional si no es acompañada de castigo ejemplar a los policías, agentes del Ministerio Público, procuradores, jueces y demás autoridades que hubiesen participado en la farsa jurídica montada contra Alberta Alcántara y Teresa González, las mujeres de Santiago Mexquititlán que junto con Jacinta Francisco Marcial fueron condenadas a 21 años de prisión por el presunto secuestro de indefensos agentes federales en una fabulación de las que hoy mismo está lleno el país sin que alcancen las augustas preocupaciones de la Suprema Corte a remediar y menos a sancionar.
Y la justicia se hizo, pregona el viejo, corrupto y manipulado aparato de justicia que en sus cúpulas togadas acabó resolviendo en el sentido buscado con previo sentido de oportunidad por los constructores del PRI de 2012, el gobernador priísta del Querétaro devastado por la anterior administración blanquiazul, José Calzada, y el coordinador de los senadores del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, quienes un mes atrás se habían presentado entre promovido alboroto mediático a la cárcel para entrevistarse con las mujeres bárbaramente sentenciadas.
De visita en Monterrey, Felipe Calderón no pudo escaparse de los reproches y críticas, a pesar de que habilitó encuentros con líderes en buena parte suavizados y que se mantuvo en ambientes políticos de temperatura controlada. Aceptó el beligerante panista que su estrategia de lucha contra el narcotráfico puede tener errores susceptibles de corrección, pero siempre y cuando se entienda y asuma que los combates han de seguir y las consecuencias y daños colaterales continuarán. Felipe bajo acoso civil al que no quedó sino el recurso de la demagogia de las correcciones institucionales a destiempo y bajo sospecha: el asesinato de dos jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey está siendo rigurosamente investigado por las autoridades competentes, y en este caso por la PGR y, como nos comprometimos, los resultados serán dados a conocer a la sociedad una vez que terminen las investigaciones y sancionados, si fuera el caso, quienes resulten responsables.
Vaya celeridad justiciera: los crímenes se cometieron la madrugada del 19 de marzo y a pesar de los abundantes indicios de responsabilidades militares, el presuroso comandante en jefe no puede dar a conocer un solo dato nuevo y firme que apunte a cierta posibilidad de esclarecimiento y castigo. ¡Ah, también dijo el lic. Felipe que se deben investigar los nexos entre narcotraficantes y políticos y, de ser encontradas algunas evidencias, aplicar la ley con toda fuerza, caiga sido quien caiga sido! Luego se aventó la puntada de proponer a los ciudadanos que funjan como halcones del bien, denunciando a delincuentes, en sentido inverso a los informantes de los cárteles a quienes suele llamárseles con el nombre del ave rapaz diurna ahora invocada por el promotor de la mano dura en el país, el halcón (pero bueno) de Los Pinos.
En Oaxaca, mientras tanto, el arranque de las campañas electorales se tensa con el episodio de múltiples lecturas acontecido en San Juan Copala, donde una caravana civil de observadores fue atacada por un grupo presumiblemente asociado al PRI y al gobernador Ulises Ruiz que se ha especializado en el uso de la sangre para proyectos políticos de sobrevivencia grupal. Aun cuando de entrada arroja en su contra los reflectores nacionales e internacionales, el nuevo asomo de violencia política mortal ayudará al ulisismo en peligro comicial a restablecer el clima de amenaza parapoliciaca que utilizó contra la APPO a partir de 2006, con escuadrones de la muerte que selectivamente fueron sembrando el terror que ahora necesita el PRI para imponer entre abstencionismo y mapachería armada al guardaespaldas Eviel Pérez Magaña. La muerte de cuando menos dos personas, y los heridos y desaparecidos, constituyen un mensaje renovado del PRI-gobierno oaxaqueño de que todo puede suceder contra quienes se opongan a las líneas trazadas desde el poder, no sólo en materia de conflictos regionales sino, sobre todo, en el terreno electoral en el que Gabino Cué ha ido ganando terreno en la misma proporción en que el gobernador represivo aprieta el puño rojo.
Astillas
Alegremente, funcionarios y comisionistas presentaban ayer a inversionistas privados el pastel de los negocios que ahora se pueden hacer sin la presencia incómoda del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando un grupo de trabajadores, con Martín Esparza al frente, se presentaron en la Torre Mayor de la Ciudad de México para denunciar esa virtual subasta de bienes públicos. En el Zócalo, mientras tanto, ya eran 36 los huelguistas de hambre... ¿Y el caso de la niña Paulette? Igual que en otros expedientes de injusticias y manipulaciones evidentes: convenientemente adormilado el proceso, entre diligencias interminables y rumores adecuadamente filtrados (el más reciente: que la conclusión científica es que siempre sí fue accidental la muerte: colchón asesino). Ayer, las nanas y la madre debieron acudir a otra reconstrucción de hechos, mientras la copetocracia es mediáticamente perdonada (el escándalo que harían las televisoras si el asunto hubiese sido tratado por el gobierno capitalino la décima parte de mal que lo ha hecho la dupla Bazbaz-PeñaPeña)... Muy chistosito el comisario de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, al comentar que el cambio climático eliminará el problema que para Washington ha significado Cuba... Discursos van y vienen, pero en Ciudad Juárez continúan las ejecuciones, sobre todo de jóvenes... Y, mientras Amnistía Internacional confirma que México es candil de Arizona y oscuridad con los migrantes que pasan por la casa rumbo a Estados Unidos, ¡hasta mañana, con los asaltantes que pignoraron rehenes por patrulla!
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