9 de junio 2010
Realizan marcha en protesta 30 maestros que fueron despedidos de la UVM
El Sol de Toluca, 9 de junio de 2010
TEXCOCO, Méx.- Cinco de 30 maestros que fueron despedidos hace dos años de la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco, realizaron una marcha hacia la ciudad de México y al llegar frente al edificio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en demanda de su reinstalación, simularon colgarse sobre los árboles del camellón central de la avenida Doctor Río de la Loza.
El profesor David Armando de la Torre Fernández, representante de los docentes, declaró que han recibido de la Junta un trato parcial y viciado, explicó que lejos de encontrar la legalidad en el juicio han favorecido a los presuntos líderes sindicales que no existen, lo que es una violación a los derechos laborales plasmados en la Constitución general de la república.
Dijo que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha perdido en numerosas ocasiones el expediente, evitando así notificar a los demandados e incluso dándonos por desistidos de la demanda en forma arbitraria y contraria a derecho.
Recordó que el 14 de mayo de 2009 la Junta Especial No. 16 de la JLCADF, presidida por Laura Villar Naranjo, envió al archivo como asunto concluido la demanda de los profesores, por lo que estos se vieron obligados a presentar un amparo que finalmente resolvió a su favor el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito en noviembre de ese mismo año.
Asentó que con este tipo de procesos es ridículo que se pretenda modificar la Ley Federal del Trabajo para limitar el pago de los salarios caídos a seis meses, pues en ese tiempo ni siquiera se habrá llevado la primera audiencia, el patrón podrá despedir a su antojo con mínimas consecuencias jurídicas y económicas.
Facundo Pérez y Juan Macías Reyes, quienes ya lograron registro del Sindicato Nacional Independiente de Instituciones Educativas, Similares y Conexas "20 de Noviembre" buscan arrebatar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de UVM al sindicato Justo Sierra, que dirige Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado de pederasta y quien es buscado por la justicia para responder de los cargos.(a)
La huelga de Cananea no es caso cerrado, advierte Gómez Urrutia
Patricia Muñoz Ríos
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 5
La huelga de Cananea no es un asunto terminado. El secretario del Trabajo, Javier Lozano, está celebrando con un triunfalismo anticipado, pero está muy equivocado: ni el sindicato minero está acabado ni este conflicto de huelga se va a quedar así. El funcionario engaña y festina diciendo que los trabajadores no pueden hacer ya nada, pero todavía hay vías legales para enfrentar esta vergonzosa e histórica agresión del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo el líder del gremio, Napoleón Gómez Urrutia.
En entrevista telefónica desde Canadá, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos adelantó que se presentarán recursos legales ante instancias nacionales e internacionales. Se preparan dos amparos: uno por la ocupación ilegal de la mina de Cananea por parte de fuerzas federales y otro contra las bases seudo legales en que se fundamentó la terminación de la huelga; además, se va a presentar una ampliación de la queja interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los trabajadores tomarán acciones importantes en los próximos días.
Según advirtió, la toma de la mina 8 Pasta de Conchos se debe a que Grupo México quiere sellar las evidencias del crimen contra los 65 mineros muertos, por lo que el sindicato estudiará qué procede legalmente para evitar el encubrimiento de los hechos que llevaron a la muerte a estos trabajadores.
Por otra parte, Gómez Urrutia se refirió a los ofrecimientos gubernamentales a los trabajadores de Cananea para que acepten una generosa liquidación y la promesa de que serán inmediatamente recontratados. Todo esto, dijo, es un timo para los trabajadores, y ellos lo saben, por lo que ya tomaron el acuerdo en conjunto de no aceptar sus finiquitos. Tienen además el antecedente de que a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas los engañaron con una supuesta contratación que nunca llegó. Los mineros ya aprendieron que este gobierno y el secretario del Trabajo siempre les mienten, expuso.
“Lozano se llena la boca al hablar de inversiones millonarias –que entre otras cosas serán para la empresa, pero no para beneficio de los trabajadores–, siendo que nunca ha visto por una indemnización decente para las viudas de los mineros.”
Al preguntarle respecto de lo que ha declarado el secretario del Trabajo, sobre que la toma de la mina de Cananea es un hecho consumado y no hay recursos legales que pueda utilizar el sindicato, Gómez Urrutia respondió que Lozano no puede ocultar su alegría de haber entregado la mina a Grupo México. Su celebración habla de la sumisión que le tiene a este consorcio, pero no está todo terminado, está muy equivocado.
Lozano Alarcón siempre ha usado la técnica de celebrar todas las resoluciones y actos que afectan a los trabajadores; ha aplaudido cada vez que declararon inexistente el movimiento de huelga de Cananea y ahora habla de recursos multimillonarios para esa empresa y sorprende la manera tan cínica y tan burda de su actuar, sobre todo cuando el gobierno siempre les estuvo regateando hasta un peso a las familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, cuando no ha hecho lo mínimo por cumplir con la única demanda de sus deudos, que son los cuerpos de sus familiares. En el caso de Cananea es una vergüenza su triunfalismo, pues no se aguanta para ir a cobrar el bono que seguramente le ofreció Grupo México por sus servicios.
Respecto de cuándo vendrá a México a enfrentar personalmente toda esta situación, Napoleón Gómez Urrutia comentó que todos los cargos falsos en su contra han caído, pero el gobierno ha tomado la decisión de volver a presentar las mismas acusaciones para impedir que quede exonerado.
El líder minero resume que de todas las agresiones que ha sufrido el gremio que encabeza se lleva un monumento al servilismo, al entreguismo la toma de Cananea, ya que estamos regresando, a cien años de la Revolución, a un hecho histórico otra vez por una actitud neoporfirista para agredir los derechos básicos de los trabajadores, como el de huelga, sin importar violar el marco constitucional. Es verdaderamente indignante ese retroceso histórico, el cual está siendo condenado no sólo al interior del país, sino en varias partes del mundo, por organizaciones sindicales, políticas y sociales.
Gómez Urrutia concluye que lo más grave es que para perpetrar la terminación de las relaciones laborales se hizo un gran montaje, una simulación en la que participaron la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría de Economía, que dio fe de que la mina había sido desbaratada y se había dejado inservible, lo cual es mentira, y se involucró hasta a la Suprema Corte de Justicia, que dio un fallo en contra de los derechos de los trabajadores.
Piden diputados la salida de la fuerza pública de las minas de Cananea y Pasta de Conchos
Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 8
La comisión especial creada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, emitió un pronunciamiento dirigido al gobierno federal para que ordene la salida inmediata de la fuerza pública desplegada en las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, e instale urgentemente una mesa de diálogo y construcción de acuerdos.
Los integrantes de la comisión reprobaron por medio de un pronunciamiento la disposición del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para utilizar la fuerza pública contra ciudadanos que defienden sus puestos de trabajo en Cananea, y reclaman el castigo a los responsables de la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos, ambas concesiones que benefician al Grupo México, propiedad de la familia Larrea.
Al confirmarse la detención de cinco trabajadores y el uso de la fuerza pública contra niñas y mujeres que se encontraban en el edificio del sindicato, como dio a conocer el presidente de la comisión, Ernesto Pompa Corella, los representantes de PRI y PRD aprobaron convocar a comparecer a los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, con objeto de informar al Congreso el origen de los recursos (113 mil millones de pesos) que serán destinados a la construcción de infraestructura carretera e hidráulica, instalaciones de salud y de empleos autogestivos en Cananea, como dio a conocer Lozano Alarcón.
Con enfado, porque el gobierno federal había prometido a los diputados que no utilizaría la fuerza pública en Cananea y Pasta de Conchos, los legisladores también aprobaron la ampliación de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ésta se pronuncie en torno al quebranto de los derechos laborales de los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco.
Además, se emitió un llamado al diálogo entre los familiares de las víctimas de la explosión en Pasta de Conchos y el gobierno federal, con objeto de que Minera México compense dignamente a los deudos de los trabajadores que permanecen enterrados en ese yacimiento. También decidieron trasladarse a Cananea para sesionar con la participación de las comisiones especiales existentes en el Senado de la República y el Congreso de Sonora.
Ernesto Pompa (PRI) señaló que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el uso indiscriminado de la fuerza pública contra trabajadores indefensos no consiguieron resolver el conflicto. Ahí sigue y estamos preocupados porque ya se ha hecho costumbre en el gobierno federal el uso de la fuerza pública para resolver los conflictos. A mí en lo personal el secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) me dijo que no iban a hacer uso de la fuerza pública, pero de este gobierno no me extraña nada.
En su turno, Francisco Hernández Juárez y Ramón Jiménez, ambos del PRD, coincidieron con Pompa porque el gobierno federal se vale de todo con tal de tutelar los oscuros intereses que lo sostienen, esto en absoluto divorcio del pueblo de México y sus intereses históricos.
Ambos representantes presentarán este miércoles ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que el órgano legislativo exprese su más enérgica condena contra la brutal represión sufrida por los mineros y sus familias de parte de la Policía Federal y por órdenes del gobierno calderonista.
La solicitud también contiene la exigencia a Felipe Calderón para que remueva a los titulares de las secretarías del Trabajo y de Seguridad Pública federal, Javier Lozano y Genaro García Luna, respectivamente. El texto contiene la demanda de cancelación de las concesiones de Cananea y Pasta de Conchos en poder de Germán Larrea, propietario de Grupo México, y que la titularidad pase a los mineros y sus familias.
Se pretende que el secretario de Gobernación comparezca ante la Permanente para que explique los detalles de los hechos de violencia suscitados en la toma policiaca de las minas de Cananea y Pasta de Conchos.
Por su parte, el priísta Onésimo Mariscal descalificó a Javier Lozano por su “escasa capacidad de construir acuerdos, y su conocido discurso de mentiras: ¿cómo creerle al secretario del Trabajo si no cumplió, otra vez, con su palabra, y mucho menos ha demostrado capacidad para solucionar conflictos?
Es una falta de respeto lo que ha sucedido. La Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, aprobó un acuerdo para que el gobierno federal resolviera por la vía del diálogo y la negociación el conflicto minero; incluso fue respaldado por el partido en el gobierno (el PAN), y el calderonismo lo que menos tiene es capacidad para dialogar.
Legisladores exigen al gobierno informe sobre los acuerdos con Grupo México
Andrea Becerril
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 9
El presidenete del Senado demandó la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la finalidad de que personal de ese organismo se traslade a Cananea, Sonora, verifique la actuación de las fuerzas públicas en el conflicto minero y evite que se sigan violando las garantías fundamentales de los trabajadores.
Además, senadores y diputados de PRI, PRD y PT exigieron al gobierno federal que informe acerca de los acuerdos que hubo entre la autoridad laboral y Grupo México, y exigieron que se concrete la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, ante la Comisión Permanente.
Varios legisladores se pronunciaron en favor de la renuncia del funcionario.
Se trata de un represor que va a enrarecer aún más el clima político, sostuvo el diputado Mario di Costanzo, del PT.
En tanto, el presidente de la tercera Comisión de la Permanente, el senador Rogelio Rueda, del PRI, manifestó que la cita para que comparezca Lozano Alarcón se acordó hace varias sesiones, pero no se ha formalizado. Por tanto, solicitó a la mesa directiva, que preside el perredista Carlos Navarrete, que se concrete lo antes posible.
Con los mineros de Cananea se repitió el esquema utilizado con el Sindicato Mexicano de Electricistas: promesas de una buena liquidación y recontratación, que no se cumplen, aseveró el diputado priísta Carlos Ramírez Marín.
Deploró que por el conflicto minero el municipio de Cananea haya estado al borde de la extinción y que casi se haya matado de hambre a miles de familias, antes que afectar el interés de un grupo empresarial poderoso, como el de los Larrea.
Una vez más quedó demostrada la ineptitud de Lozano Alarcón, quien no debería seguir desempeñándose como secretario del Trabajo, ya que en tres años que lleva el conflicto laboral en esa mina no fue capaz de negociar los 103 mil millones de pesos que ahora anuncia como inversión, para que no estallara la huelga.
Los integrantes de la mesa directiva de la comisión del Senado que da seguimiento al conflicto en Cananea: el perredista Arturo Núñez, el priísta Alfonso Elías Serrano y el panista Federico Döring, hicieron un llamado enérgico al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que cumpla el ofrecimiento que planteó ante ese órgano, de favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan un entorno de gobernabilidad democrática en Cananea.
Exigieron a la CNDH que asigne de inmediato personal para que verifique el estricto respeto de los derechos humanos de los trabajadores mineros y la población de Cananea.
Por separado, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, solicitó al gobierno de Felipe Calderón que dé a conocer los compromisos que Grupo México signó con la Secretaría del Trabajo, con el propósito de que hagan público cuántos trabajadores van a contratar, por cuánto tiempo y en qué condiciones laborales.
Payán llama a electricistas a mantener lucha y esperanza
Patricia Muñoz Ríos
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 11
La lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no debe concluir; menos la esperanza y la voluntad por la justicia, por más que en este país ya no exista estado de derecho y el gobierno, impunemente, siga arremetiendo contra la clase obrera, sostuvo el director fundador de La Jornada, Carlos Payán Velver, ante los trabajadores que mantienen una huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de México.
Bajo los toldos del campamento del SME, mojados por la pertinaz lluvia que ayer por la tarde refrescó la plancha citadina, Payán habló de la voluntad de resistencia y de lucha de los trabajadores del sindicato, al cual, señaló, el gobierno ha hecho de todo para eliminarlo, sin conseguirlo.
Payán fue invitado por un grupo de ex dirigentes del SME que ocuparon diversas carteras en comités anteriores, quienes, encabezados por Antonio Guadarrama, entregaron reconocimientos a todos los trabajadores que se mantienen en la huelga de hambre masiva que comenzó el 25 de abril pasado.
Los electricistas –quienes muestran la pérdida de peso causada por la huelga de hambre– solicitaron al director fundador de este diario que atestiguara la veracidad del ayuno, el cual ha sido denostado por algunos medios e ignorado por otros y, sobre todo, por el gobierno.
Las trabajadoras que siguen en ayuno y recibieron un reconocimiento por mantenerse en la lucha son: María Dolores Juárez, María Isabel de la Rosa López, Sonia Jiménez Hernández, María del Carmen Yebra, Carolina Cortés, Guadalupe Vázquez y Beatriz Juárez (quien está hospitalizada).
También se entregó a Adrián Aguilar Dimas, Jesús Alcalá, Cayetano Cabrera, Navitidad David Martínez, Gerardo del Canto Pérez, Juan Carlos Fonseca, Rodrigo de Gutiérrez Villegas, Héctor Hernández Iriarte, Miguel Ibarra Jiménez, Roberto Jiménez, Miguel Márquez Ríos, Mateo Jiménez, Ómar Mora Córtez, Rafael Muñiz, Gregorio Paredes, Ugal Salgado, Juan Carlos Trejo, Isaías Vázquez Guzmán, Ricardo Pérez Flores y Miguel Ángel Pérez.
Al acto asistió Alejandro Rojas Díaz Durán, secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, quien dijó a los trabajadores que el ejecutivo capitalino no ha solicitado que muevan el campamento; por el contrario, aseguró, las autoridades ya plantearon a la organización de la FIFA-Fan-Fest –que transmitirá los partidos de futbol en pantallas gigantes e imágenes de varios partes del mundo– que los miembros del SME no se van a quitar del Zócalo ni mucho menos, porque la plaza pertenece a todos.
Incluso, señaló, mediante las cámaras que se instalarán en el Zócalo en muchas partes del planeta se van a enterar de la huelga de hambre.
Los electricistas entregaron a Carlos Payán un reconocimiento por la cobertura periodística de este diario a su lucha, y otro al Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada, por su apoyo solidario.
Huelga de burócratas en España; Zapatero afirma que la protesta tuvo alcance limitado
Armando G. Tejeda
Corresponsal
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 28
Madrid, 8 de junio. Los burócratas españoles –algo más de 2 millones y medio de personas– fueron convocados este martes a una huelga general de funcionarios ante el drástico plan de ajuste anunciado por el Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien aseguró que la protesta había tenido un alcance limitado. Los sindicatos, en cambio, calificaron de éxito la jornada, al asegurar que se había registrado un seguimiento de 75 por ciento, frente a 11 por ciento que sostiene la administración central.
El plan de ajuste aprobado en el Congreso de los Diputados y presentado por el gobierno socialista busca reducir el déficit público ante el deterioro paulatino de la economía española, que en estos momento se encuentra con la mayor tasa de desempleo de su historia, con algo más de 22 por ciento, lo que significa más de cuatro millones y medio de personas. Rodríguez Zapatero diseñó un plan de ajuste con el que pretende ahorrar a las arcas públicas algo más de 14 mil millones de euros, básicamente con una reducción de 5 por ciento del salario de los burócratas, la congelación de las pensiones y un recorte en la obra pública de más de 6 mil 500 millones de euros.
La reducción de 5 por ciento del salario a los funcionarios públicos afectó a prácticamente todas las instituciones públicas; desde el Ejecutivo, que decidió reducir sus ingresos 15 por ciento, hasta los parlamentarios, los jueces y los funcionarios locales y autonómicos. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), anunciaron el inicio de las movilizaciones, precisamente con la jornada de hoy, pero que pretende continuar en las próximas semanas hasta, quizá, una huelga general. Todos los ojos del movimiento obrero están puestos no sólo en las nuevas medidas que adoptará el gobierno para luchar contra la crisis, sino de manera destacada en la reforma laboral que, en caso de que no haya consenso entre los trabajadores y los empresarios, se aprobará por decreto. El gobierno ya anunció que iba a abaratar el despido, lo que soliviantaría aún más los ánimos del movimiento obrero y sindical.
En la jornada de huelga de hoy hubo seguimientos dispares y guerra de cifras, como es habitual. Mientras que CCOO y UGT hablaban de un seguimiento superior a 75 por ciento, y señalaban que las tres comunidades con más burócratas en huelga habían sido Andalucía, Madrid y Valencia, la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, situó el seguimiento en 11.85 por ciento.
Según los sindicatos convocantes, alrededor de 60 por ciento del personal de las instituciones sanitarias públicas secundaron el paro, mientras que la cifra giró en torno a 70 por ciento en el sector de la enseñanza. El personal universitario fue el más implicado, con 90 por ciento de participación (70 por ciento del profesorado de educación secundaria; 60 por ciento en primaria; 50 por ciento en los centros concertados; 70 por ciento del personal de los servicios educativos y complementarios).
En los órganos de justicia las cifran son notablemente menores, pues en el Tribunal Supremo únicamente 15 funcionarios de 600 siguieron la huelga; y en el Consejo General del Poder Judicial, el seguimiento ha sido de 5.4 por ciento; es decir, de 582 efectivos únicamente se fueron a la huelga 30 personas. En el Congreso, sólo 5 por ciento de trabajadores siguió la huelga. También hubo manifestaciones en Madrid (mil 500 personas), Sevilla (mil manifestantes) y Barcelona, donde además se bloqueó durante más de cuatro horas una arteria vial de la ciudad. El único incidente destacable se registró en Logroño, donde hubo un altercado entre sindicalistas que terminó con cuatro heridos leves.
Negocia el sindicato de GM bono por $15 mil a 60 mil obreros
Reuters, Carlos García
Corresponsal
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 30
Guanajuato, Gto., 8 de junio. Como General Motors (GM) no entregará utilidades a los más de 60 mil empleados de las cuatro plantas en México, los líderes sindicales negocian la entrega de un bono individual de 15 mil a 18 mil pesos, que totalizaría 900 millones de pesos, informó el secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Hugo Varela Flores.
En 2009 la empresa automotriz no entregó utilidades; en cambio, dio un bono a los obreros de las plantas de Toluca, estado de México; Ramos Arizpe, Coahuila; San Luis Potosí, San Luis Potosí, y de Silao, Guanajuato, recordó.
General Motors argumenta que no tuvo ganancias por los constantes paros técnicos en algunas de las plantas como la de Guanajuato; por eso los dirigentes sindicales formaron una coalición para exigir un bono de compensación, explicó el líder sindical.
Las negociaciones ha sido muy complicadas porque no estamos hablando de dos pesos; hablamos de mucho dinero, argumentó. Agregó que si la GM no acepta entregar el bono económico, este mes promoverán que la Secretaría de Hacienda realice una auditoría a la empresa para verificar que realmente no tuvo ganancias.
Para 2011 se espera que General Motors sí otorgue las utilidades, porque en este año sólo la planta de Silao trabaja a 100 por ciento de su capacidad, señaló.
Se retirarán 1.5 millones de vehículos modelos 2006 a 2009
En otro aspecto, desde Detroit General Motors anunció que retirará 1.5 millones de camionetas, todo terreno y vehículos fabricados entre 2006 y 2009 debido a una falla eléctrica en un módulo del panel, que puede provocar incendios. Unos 26 mil 250 vehículos serán retirados en México.
Jeff Boyer, director de seguridad de GM, precisó que la automotriz pagará 100 dólares a cada cliente que acuda a los concesionarios a retirar el módulo defectuoso. La medida es para camionetas Chevrolet Silverado 3500, Avalanche, Suburban y Tahoe; Cadillac Escalade, Escalade ESV y Escalade EXT; GMC Acadia, Sierra, Yukon y Yukon XL y el Saturn Outlook.
El modelo 2009 de Chevrolet Traverse también está incluido. Los modelos de 2008-2009 incluyen al Buick Enclave y al Cadillac CTS. También serán retirados los modelos fabricados entre 2006-2009 de Buick Lucerne, Cadillac DTS y Hummer H2.
Apuestan en Gobernación a que nos cansemos, afirman maestros disidentes
Laura Poy Solano y Fabiola Martínez
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 41
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que este martes continuaron las mesas de negociación con autoridades de la Secretaría de Gobernación, ante la negativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Alonso Lujambio, de recibir a una comisión de maestros disidentes.
Eugenio Rodríguez, profesor de la sección 18 de Michoacán y miembro de la dirigencia estatal, destacó que luego del daño ocasionado al portón del edificio histórico de la SEP –el pasado 3 de junio–, el gobierno federal, en particular funcionarios de la SEP, han insistido en que no existen condiciones para establecer una mesa de diálogo.
Por ello –indicó–, convocaron al magisterio michoacano en Gobernación para una reunión con la secretaria de Educación de Michoacán, Graciela Andrade García, y con autoridades del estado, ante quienes presentaremos nuestras demandas de incremento salarial y mejores condiciones de trabajo.
Agregó que acudirá al encuentro una representación de la CNTE con el fin de presentar una propuesta de agenda para las reuniones con voceros de otras entidades del país, pues enfatizó que en Bucareli quieren que se negocie con un estado por día. Le apuestan a que nos cansemos y se queden solas las entidades más pequeñas, pero el acuerdo es permanecer en plantón permanente en el Zócalo capitalino hasta que se resuelvan todas las demandas.
En entrevista por separado, Pedro Ramírez Vázquez, líder disidente en la sección 36 del valle de México, señaló que la dirección política nacional de la CNTE determinó participar en las acciones de protesta convocadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas para este 9 y 10 de junio, como una actividad preparatoria de nuevas movilizaciones magisteriales, pues en la medida en que prevalezca la cerrazón de las autoridades, habrá un respuesta contundente de los maestros democráticos.
Indicó que cada semana se evaluarán las propuestas que nos vayan presentando las autoridades federales, y en función de ello determinaremos sí hay modificaciones a nuestro plan de acción. Tenemos muy claro que no vamos a retirar el plantón permanente y que las jornadas informativas y de volanteo se realizarán todos los días.
Sin embargo, funcionarios de Gobernación afirmaron que los profesores han aceptado las propuestas de gestión y en las próximas horas podrían retirarse del espacio que ocupan en el Zócalo capitalino.
Los funcionarios consultados señalaron que el diálogo es positivo especialmente con los maestros de Michoacán y Oaxaca; en esta última entidad –dijeron– incluso hay personal de Gobernación para fungir como canal con el gobierno de Ulises Ruiz.Confiamos en que mañana, o a más tardar el jueves, todos los profesores ya estén en sus entidades, precisaron.
Sobre la instalación de pantallas en el Zócalo para la transmisión del Mundial de Futbol, manifestaron que corresponde básicamente a la capacidad de gestión del gobierno capitalino la posibilidad de que se cambie de lugar el campamento de los electricistas que están en huelga de hambre.
Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 8
La comisión especial creada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, emitió un pronunciamiento dirigido al gobierno federal para que ordene la salida inmediata de la fuerza pública desplegada en las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, e instale urgentemente una mesa de diálogo y construcción de acuerdos.
Los integrantes de la comisión reprobaron por medio de un pronunciamiento la disposición del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para utilizar la fuerza pública contra ciudadanos que defienden sus puestos de trabajo en Cananea, y reclaman el castigo a los responsables de la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos, ambas concesiones que benefician al Grupo México, propiedad de la familia Larrea.
Al confirmarse la detención de cinco trabajadores y el uso de la fuerza pública contra niñas y mujeres que se encontraban en el edificio del sindicato, como dio a conocer el presidente de la comisión, Ernesto Pompa Corella, los representantes de PRI y PRD aprobaron convocar a comparecer a los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, con objeto de informar al Congreso el origen de los recursos (113 mil millones de pesos) que serán destinados a la construcción de infraestructura carretera e hidráulica, instalaciones de salud y de empleos autogestivos en Cananea, como dio a conocer Lozano Alarcón.
Con enfado, porque el gobierno federal había prometido a los diputados que no utilizaría la fuerza pública en Cananea y Pasta de Conchos, los legisladores también aprobaron la ampliación de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ésta se pronuncie en torno al quebranto de los derechos laborales de los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco.
Además, se emitió un llamado al diálogo entre los familiares de las víctimas de la explosión en Pasta de Conchos y el gobierno federal, con objeto de que Minera México compense dignamente a los deudos de los trabajadores que permanecen enterrados en ese yacimiento. También decidieron trasladarse a Cananea para sesionar con la participación de las comisiones especiales existentes en el Senado de la República y el Congreso de Sonora.
Ernesto Pompa (PRI) señaló que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el uso indiscriminado de la fuerza pública contra trabajadores indefensos no consiguieron resolver el conflicto. Ahí sigue y estamos preocupados porque ya se ha hecho costumbre en el gobierno federal el uso de la fuerza pública para resolver los conflictos. A mí en lo personal el secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) me dijo que no iban a hacer uso de la fuerza pública, pero de este gobierno no me extraña nada.
En su turno, Francisco Hernández Juárez y Ramón Jiménez, ambos del PRD, coincidieron con Pompa porque el gobierno federal se vale de todo con tal de tutelar los oscuros intereses que lo sostienen, esto en absoluto divorcio del pueblo de México y sus intereses históricos.
Ambos representantes presentarán este miércoles ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que el órgano legislativo exprese su más enérgica condena contra la brutal represión sufrida por los mineros y sus familias de parte de la Policía Federal y por órdenes del gobierno calderonista.
La solicitud también contiene la exigencia a Felipe Calderón para que remueva a los titulares de las secretarías del Trabajo y de Seguridad Pública federal, Javier Lozano y Genaro García Luna, respectivamente. El texto contiene la demanda de cancelación de las concesiones de Cananea y Pasta de Conchos en poder de Germán Larrea, propietario de Grupo México, y que la titularidad pase a los mineros y sus familias.
Se pretende que el secretario de Gobernación comparezca ante la Permanente para que explique los detalles de los hechos de violencia suscitados en la toma policiaca de las minas de Cananea y Pasta de Conchos.
Por su parte, el priísta Onésimo Mariscal descalificó a Javier Lozano por su “escasa capacidad de construir acuerdos, y su conocido discurso de mentiras: ¿cómo creerle al secretario del Trabajo si no cumplió, otra vez, con su palabra, y mucho menos ha demostrado capacidad para solucionar conflictos?
Es una falta de respeto lo que ha sucedido. La Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, aprobó un acuerdo para que el gobierno federal resolviera por la vía del diálogo y la negociación el conflicto minero; incluso fue respaldado por el partido en el gobierno (el PAN), y el calderonismo lo que menos tiene es capacidad para dialogar.
Legisladores exigen al gobierno informe sobre los acuerdos con Grupo México
Andrea Becerril
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 9
El presidenete del Senado demandó la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la finalidad de que personal de ese organismo se traslade a Cananea, Sonora, verifique la actuación de las fuerzas públicas en el conflicto minero y evite que se sigan violando las garantías fundamentales de los trabajadores.
Además, senadores y diputados de PRI, PRD y PT exigieron al gobierno federal que informe acerca de los acuerdos que hubo entre la autoridad laboral y Grupo México, y exigieron que se concrete la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, ante la Comisión Permanente.
Varios legisladores se pronunciaron en favor de la renuncia del funcionario.
Se trata de un represor que va a enrarecer aún más el clima político, sostuvo el diputado Mario di Costanzo, del PT.
En tanto, el presidente de la tercera Comisión de la Permanente, el senador Rogelio Rueda, del PRI, manifestó que la cita para que comparezca Lozano Alarcón se acordó hace varias sesiones, pero no se ha formalizado. Por tanto, solicitó a la mesa directiva, que preside el perredista Carlos Navarrete, que se concrete lo antes posible.
Con los mineros de Cananea se repitió el esquema utilizado con el Sindicato Mexicano de Electricistas: promesas de una buena liquidación y recontratación, que no se cumplen, aseveró el diputado priísta Carlos Ramírez Marín.
Deploró que por el conflicto minero el municipio de Cananea haya estado al borde de la extinción y que casi se haya matado de hambre a miles de familias, antes que afectar el interés de un grupo empresarial poderoso, como el de los Larrea.
Una vez más quedó demostrada la ineptitud de Lozano Alarcón, quien no debería seguir desempeñándose como secretario del Trabajo, ya que en tres años que lleva el conflicto laboral en esa mina no fue capaz de negociar los 103 mil millones de pesos que ahora anuncia como inversión, para que no estallara la huelga.
Los integrantes de la mesa directiva de la comisión del Senado que da seguimiento al conflicto en Cananea: el perredista Arturo Núñez, el priísta Alfonso Elías Serrano y el panista Federico Döring, hicieron un llamado enérgico al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que cumpla el ofrecimiento que planteó ante ese órgano, de favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan un entorno de gobernabilidad democrática en Cananea.
Exigieron a la CNDH que asigne de inmediato personal para que verifique el estricto respeto de los derechos humanos de los trabajadores mineros y la población de Cananea.
Por separado, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, solicitó al gobierno de Felipe Calderón que dé a conocer los compromisos que Grupo México signó con la Secretaría del Trabajo, con el propósito de que hagan público cuántos trabajadores van a contratar, por cuánto tiempo y en qué condiciones laborales.
Payán llama a electricistas a mantener lucha y esperanza
Patricia Muñoz Ríos
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 11
La lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no debe concluir; menos la esperanza y la voluntad por la justicia, por más que en este país ya no exista estado de derecho y el gobierno, impunemente, siga arremetiendo contra la clase obrera, sostuvo el director fundador de La Jornada, Carlos Payán Velver, ante los trabajadores que mantienen una huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de México.
Bajo los toldos del campamento del SME, mojados por la pertinaz lluvia que ayer por la tarde refrescó la plancha citadina, Payán habló de la voluntad de resistencia y de lucha de los trabajadores del sindicato, al cual, señaló, el gobierno ha hecho de todo para eliminarlo, sin conseguirlo.
Payán fue invitado por un grupo de ex dirigentes del SME que ocuparon diversas carteras en comités anteriores, quienes, encabezados por Antonio Guadarrama, entregaron reconocimientos a todos los trabajadores que se mantienen en la huelga de hambre masiva que comenzó el 25 de abril pasado.
Los electricistas –quienes muestran la pérdida de peso causada por la huelga de hambre– solicitaron al director fundador de este diario que atestiguara la veracidad del ayuno, el cual ha sido denostado por algunos medios e ignorado por otros y, sobre todo, por el gobierno.
Las trabajadoras que siguen en ayuno y recibieron un reconocimiento por mantenerse en la lucha son: María Dolores Juárez, María Isabel de la Rosa López, Sonia Jiménez Hernández, María del Carmen Yebra, Carolina Cortés, Guadalupe Vázquez y Beatriz Juárez (quien está hospitalizada).
También se entregó a Adrián Aguilar Dimas, Jesús Alcalá, Cayetano Cabrera, Navitidad David Martínez, Gerardo del Canto Pérez, Juan Carlos Fonseca, Rodrigo de Gutiérrez Villegas, Héctor Hernández Iriarte, Miguel Ibarra Jiménez, Roberto Jiménez, Miguel Márquez Ríos, Mateo Jiménez, Ómar Mora Córtez, Rafael Muñiz, Gregorio Paredes, Ugal Salgado, Juan Carlos Trejo, Isaías Vázquez Guzmán, Ricardo Pérez Flores y Miguel Ángel Pérez.
Al acto asistió Alejandro Rojas Díaz Durán, secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, quien dijó a los trabajadores que el ejecutivo capitalino no ha solicitado que muevan el campamento; por el contrario, aseguró, las autoridades ya plantearon a la organización de la FIFA-Fan-Fest –que transmitirá los partidos de futbol en pantallas gigantes e imágenes de varios partes del mundo– que los miembros del SME no se van a quitar del Zócalo ni mucho menos, porque la plaza pertenece a todos.
Incluso, señaló, mediante las cámaras que se instalarán en el Zócalo en muchas partes del planeta se van a enterar de la huelga de hambre.
Los electricistas entregaron a Carlos Payán un reconocimiento por la cobertura periodística de este diario a su lucha, y otro al Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada, por su apoyo solidario.
Huelga de burócratas en España; Zapatero afirma que la protesta tuvo alcance limitado
Armando G. Tejeda
Corresponsal
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 28
Madrid, 8 de junio. Los burócratas españoles –algo más de 2 millones y medio de personas– fueron convocados este martes a una huelga general de funcionarios ante el drástico plan de ajuste anunciado por el Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien aseguró que la protesta había tenido un alcance limitado. Los sindicatos, en cambio, calificaron de éxito la jornada, al asegurar que se había registrado un seguimiento de 75 por ciento, frente a 11 por ciento que sostiene la administración central.
El plan de ajuste aprobado en el Congreso de los Diputados y presentado por el gobierno socialista busca reducir el déficit público ante el deterioro paulatino de la economía española, que en estos momento se encuentra con la mayor tasa de desempleo de su historia, con algo más de 22 por ciento, lo que significa más de cuatro millones y medio de personas. Rodríguez Zapatero diseñó un plan de ajuste con el que pretende ahorrar a las arcas públicas algo más de 14 mil millones de euros, básicamente con una reducción de 5 por ciento del salario de los burócratas, la congelación de las pensiones y un recorte en la obra pública de más de 6 mil 500 millones de euros.
La reducción de 5 por ciento del salario a los funcionarios públicos afectó a prácticamente todas las instituciones públicas; desde el Ejecutivo, que decidió reducir sus ingresos 15 por ciento, hasta los parlamentarios, los jueces y los funcionarios locales y autonómicos. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), anunciaron el inicio de las movilizaciones, precisamente con la jornada de hoy, pero que pretende continuar en las próximas semanas hasta, quizá, una huelga general. Todos los ojos del movimiento obrero están puestos no sólo en las nuevas medidas que adoptará el gobierno para luchar contra la crisis, sino de manera destacada en la reforma laboral que, en caso de que no haya consenso entre los trabajadores y los empresarios, se aprobará por decreto. El gobierno ya anunció que iba a abaratar el despido, lo que soliviantaría aún más los ánimos del movimiento obrero y sindical.
En la jornada de huelga de hoy hubo seguimientos dispares y guerra de cifras, como es habitual. Mientras que CCOO y UGT hablaban de un seguimiento superior a 75 por ciento, y señalaban que las tres comunidades con más burócratas en huelga habían sido Andalucía, Madrid y Valencia, la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, situó el seguimiento en 11.85 por ciento.
Según los sindicatos convocantes, alrededor de 60 por ciento del personal de las instituciones sanitarias públicas secundaron el paro, mientras que la cifra giró en torno a 70 por ciento en el sector de la enseñanza. El personal universitario fue el más implicado, con 90 por ciento de participación (70 por ciento del profesorado de educación secundaria; 60 por ciento en primaria; 50 por ciento en los centros concertados; 70 por ciento del personal de los servicios educativos y complementarios).
En los órganos de justicia las cifran son notablemente menores, pues en el Tribunal Supremo únicamente 15 funcionarios de 600 siguieron la huelga; y en el Consejo General del Poder Judicial, el seguimiento ha sido de 5.4 por ciento; es decir, de 582 efectivos únicamente se fueron a la huelga 30 personas. En el Congreso, sólo 5 por ciento de trabajadores siguió la huelga. También hubo manifestaciones en Madrid (mil 500 personas), Sevilla (mil manifestantes) y Barcelona, donde además se bloqueó durante más de cuatro horas una arteria vial de la ciudad. El único incidente destacable se registró en Logroño, donde hubo un altercado entre sindicalistas que terminó con cuatro heridos leves.
Negocia el sindicato de GM bono por $15 mil a 60 mil obreros
Reuters, Carlos García
Corresponsal
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 30
Guanajuato, Gto., 8 de junio. Como General Motors (GM) no entregará utilidades a los más de 60 mil empleados de las cuatro plantas en México, los líderes sindicales negocian la entrega de un bono individual de 15 mil a 18 mil pesos, que totalizaría 900 millones de pesos, informó el secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Hugo Varela Flores.
En 2009 la empresa automotriz no entregó utilidades; en cambio, dio un bono a los obreros de las plantas de Toluca, estado de México; Ramos Arizpe, Coahuila; San Luis Potosí, San Luis Potosí, y de Silao, Guanajuato, recordó.
General Motors argumenta que no tuvo ganancias por los constantes paros técnicos en algunas de las plantas como la de Guanajuato; por eso los dirigentes sindicales formaron una coalición para exigir un bono de compensación, explicó el líder sindical.
Las negociaciones ha sido muy complicadas porque no estamos hablando de dos pesos; hablamos de mucho dinero, argumentó. Agregó que si la GM no acepta entregar el bono económico, este mes promoverán que la Secretaría de Hacienda realice una auditoría a la empresa para verificar que realmente no tuvo ganancias.
Para 2011 se espera que General Motors sí otorgue las utilidades, porque en este año sólo la planta de Silao trabaja a 100 por ciento de su capacidad, señaló.
Se retirarán 1.5 millones de vehículos modelos 2006 a 2009
En otro aspecto, desde Detroit General Motors anunció que retirará 1.5 millones de camionetas, todo terreno y vehículos fabricados entre 2006 y 2009 debido a una falla eléctrica en un módulo del panel, que puede provocar incendios. Unos 26 mil 250 vehículos serán retirados en México.
Jeff Boyer, director de seguridad de GM, precisó que la automotriz pagará 100 dólares a cada cliente que acuda a los concesionarios a retirar el módulo defectuoso. La medida es para camionetas Chevrolet Silverado 3500, Avalanche, Suburban y Tahoe; Cadillac Escalade, Escalade ESV y Escalade EXT; GMC Acadia, Sierra, Yukon y Yukon XL y el Saturn Outlook.
El modelo 2009 de Chevrolet Traverse también está incluido. Los modelos de 2008-2009 incluyen al Buick Enclave y al Cadillac CTS. También serán retirados los modelos fabricados entre 2006-2009 de Buick Lucerne, Cadillac DTS y Hummer H2.
Apuestan en Gobernación a que nos cansemos, afirman maestros disidentes
Laura Poy Solano y Fabiola Martínez
La Jornada, 9 de junio de 2010, p. 41
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que este martes continuaron las mesas de negociación con autoridades de la Secretaría de Gobernación, ante la negativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Alonso Lujambio, de recibir a una comisión de maestros disidentes.
Eugenio Rodríguez, profesor de la sección 18 de Michoacán y miembro de la dirigencia estatal, destacó que luego del daño ocasionado al portón del edificio histórico de la SEP –el pasado 3 de junio–, el gobierno federal, en particular funcionarios de la SEP, han insistido en que no existen condiciones para establecer una mesa de diálogo.
Por ello –indicó–, convocaron al magisterio michoacano en Gobernación para una reunión con la secretaria de Educación de Michoacán, Graciela Andrade García, y con autoridades del estado, ante quienes presentaremos nuestras demandas de incremento salarial y mejores condiciones de trabajo.
Agregó que acudirá al encuentro una representación de la CNTE con el fin de presentar una propuesta de agenda para las reuniones con voceros de otras entidades del país, pues enfatizó que en Bucareli quieren que se negocie con un estado por día. Le apuestan a que nos cansemos y se queden solas las entidades más pequeñas, pero el acuerdo es permanecer en plantón permanente en el Zócalo capitalino hasta que se resuelvan todas las demandas.
En entrevista por separado, Pedro Ramírez Vázquez, líder disidente en la sección 36 del valle de México, señaló que la dirección política nacional de la CNTE determinó participar en las acciones de protesta convocadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas para este 9 y 10 de junio, como una actividad preparatoria de nuevas movilizaciones magisteriales, pues en la medida en que prevalezca la cerrazón de las autoridades, habrá un respuesta contundente de los maestros democráticos.
Indicó que cada semana se evaluarán las propuestas que nos vayan presentando las autoridades federales, y en función de ello determinaremos sí hay modificaciones a nuestro plan de acción. Tenemos muy claro que no vamos a retirar el plantón permanente y que las jornadas informativas y de volanteo se realizarán todos los días.
Sin embargo, funcionarios de Gobernación afirmaron que los profesores han aceptado las propuestas de gestión y en las próximas horas podrían retirarse del espacio que ocupan en el Zócalo capitalino.
Los funcionarios consultados señalaron que el diálogo es positivo especialmente con los maestros de Michoacán y Oaxaca; en esta última entidad –dijeron– incluso hay personal de Gobernación para fungir como canal con el gobierno de Ulises Ruiz.Confiamos en que mañana, o a más tardar el jueves, todos los profesores ya estén en sus entidades, precisaron.
Sobre la instalación de pantallas en el Zócalo para la transmisión del Mundial de Futbol, manifestaron que corresponde básicamente a la capacidad de gestión del gobierno capitalino la posibilidad de que se cambie de lugar el campamento de los electricistas que están en huelga de hambre.
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