OPINIÓN

8 de junio 2010

Astillero
Calderón Hirviente SA. Desalojos neoporfiristas. Iniciativa Grupo México. UNAM y futurismo
Julio Hernández López
La Jornada, 8 junio 2010.

Al más depurado estilo de la casa, la compañía especializada en desalojos, Calderón Hirviente SA de CV, procedió ayer a dar temprano cumplimiento a las solicitudes de servicio presentadas por uno de sus principales clientes, el Grupo México, representado por Su Excelencia, el distinguido empresario Germán Larrea Mota, que así podrá recuperar el control de dos de sus múltiples propiedades mineras, las de Cananea y Pasta de Conchos. Las faenas de evacuación fueron solícitamente supervisadas e impulsadas por el secretario de trabajos porriles e imprecación social, Javier Lozano, y por las policías tanto federal como estatales, éstas a cargo de los capataces de apellidos Padrés y Moreira, comisionados en las haciendas de Sonora y Coahuila.

Las mineras fiestas neoporfiristas de conmemoraciones históricas a la inversa coincidieron con la presentación en sociedad de Iniciativa México (http://iniciativamexico.org), el muy aplaudido proyecto de unidad nacional, olvido de agravios y vista puesta al frente (sobre todo, en los próximos partidos de la selección de futbol, y en los magníficos anuncios de superación personal y nacional declamados por el nuevo padre de la patria electrónica, Javier Aguirre y Costilla) que Televisa y sus pajes periodísticos, intelectuales y políticos inauguraron ayer para ponerle buena cara al terrible presente. ¡Oh sí: piensa positivo, sé buena onda, construye en lugar de destruir, propón en lugar de criticar, come frutas y verduras y México comenzará a cambiar! (Si la fórmula no funciona en las dos próximas décadas, ya se tendrá oportunidad de inventar nuevas formas de entretenimiento y mediatización que contengan los ánimos sociales explosivos: ¡ponte la verde!).

El muy anunciado golpe contra los mineros de Cananea tensa extraordinariamente las relaciones del gobierno especializado en desahucios con el sindicalismo llamado independiente (que finalmente suele arreglarse bien con los patrones, en una especie de chuchismo proletario) pero, sobre todo, agrega rasgos altamente preocupantes a la faz de por sí tan sombría del calderonismo que pareciera dispuesto a arremeter sin atenuantes contra todo aquello que no esté incluido en su menú de rediseño de México a partir de ideología y hechos identificables con el porfirismo, el franquismo y el santannismo. Luego del significativo golpe contra el SME, la Banda de Los Pinos insiste en el libreto del descontón a oscuras, del emplazamiento provocador de los policías, del manejo faccioso del aparato jurídico laboral, del uso mentiroso de los medios de comunicación y de las falsas zanahorias de la indemnización por encima de los montos normales (¡hasta seis veces más de lo que marca la ley!, anunciaba ayer Lozano), la recontratación ventajosa, nuevas inversiones, mejoría social: ¡Iniciativa Grupo México (por cierto, el jefe Larrea, principal accionista de ese Grupo, dueño de Industrial Minera México, es miembro del consejo de administración de Televisa)!

En las pantallas de televisión (el lugar donde la realidad es reconstruida a conveniencia de los patrones) no había tanto jaleo y enojo. Al contrario, con placidez ejemplar convivían, por ejemplo, los jefes máximos del duopolio dominante, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, virtualmente tomados de la mano para demostrar que sí se puede, que sí se pudo. Como distinguidos testigos de honor asistían el rector de la UNAM, José Narro, acompasado a los aires simuladores de la Iniciativa pensada para dar continuidad y solidez al esquema de explotación e injusticia que más bien debería denunciar el máximo representante de una Casa de Estudios combatida y repelida por la amalgama de intereses allí alegremente conjuntados. Y el precandidato a lo que sea, Juan Ramón de la Fuente, a cuyos afanes de postulación a cualquier cargo ayuda la comparecencia del rector de la UNAM, que así granjea buenas voluntades a futuro electoral del voluntarioso ex secretario de salud durante el zedillismo.

Borbotea el Calderón social mexicano pero Felipe alista maletas (no se habla de los jugadores) para ir a Sudáfrica a participar en la ceremonia inaugural del torneo global de balompié que ayudará al trágico gobierno mexicano a fortalecer la desmemoria popular. Los priístas acusan al viajero (con boleto de regreso) de usar los recursos públicos, en especial el programa Oportunidades, para promover electoralmente al PAN, mientras el licenciado Navalú aprovecha para irse contra los políticos del partido tricolor y empatar judicialmente el marcador. La Red por los Derechos de la Infancia en México asegura que en los cinco años recientes han muerto 900 niños en el marco de la guerra contra el narcotráfico, cien de ellos en lo que va del presente año, y todavía están pendientes los esclarecimientos justicieros de múltiples casos que involucran a niños y jóvenes, pero el balompédico Felipe asegura que el Ejército sigue escrupulosamente los lineamientos que le marca la CNDH en materia de respeto a derechos humanos.

La noche mediática futbolera va cayendo y ésa es buena hora para ocultar, deformar y distraer. Los electricistas en huelga de hambre son presionados por la izquierdista administración de Ebrard para que se hagan a un lado y dejen ver en pantallas gigantes el entretenimiento televisado. Las ejecuciones continúan y se fortalecen las especulaciones turbias sobre el verdadero origen del secuestro del jefe Diego. El caso ABC ha sido evadido por Los Pinos mediante más demagogia y escenografía. Y por el país merodea el fantasma de algo que insiste en llamarse elecciones estatales. Pero hoy, lo importante para muchos, comenzando por el ocupante de Los Pinos, que ha confirmado su visita a Sudáfrica, es el distractor balompié. ¡Goooooool!

Y, mientras llega la caravana de paz a San Juan Copala sin ser agredida, ¡hasta mañana, con el generoso Calderón extendiendo el beneficio de la duda en cuanto a la forma en que fue asesinado un mexicano por agentes estadunidenses fronterizos!

México SA
Cananea y Pasta de Conchos: a garrotazos. Calderón se va tranquilo a Sudáfrica. Fortuna Larrea: mil por ciento de aumento
Carlos Fernández-Vega
La Jornada, 8 junio 2010.

Apurado por dejar resueltas las incomodidades que sufren algunos de sus cuates, antes de iniciar su trascendental viaje a Sudáfrica con fines estrictamente futboleros (un plus de su paso por Los Pinos), Felipe Calderón ordenó el asalto a las minas Cananea y Pasta de Conchos, jugosas concesiones federales otorgadas al inenarrable barón del cobre Germán Larrea, amigo de los amigos y destacado pagador de campañas electorales.

El inquilino de Los Pinos movió rápidamente sus piezas (Gobernación, Policía Federal, el pianista poblano, los gobernadores de Sonora, el arrepentido, y el de Coahuila, el bailador, y sus respectivas policías estatales) para beneficiar a la oligarquía minera y solucionar –a punta de garrotazos– un par de añejos conflictos, en beneficio del zar del cobre, quien no puede desaprovechar la oportunidad que le brinda el mercado internacional, toda vez que el precio de ese metal reporta un modesto incremento de 110 por ciento, lo que sin duda coadyuvará a su ascenso en la famosa lista Forbes de multimillonarios mexicanos (actualmente ocupa, con casi 10 mil millones de dólares, el tercer lugar nacional entre los ricos de los ricos).

Cuatro años han transcurrido desde la tragedia en Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006), en la que 65 mineros murieron. Cuatro largos años y los deudos siguen en espera de justicia, la cual –como siempre en estos casos– se mantiene prófuga. El gobierno federal (el de Fox y el de Calderón) nada hizo a favor de las familias afectadas (los cuerpos de 63 mineros se mantienen bajo toneladas de rocas). Paralelamente, tres largos años con el conflicto de Cananea a cuestas, por el que han pagado miles de mineros y sus familias, cuando en el problema se limita a desacuerdos cupulares (Germán Larrea y Napoleón Gómez Urrutia). Pero como viene el mundial, y al inquilino de Los Pinos se le queman las habas, ordenó la garrotiza como solución (obvio es que favorable al empresario).

Eso sí, por compromisos de hacer respetar la ley el gobierno calderonista no paró. ¿Cómo se estrenó en el pendiente de Pasta de Conchos? Pues bien, el autodenominado secretario del Trabajo, Javier Lozano declaró (19 de febrero de 2007) que “Industrial Minera México (de Germán Larrea y su Grupo México) tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de la mina, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad… no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje, por más importante que sea” (¿se les hace familiar la declaración? Guardería ABC, por ejemplo).

Decía Lozano que a la Secretaría del Trabajo no le corresponde señalar culpables, sino será la Secretaría de la Función Pública la que determine si hubo o no responsabilidad de servidores públicos, así como las procuradurías General de la República y estatal, las que verán la situación tanto de la empresa como de los funcionarios; mientras, la Secretaría de Economía tiene que ver el dictamen que emita el Sistema Geológico Mexicano y lo referente a la concesión del yacimiento. Ninguna de las instituciones citadas por el pianista movió un pelo.

Por su parte, el entonces director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, denunció que Industrial Minera México (de Germán Larrea) no sólo subcontrató a sus trabajadores, sino que registró a los mineros de Pasta de Conchos con salarios menores a los realmente cubiertos, para pagar menos cuotas, en detrimento de las finanzas de la institución, con lo que se configura el fraude contra el Estado. Lo anterior, reconocido ante los integrantes de la comisión legislativa de seguimiento a las investigaciones por la explosión en Pasta de Conchos. Sin embargo, ni una sola denuncia legal en contra del consorcio privado y su práctica fraudulenta.

A su vez, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, por las mismas fechas denunció que desde la Presidencia de la República Vicente Fox Quesada me pidió procesar y enviar a prisión a inocentes por la tragedia en la mina Pasta de Conchos; desde la dirigencia del Partido Acción Nacional me presionan para que no encarcele a los verdaderos responsables de la muerte de los 65 mineros; hubo otras atrocidades, como cuando Fox, en mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral: que inventara delitos a otras personas, que distrajéramos la atención; soy víctima de una serie de presiones de gente del gobierno o del PAN para que no encarcelemos al ex delegado de la Secretaría de Trabajo en Coahuila, Pedro Camarillo Adame. No voy a mover un dedo para que libren el pellejo quienes están involucrados en el asesinato, en la muerte de coahuilenses. Son responsables, hay gente que es responsable y que trabajó en la administración pasada y va a tener que ser encarcelada.

El 17 de enero de 2007, Felipe Calderón mantuvo una entrevista informal con Maribel Rico Montelongo, familiar de uno de los 65 mineros que fallecieron en Pasta de Conchos. Durante la charla, el Ejecutivo federal aseguró que la mina no será cerrada, además que se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura. Dos semanas después, Industrial Minera México despidió a 250 trabajadores para cerrar transitoriamente la mina, y la cristiana sepultura se dejó para tiempos mejores.

Es un rápido paseo por los compromisos que a cuatro años de distancia terminaron en garrotazos y desalojos (tal cual lo hizo Carlos Salinas en 1989 para justificar la privatización de la Compañía Minera de Cananea, ahora Mexicana de Cananea, y su posterior regalo a la familia Larrea). Como siempre, se gobierna con discursos. Nadie presentó denuncias penales; los responsables de Pasta de Conchos se mantienen impunes y el conflicto en Cananea se resolvió en contra de los mineros, por el simple hecho de que el gobierno calderonista, como los de Moreira y el de Bours-Padrés (y antes el de Fox) sólo cuidan los intereses de Germán Larrea. En síntesis, los gobiernos serviles en esta democracia de, por y para los empresarios (Fox dixit). El resto, que se joda.

Y qué bueno, porque, resuelto el problema, Calderón se va tranquilo al Mundial de Sudáfrica, mientras Minera México seguirá pagando (si en realidad lo hace) 5 pesos por hectárea concesionada.

Las rebanadas del pastel

A Germancito Larrea nada mal lo han tratado los gobiernos panistas: en 2001 Forbes le atribuyó una fortuna de mil millones de dólares; para 2009 ya acumulaba casi 10 mil millones, un incremento de mil por ciento en un país en el que la economía crece 2 por ciento, cuando va bien.

Ciudad Perdida
Toletes y enajenación, política educativa federal
Lujambio, sin voluntad para resolver el conflicto magisterial
Miguel Ángel Velázquez
La Jornada, 8 junio 2010.

Sin temor ninguno al ridículo, aconsejado solamente por la venganza de Felipe Calderón contra los habitantes de la ciudad de México, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, se lanzó en contra de la policía que no usó el tolete, los escudos, los gases pimienta y lo que se pudiera en contra de los maestros que cargaron contra una de las puertas de la dependencia, fabricada en el siglo XVIII, según dijo. Acto seguido ordenó que, seguramente para olvidar el agravio, los chavos que reciben educación por el sistema de telesundaria, se olviden de la puerta, de las clases y se unan a la futbolera enajenación que nos abrazará desde el viernes próximo.

Seguramente para este funcionario la calidad de la educación básica en México está como para que se pierdan cuando menos un par de horas en los partidos en los que compita la selección mexicana, y la policía del Distrito Federal tiene como obligación reprimir a quienes protesten en contra de la política educativa, encadenda a los dictámenes no del secretario, menos aún de Felipe Calderón, sino de la dueña de sus destinos políticos: la maestra Elba Esther Gordillo.

Para Lujambio lo importante no es solucionar los problemas que ocasiona la cerrazón del gobierno ante la peticiones de los maestros, la espina dorsal del sistema educativo, sino que sus demandas sean silenciadas por el único método que conoce la derecha: la violencia. ¿Para qué escuchar sus demandas si se les puede cerrar la boca con una buena dosis de toletazos?

No nos engañemos, a Lujambio no le interesa tampoco la suerte de la añeja puerta. Lo que le preocupa, por lo que acusa a las autoridades del gobierno de la ciudad, es que no atacaron a las hordas, a esa comunidad salvaje de profesores de primaria, en su mayoría, que pretendían que él, que se siente heredero de toda la derecha, los escuchara para que estuviera enterado de que sí existen otros caminos para mejorar la educación pública básica en México. ¡Horror! Mejor los toletes.

Pero como se dio la oportunidad, y esa la pinta calva la voz popular, se agarró del asunto, y en lugar de plantear qué soluciones tiene para las demandas de los que trabajan con él, o de desatar el conflicto que hoy o mañana volverá a estallar, pide, cariacontecido, toletes del gobierno local, aunque el conflicto sea del orden federal, y los toletes no sean más que un paréntesis en la conflictiva, que sigue latente.

De cualquier forma la acusación permite entrever que para el futuro, al parecer inmediato, se exigirá por todos los medios y con mayor fuerza que el gobierno de Marcelo Ebrard reprima las protestas que provoca el gobierno de Felipe Calderón, seguramente para culparlo –cuando la política lo requiera– de represor. Así que el jefe de Gobierno deberá examinar bien la trampa para no caer en ella, porque las críticas y las presiones estarán a la orden del día.

Por lo pronto, Lujambio pretende convertirse en el mejor secretario de Educación Pública de este país, permitiendo que los niños no tomen clases, y en su lugar que se aprendan los nombres de cada uno de los productos que los van a engordar más, que los pueden emborrachar, o bien, podrán desechar a Miguel Hidalgo, a Morelos o a cualquier otro de los héroes defenestrados por el discurso mediático del neoliberalismo, para poner en su lugar a Javier Aguirre, que cubrirá al país de gloria, aunque a veces no lo entienda y prefiera vivir en Miami para, tal vez desde allá, reflexionar sobre la vida en México. Ni modo, son cosas de la patada.

De pasadita

En la trágica historia de lo que sucedió en Tepito la semana pasada hay algo que debería tener en cuenta la autoridad, si quiere encontrar razones más allá de la simpleza del son vándalos: el rencor y la violencia con la que actuaron los jóvenes aquella noche es producto de algo que se descompuso en ése y en otros muchos lugares de esta ciudad. ¡Cuidado con eso!

El destino del SME ante la Corte
Magdalena Gómez
La Jornada, 8 junio 2010.

La huelga de hambre que mantienen mujeres y hombres integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) forma parte de las múltiples vías que se han intentado para recuperar la fuente de trabajo que les fue despojada de manera arbitraria. Constituye también una forma de llamar la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las graves implicaciones sociales, políticas y humanas que tendrá la posición que asuma al resolver el caso SME. Y que no se llamen a escándalo alegando que no aceptan presiones, cuestión que además de no ser veraz denota una visión sobre el derecho y la justicia de la que la realidad que el país está viviendo no se compadece. Hay de presiones a presiones: cuando los funcionarios de alto nivel o los prominentes abogados van a desayunar a la Corte están cabildeando y se vale, pero cuando los movimientos sociales afectados por decisiones de jueces y magistrados reclaman movilizados resulta inaceptable.

Además de analizar la constitucionalidad o no del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, las ministras y los ministros deberían dar cuenta de sus implicaciones. ¿Cuántos organismos públicos se han extinguido con la cláusula final de que se respetarán los derechos de los trabajadores y automáticamente pasan a formar parte del nuevo patrón? ¿Por qué no se hizo igual en este caso? Si se enredan sólo en la bandera del formalismo acerca de si puede o no el Ejecutivo extinguir el organismo de Luz y Fuerza estarán obviando el hecho de que lo que se organizó fue el despido masivo, sin proceso previo alguno, de más de 40 mil trabajadores afiliados a uno de los pocos sindicatos históricos en este país con vínculos y trayectoria democrática.

La resolución de la juez primera de distrito que ha sido impugnada por el SME justifica la decisión del Ejecutivo de extinguir por razones financieras el organismo de Luz y Fuerza del Centro, desestimando el hecho de que tal decisión, en todo caso, y respetando los derechos de los trabajadores, correspondería al Legislativo, como lo fue para su creación. Y lo más grave es que so pretexto de que se trataba de una empresa ineficiente que prestaba un servicio de interés público, ubica la violación de derechos laborales como un acto de molestia frente a la defensa de un servicio estratégico. ¿La tesis calderonista del daño colateral? Los abogados del SME han dado puntual cuenta de la cadena de agravios que la resolución de la juez contiene. Debemos esperar que sean valorados y reconocidos por la Corte decidiendo en consecuencia.

Ojalá que enfoquen la mira en la vigencia de los derechos fundamentales de los asalariados y tomen conciencia de que la posición que asuman puede poner un alto a la embestida contra las trabajadoras y los trabajadores, que ahora resultan fácilmente prescindibles. Puedo imaginar el escepticismo que generan mis palabras en esta solitaria interlocución con una instancia tan polémica como la Suprema Corte, y sin embargo me hago cargo de que no debemos obviar la demanda de auténtica impartición de justicia que haga sentido a la democracia que requerimos, pues hoy por hoy está claro que el Poder Judicial debe transformarse, igual que los otros dos poderes.

Queda claro a estas alturas que las ministras y los ministros tienen diversas posturas jurídicas y políticas. Sí, lo dije bien y lo reafirmo: políticas e ideológicas. Basta con observar los contrastes en América Latina en los enfoques y visiones constitucionales en países como Argentina o Colombia, que no obstante las regresiones del Ejecutivo o las veleidades del Legislativo asumen la defensa de los principios fundamentales con autonomía e independencia, y por ello son factor de gobernabilidad.

Regresando a la huelga de hambre, los integrantes del Grupo Paz con Democracia visitamos su campamento en el Zócalo y encontramos que pese a que hay quienes llevan 40 días ahí, se aferran a encontrarle sentido a su sacrificio en función de que la Corte defina ya su posición. Obviamente esperan justicia. Este ejemplo está sirviendo además para que el resto de sus compañeras y compañeros les acompañen y se cohesionen para seguir luchando pacíficamente por sus derechos. Mientras, les llegan noticias de que en la Corte no están tratando este asunto con la urgencia que requiere. Obviamente, es más importante este asunto que la muy publicitada resolución de la semana pasada sobre brujos, curanderos y charlatanes.

Con el SME se ensayó la fase extrema del adelgazamiento del Estado porque lo que está en juego a través de la Comisión Federal de Electricidad como empresa de clase mundial es la privatización y la comercialización de otro proyecto. Si en algún momento se lograra clarificar y denunciar la problemática real de Luz y Fuerza del Centro seguramente se vería que han pretendido liquidar a dicho sindicato porque sigue siendo emblemático dentro de los sectores democráticos. De la Corte sólo se espera que defienda la Constitución. ¿Es mucho pedir?

Cañada Honda: la convicción del normalismo rural
Luis Hernández Navarro
La Jornada, 8 junio 2010.

El pasado 2 de junio, las estudiantes de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda, se presentaron a las instalaciones del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) para negociar un pliego petitorio. Como las autoridades se negaron a dar respuesta a sus demandas, ocuparon las oficinas educativas. Horas después, elementos de Seguridad Pública estatal los desalojaron con lujo de violencia y detuvieron a 23 jóvenes.

Misteriosamente, cuando la policía asaltó las instalaciones pedagógicas, los funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que estaban allí desaparecieron. Omar Williams, presidente de la comisión, se presentó en el IEA cuando los actos violentos contra los estudiantes ya se habían consumado. Las normalistas demandan que se publique a la brevedad la convocatoria para el examen de admisión de 120 alumnos, y que la calificación mínima requerida para ingresar al plantel sea de siete, en lugar de ocho. Ahora exigen, además, la libertad inmediata de 10 alumnas de Cañada Honda y 13 muchachos provenientes de las escuelas normales rurales de Tiripetío, Michoacán; San Marcos, Zacatecas, y Ayotzinapan, Guerrero. Se les acusa por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, despojo y uso indebido de sus derechos.

A la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez asisten poco más de 430 alumnas. Los orígenes de la escuela se remontan al estado de Chiapas. El 11 de marzo de 1938 se incendió la Escuela Regional del Soconusco. El diputado J. Isabel Durón, oriundo de Cañada Honda, solicitó, con éxito, que la escuela fuera trasladada al estado de Aguascalientes. Los primeros años funcionó como escuela elemental agrícola, adquiriendo su nivel de escuela regional campesina hasta el 1º de febrero de 1941.

La normal rural se estableció en la ex hacienda José María Morelos. Las alumnas son, en la mayoría de los casos, hijas de campesinos con pocos recursos. Provienen de municipios de Aguascalientes, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Guerrero. Tienen grandes carencias materiales. Varias de ellas sufren de anemia. Aquí llegan las muchachas bien flaquitas, le dijo Hermelinda Hernández, la cocinera de la normal, a Érica Zamora. “A veces –cuenta– se quedan con hambre porque no alcanzamos a preparar todos los alimentos necesarios, y no pueden servirse una segunda ración”. La escuela es una de las pocas opciones de movilidad social de que disponen.

Los recursos de la institución educativa son precarios. Faltan docentes, materiales educativos y servicios médicos. Hace apenas un par de años el presupuesto diario para la alimentación de las muchachas era de 47 pesos por persona. En los dormitorios no hay espacio suficiente para dormir. Las de recién ingreso pernoctan hacinadas. Las instalaciones están deterioradas y el mantenimiento que se les da es limitado. Los dormitorios, baños y la cocina están en mal estado. La humedad amenaza a los no muy abundantes libros que se conservan en la biblioteca.

Las alumnas de Cañada Honda están internadas. Comienzan su día a las seis de la mañana, aseando sus dormitorios y baños, y ocupándose de tareas en la cocina. Asisten a clases con uniforme, peinadas impecablemente y con los zapatos boleados. Además de estudiar, siembran maíz y alfalfa, y crían puercos. Utilizan las ganancias de estas actividades para celebrar el Día de la Mujer y el del Maestro. Cada año se gradúan unas 100.

En los muros interiores de la casa grande de la escuela las alumnas pintaron junto a otras imágenes: No podemos tener una revolución que no involucre y no libere mujeres. Como otras normales rurales, Cañada Honda tiene una larga tradición de lucha, fiel a las estrofas del himno normalista: Normalistas, trabajar es la misión /que redime que salva y ennoblece /con la labor el entusiasmo crece /de salvar a la patria y a la nación (...) Normal rural, madre querida /en ti se forjan almas fuertes /las enseñanzas que tú viertes /serán la guía de mi vida.

Las estudiantes han luchado en contra del cierre de su escuela y de la reducción de la matrícula, por mejores condiciones de estudio, por el remozamiento de las instalaciones y en defensa de la educación pública. Forman parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Desde 1980 está latente la amenaza de que la escuela desaparezca.

En 1994, durante la gubernatura de Otto Granados Roldán, los habitantes del municipio impidieron que los policías antimotines entraran a las instalaciones de la institución para sacar a las jóvenes de sus dormitorios. Como señaló uno de los participantes en aquellas jornadas de lucha: El pueblo unido se enfrentó a estos grupos de choque para defender lo que considera suyo, haciendo guardias permanentes en las puertas de acceso a la institución y permaneciendo a la expectativa para actuar de acuerdo con las circunstancias. La campana mayor del templo que nos llama al rezo también nos llama a la defensa de la dignidad de nuestro pueblo.

La maestra Amelia Castillo escribió en enero de este año a sus compañeras: Soy una orgullosa egresada de la Normal Rural de Cañada Honda, Aguascalientes, hace ya casi 27 años. Quiero decirles a todos los jóvenes normalistas rurales que lean esto que es importante no perder nuestra identidad como tales, que el espíritu revolucionario del que nos hemos nutrido en estas escuelas debe ser la llama que dirija nuestras vidas como profesores y como ciudadanos rebeldes del mundo. Es lo que nos hace diferentes de los demás.

Las normales rurales están bajo ataque. Los gobiernos de Guerrero, Chiapas, Michoacán, estado de México y Aguascalientes han agredido a los normalistas. La tentación de desaparecerlas es constante desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Los políticos olvidan que son una de las pocas válvulas de movilidad social que existen para los hijos e hijas de campesinos. Más aún entre mujeres jóvenes rurales. De allí la radicalidad de los normalistas. De allí la convicción de maestras como Amelia Castillo.

El senador Madero y la UNAM
Javier Flores
La Jornada, 8 junio 2010.

El doctor José Narro Robles ha señalado en varias ocasiones que la educación, la ciencia y la cultura son los instrumentos con los que México puede alcanzar mayores niveles de desarrollo y equidad. Ha hecho evidentes también –apoyado no en creencias, sino en los datos más rigurosos disponibles a escala mundial– las fallas del actual modelo de desarrollo económico, que mantiene y profundiza la desigualdad. Ha destacado como problema sumamente grave la falta de oportunidades para los jóvenes de nuestro país.

Desde que asumió el cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Narro ha hablado de manera clara y directa, señalando los aspectos de nuestra realidad que más preocupan a la mayoría de los mexicanos, pero también se ha referido a lo que puede hacerse para cambiar nuestra situación. Su diagnóstico es realista y su discurso es esperanzador. Si actuamos ahora, podremos revertir muchos de los problemas que nos aquejan. En eso consiste su mensaje.

Narro Robles se ha expresado con la libertad que caracteriza a la vida universitaria, uno de los valores más apreciados por sus integrantes. Pero algo de lo anterior parece haber molestado al senador Gustavo Madero, líder del Partido Acción Nacional en la cámara alta. Al respecto yo quiero citar un documento escrito hace casi 60 años, en el que se señala: La libertad de investigación y de opinión científica o filosófica, como toda libertad de pensamiento, no puede ser constreñida por el Estado. La libertad de expresión no puede tener otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas morales y por el bien común. Esto se afirma en los Principios de Doctrina del PAN, aprobados por su asamblea constituyente en 1939. Claro, eran otros tiempos y, comparativamente, otra la estatura intelectual de los fundadores de ese instituto político.

Apenas se iniciaba el segundo encuentro internacional Universia, que congregó en Guadalajara a cientos de rectores y representantes de instituciones de educación superior, en la que Narro llamó a los gobiernos de Iberoamérica a la comprensión y a destinar mayores recursos a la educación superior, cuando Madero se apresuró a exigir a la UNAM que rinda cuentas sobre los recursos que recibe, algo que esta institución hace sobradamente. Madero se refirió específicamente a los resultados de la investigación científica. De acuerdo con una nota de El Universal online publicada el primero de junio, el senador afirmó: “… se requiere que todo el recurso que se destina a la investigación y el desarrollo se traduzca en bienes públicos, en bienes para la nación vía patentes, vía descubrimientos, vía aportaciones”.

A mí me llamó la atención lo de las patentes, pues lo demás revela solamente una gran ignorancia de este senador de la República, porque se puede demostrar que no hay un día en que la UNAM no dé a conocer al menos 2 o 3 descubrimientos realizados por sus científicos, que no son sólo aportaciones al conocimiento –lo que en sí mismo es muy valioso–, sino algunas de ellas representan soluciones potenciales a los graves problemas que enfrenta el país, y no son estimuladas ni aprovechadas por el gobierno o los sectores productivos. Con la mención de las patentes, Madero quiso poner el dedo en una llaga, en lo que supone es una debilidad de la UNAM, sin darse cuenta de que más bien es una falla de los sectores a quienes su partido representa.

A escala mundial la obtención de patentes es una tarea de los particulares, en especial de las empresas. En muchos países las universidades patentan sus resultados cuando los sectores productivos se asocian con ellas lo cual estimula provechosas formas de vinculación. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la obtención de patentes por los mexicanos se ha reducido de forma alarmante en los últimos años. Durante los gobiernos panistas estas cifras han caído vertiginosamente. La patentes otorgadas a mexicanos representaron en 1999 apenas 4.12 por ciento del total (más de 95 por ciento son concedidas a extranjeros), y para 2009 cayeron aún más, llegando a 2.2 por ciento. Esta reducción es todavía más grave, si consideramos el subsidio a las empresas mediante los programas de estímulos fiscales, por medio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En 2007, por ejemplo, se otorgaron por parte del gobierno 2 mil 643 millones de pesos a investigación, mientras a las empresas se les destinaron estímulos por 4 mil 500 millones, es decir, 1.7 veces más. Es lamentable que estos subsidios no se tradujeran en el incremento en las patentes registradas ante el IMPI. Lo anterior incluso viene a dar la razón al rector Narro, pues revela que hay fallas importantes en el actual modelo de desarrollo.

En el conjunto de universidades públicas, la UNAM es la institución que más patentes obtiene; sin embargo, no son aprovechadas, pues en general no existe interés de los empresarios mexicanos. Aun así esta institución realiza esfuerzos constantes para fomentar la vinculación, tarea que el senador Madero por supuesto desconoce, pues con sus declaraciones solamente traduce el odio que su partido tiene por el modelo que representa una institución pública, gratuita, de masas y laica que es hoy, por su calidad académica, la más importante de Iberoamérica.