NOTICIAS LABORALES

8 de junio 2010

El gobierno, contra los sindicatos
Editorial
La Jornada, 8 junio 2010.

Con los desalojos policiales de las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, efectuados entre las últimas horas del pasado domingo y la mañana de ayer, lunes, el gobierno federal ratificó su orientación antisindical y su determinación a resolver, por medio de la fuerza policial, los conflictos laborales. En el caso que involucra al sindicato minero y al Grupo México, concesionario de ambos socavones, fue el propio Ejecutivo federal el que, en tiempos de Vicente Fox, echó a andar el conflicto, al criminalizar a la dirigencia sindical luego de que ésta exigió justicia para los 46 trabajadores que murieron en Pasta de Conchos en febrero de 2006, a consecuencia de fallas de seguridad atribuibles a la empresa y a las propias autoridades laborales, que son las encargadas de verificar las medidas de protección. Desde entonces el gobierno ha perseguido judicialmente al secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, y ha intervenido sin recato en la vida interna de esa organización.

Son inocultables los paralelismos entre el trato gubernamental al gremio minero y la beligerancia oficial contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), privado de su fuente de trabajo mediante la extinción, por un decreto presidencial de legalidad dudosa, del organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre del año pasado. En uno y otro caso la Secretaría del Trabajo negó la toma de nota a las respectivas dirigencias, tomó partido por grupos disidentes minoritarios y emprendió una campaña sistemática de descalificaciones públicas y amenazas contra los trabajadores. En ambas circunstancias, por añadidura, la administración calderonista ha ordenado diversas agresiones policiales contra los sindicalistas y sus manifestaciones de protesta.

El correlato de la hostilidad antisindical del gobierno –respaldada en la mayor parte de los episodios por el Poder Judicial– ha sido una actitud pro empresarial, expresada, en el caso de la industria minera, en la exoneración de los propietarios de Grupo México de toda responsabilidad legal por el accidente de Pasta de Conchos y por la disposición oficial a favorecer, por todos los medios posibles, los intereses patronales. Por lo que respecta a la industria eléctrica, el golpe contra el SME ha sido aprovechado, adicionalmente, para ofrecer oportunidades de negocios, contratos y concesiones a diversas compañías privadas, empezando por las que la Comisión Federal de Electricidad reclutó para dar mantenimiento –a todas luces insuficiente, por lo demás– a la red de distribución eléctrica en el centro del país.

El desalojo de Cananea no fue tan pacífico como presumía ayer la Secretaría de Gobernación, si se considera que hay lesionados y que en la acción se emplearon granadas de gas lacrimógeno, toletes y, según la versión de los mineros, armas de fuego. Igualmente grave es el señalamiento de que las propias fuerzas policiales propiciaron el incendio de un local del yacimiento, perpetrado, a decir de los sindicalistas, por un grupo de porros que acompañaba a las fuerzas del orden.

El peor de los incendios, sin embargo, puede ser de orden social, y resulta desolador que el gobierno federal parezca empeñado en producirlo mediante el mantenimiento de una política económica generadora de pobreza, desigualdad y desempleo, una tónica persistente de violaciones a los derechos humanos y una política de constante confrontación que desmiente los insistentes llamados oficiales a la unidad de todos los mexicanos.

Nada de desalojo pacífico; el ataque, con armas y gases
Arturo Cano
La Jornada, 8 de junio de 2010, p. 2

Cananea, Son., 7 de junio. Manny Armenta lo miró con sus propios ojos: el desalojo de la mina de Cananea no fue pacífico, como dice la Secretaría de Gobernación. Yo fui de quienes propuso a la gente replegarse al edificio del sindicato; había mujeres, niños, muchos jóvenes. Hasta ahí fue la policía a echar gases lacrimógenos, y la gente se tuvo que salir por las ventanas.

En la funeraria cercana se suman otros testimonios. El muerto se quedó solo porque los deudos salieron con los ojos llorosos por los gases de la Policía Federal (PF). Mineros, lugareños y periodistas atesoran cual souvenirs los restos de la desigual batalla: casquillos de bala de distintos calibres, cilindros de gas lacrimógeno, bolas de metal lanzadas con quién sabe qué. En la calle que conduce a la entrada principal de la mina de Cananea los rastros de la batalla son piedras sobre el pavimento y dos vidrios rotos en una mueblería abandonada, cuya propiedad se atribuye a familiares del gobernador panista Guillermo Padrés, oriundo de este lugar.

Los testimonios de trabajadores de la minera Cananea coinciden con el de Manny. La toma de la mina se hizo no por las puertas custodiadas por los mineros, sino por la parte trasera de los gigantescos cerros mochos llenos de cobre. Las fuerzas federales contaron con apoyo estatal y municipal; aquí nadie se quejó de falta de coordinación entre niveles de gobierno, como ocurre en la lucha contra la delincuencia. Las tres fuerzas, pues, entraron por la parte atrás, por un rancho y un basurero, para consumar el fin de una huelga –ya establecido en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ilegal, según el sindicato minero– que ha costado mil 500 millones de dólares o el doble a los dueños de la minera, dependiendo del informe que se dé por bueno de los emitidos por el consorcio de Germán Larrea, el Grupo México.

Las pérdidas del también dueño de Pasta de Conchos son significativas, pero poco le dicen a los miles de canaenenses, que dependen indirectamente de la mina y que han padecido el cierre. O sí, porque larga como es la huelga es la campaña negra contra la sección 65 del sindicato minero y contra su secretario general en el exilio (dorado, ciertamente, en Canadá). Largas son las dádivas para dividir a los mineros y a los lugareños, con el resultado de una ciudad partida que este día escucha en taquerías y cafés, en los autos y todas las casas, el luminoso futuro que prometen el gobernador, el secretario del Trabajo, Javier Lozano (mentadas en la asamblea minera), y el director ejecutivo de Grupo México.

Para no ir más lejos, la región le debe a la larga huelga que el gobierno federal prometa, desde Hermosillo, cumplir el viejo sueño de carreteras de cuatro carriles entre esta ciudad, Imuris y Agua Prieta. La enorme lista de promesas hace tocar el cielo a los canaenenses, incluyendo a los mineros, a quienes les ofrecen liquidación y recontratación, que inmediatamente es rechazada: Queremos trabajar conforme al contrato colectivo.

¿Ya ven? La clase obrera sí va al paraíso, siempre y cuando abandone la huelga.

La mentirilla de la toma pacífica es un pecado menor. Como lo es que las autoridades digan que los agentes no portaban armas de fuego, aunque hay fotografias que muestran lo contrario. Como lo es la detención de cinco mineros, entregados a la custodia de autoridades municipales hasta el mediodía, 16 horas después de ser aprehendidos, sin cargos, sólo para investigación, según le informan a René Saracco, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Es grave que los hayan tenido incomunicados y que además nos hayan negado tenerlos detenidos. Tanto la PF como la policía ministerial del estado negaron tener detenidos, hasta que una funcionaria municipal permitió localizar a Luis Alberto Torres, Rodolfo Valdez Serrano, Luis Borbón Pérez, Marcelo Lara y Everardo Ochoa.

Los cinco mineros detenidos refieren a los funcionarios de derechos humanos, además, que los tuvieron varias horas en el cerro, hincados y amarrados con lazos. Todo, durante la toma pacífica y legal del secretario Gómez Mont.

El gobierno mexicano miente, dice el ciudadano estadunidense Manny Armenta, quien tiene dos cosas en común con los echados de la mina: también es minero y trabaja para el mismo patrón, el mexicano Germán Larrea, dueño de Asarco, empresa con minas en Arizona.

La organización de Armenta (United Steel Workers, USW) ha tenido presencia permanente en Cananea y esta mañana, apenas se confirman los datos del desalojo, Leo W. Gerard, presidente de USW internacional, declara: El presidente de México, Felipe Calderón, ha puesto en marcha un régimen de terror contra los trabajadores.

La agrupación sindical hace un llamado al Congreso de Estados Unidos para detener la entrega de fondos a las fuerzas de seguridad mexicanas, puesto que pueden ser utilizados para atacar a los trabajadores que ejercen su libertad de asociación.

Van a echar pedradas

Dos helicópteros que vuelan bajito dan la bienvenida a Cananea. Los cerros enormes, barquillos invertidos rebanados por un cuchillo gigante, hacen que la ciudad parezca una maqueta brillante. Las calles lucen más solitarias en tanto los visitantes se acercan más a la mina. Al mediodía los comercios y escuelas más cercanos están cerrados. Pero conforme se acerca la tarde comienzan a abrir.

“Ámonos, porque van a empezar a echar pedradas”, grita un niño y echa a correr. Pero nada pasa. No a esta hora de la tarde. Los gases volaron de madrugada, los tiros tronaron a la misma hora (dos heridos leves, dicen las autoridades). Un incendio no esclarecido (es decir, no se sabe qué bando lo inició) acabó con unas oficinas antiguas de la minera.

Más tarde, las fuerzas federales –2 mil policías contra 900 mineros en lucha– la emprendieron contra el local de la sección 65 del sindicato minero, para desalentar, dicen los dirigentes, cualquier intento de reorganización o una aventura de retoma. Los policías lanzan gases contra la puerta donde cuelga una manta enviada por los padres de los niños muertos en el incendio de la guardería ABC, que dice: Los agresores de los mineros son los asesinos de nuestros hijos.

A eso de las 10 hay un agarrón de mineros contra policías. La presencia de los agentes federales en las calles de la ciudad es vista como una afrenta. Después de gases de un lado y pedradas del otro, los federales se replegaron a la mina. Que se queden allá, al fin que ya la tienen, dice un trabajador.

Ya la tienen, y con ella Grupo México se enfilará, con su filial Asarco en Estados Unidos, a volver a la competencia contra la principal productora de cobre del mundo, la chilena Codelco.

El sindicato minero lanza un comunicado mañanero en el que hace responsable al gobierno de Felipe Calderón de los resultados de violencia y sangre que se puedan presentar en adelante. También exige de manera terminante que este gobierno dé marcha atrás en esta invasión militar e ilegal de la mina de Cananea, meta al orden a Grupo México y lo obligue a negociar una solución pacífica del conflicto.

Pero más allá de esas fórmulas no se ve muy claro cómo responderán los mineros al descontón. A media tarde, el comité de huelga sostiene una videoconferencia con el comité nacional del gremio. Abundan los reproches y las denuncias no documentadas: Uno de los detenidos informa que hay dos muertos adentro. ¿Y para cuándo el paro nacional? ¡Desde que empezamos están con eso y nada!, le llueve a Sergio Beltrán y otros dirigentes nacionales.

Jesús Verduzco, presidente del comité de huelga, nomás resopla con las informaciones de muertos, de ambulancias que salen con algo envuelto en sábana: Son meras suposiciones.

A falta de otra estrategia, ocultos los principales líderes (Sergio Tolano, secretario general, y Juan Gutiérrez, delegado del comité nacional) por los rumores de órdenes de aprehensión en su contra, unos centenares de trabajadores marchan al palacio municipal, en busca de sus detenidos.

A los pocos minutos llegan 100 elementos antimotines, estatales y municipales, que amagan con sus toletes. Hay insultos a granel y ratos tensos que se rompen cuando una aguerrida mujer descubre que un policía porta su escudo al revés: ¡Pendejo, ni sabes lo que haces, ni sabes leer! A la risotada sigue la información del sitio donde tienen a los cinco detenidos.

Los trabajadores acuden a la oficina del Ministerio Público, donde torpemente las autoridades federales llevan a los detenidos, dado que es un punto muy cercano a la puerta principal de la minera.

Más tarde, en uno de los muchos mítines vespertinos, hablan de dos detenidos más: Les dieron agua hasta que llegamos nosotros a verlos.

Por ahí anda tambien el fotógrafo local Alfredo Zambrano, detenido y golpeado por policías federales porque, según su testimonio, les tomó fotografìas trepados en una cuatrimoto y una camioneta propiedad de los mineros.

En la espera se desgranan los testimonios de la participación de un grupo de porros en el desalojo, del pueblo dividido que es Cananea (para corroborarlo, un individuo que pasa en su auto grita: ¡Mitoteros!).

El alcalde Reginaldo Moreno la hace de pitoniso a toro pasado: El desalojo era algo que se veía venir. Aunque añade que todo en el municipio funciona normalmente, declara la ley seca desde las 10 de la mañana. A los mineros, sin embargo, se les ven muchas ganas de mentar madres, pero no de tomarse unas cervezas.

Igual, hoy no les está permitido, porque las autoridades se cansaron al fin. El gobernador Padrés, natural de esta tierra, había prometido que no se emplearía la fuerza, pero hoy resume el ánimo de la autoridad: Hemos sido muy prudentes y muy tolerantes.

Sí, y además nadie les puede reprochar el tino histórico. Justo hace 104 años, el 6 de junio de 1906, las actividades de la minera de Cananea regresaron a la normalidad, tras la muerte de 23 mineros y la detención de los líderes de la huelga. El operativo federal de 2010 comenzó la noche del 6 de junio. ¿El homenajazo será parte de los festejos del centenario de la Revolución?

Pasta de Conchos será sellada; 63 cadáveres permanecerán ahí
Detenidas, dos madres de mineros
Patricia Muñoz Ríos y Leopoldo Ramos
La Jornada, 8 de junio de 2010, p. 10

La Familia Pasta de Conchos informó que la madrugada de ayer lunes, luego del desalojo violento de trabajadores de la mina de Cananea, directivos de Grupo México también tomaron las instalaciones de la mina 8, en la que fallecieron 65 mineros hace más de tres años, e incluso la policía estatal de Coahuila, en 20 patrullas, escoltó automóviles de lujo en los que viajaban representantes de la empresa, quienes penetraron en el yacimiento.

Esta organización aseguró que la policía detuvo a dos mujeres, madres de mineros muertos, quienes a golpes y empujones fueron subidas a una patrulla, por lo que se interpondrán denuncias ante el Ministerio Público.

Sostuvo que está documentado con material fotográfico y de video el ingreso de la policía la madrugada del lunes, así como las labores de escolta que les ofrecieron a los representantes de Grupo México, para que tomaran Pasta de Conchos. Incluso gente de la empresa introdujo varilla y cemento con el fin de sellar la mina.

Los familiares llamaron al gobernador Humberto Moreira para que frene la violencia que está ejerciendo sobre los deudos y evite enfrentamientos con su policía para proteger y encubrir las acciones de la empresa.

Señalaron que los abogados presentes en la sesión del Comité de la Organización Internacional del Trabajo, en la que se está dando seguimiento a las recomendaciones sobre Pasta de Conchos, han informado de las acciones que este lunes se llevaron a cabo por parte del gobierno para apoyar a Grupo México.

El cierre fue ordenado por la Dirección General de Minas

Por otra parte, en Saltillo, Coahuila, se informó que Pasta de Conchos será sellada por disposición de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, lo cual significa que los restos de 63 trabajadores atrapados en el interior permanecerán en el lugar definitivamente, dio a conocer el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales.

El funcionario explicó las razones del operativo que llevó a cabo la policía estatal la madrugada de este lunes en las instalaciones de la mina, de donde la corporación sacó a unos 10 deudos y activistas que reclamaban el rescate de los cadáveres ahí confinados desde hace más de cuatro años.

Estamos atendiendo la instrucción de la Dirección General de Minas, que ordenó a la empresa (Industrial Minera México, filial de Grupo México) la clausura, y para eso solicitó el apoyo de la fuerza pública. Estaban suspendidas las labores (en la mina) y justamente lo que se ordenó fue el cierre, la clausura, que implica poner un tapón en la bocamina, explicó Luna Canales

Con esto se desatiende por completo el reclamo de los deudos para que se reactiven las labores de búsqueda y rescate de los cadáveres de los trabajadores. La cantera, que se localiza a unos 350 kilómetros al norte de Saltillo, en el municipio de San Juan de Sabinas, es resguardada por unos 60 elementos de la policía del estado.

El 19 de febrero de 2006, un total de 65 mineros murieron sepultados por una explosión en el yacimiento de carbón. Las brigadas de rescate lograron recuperar dos cadáveres, pero los otros 63 se encuentran todavía a 150 metros de profundidad.

Es una afrenta al derecho de huelga de los trabajadores, afirma abogado
Alfredo Méndez
La Jornada, 8 de junio de 2010, p. 4

El penalista Marco Antonio Del Toro, del equipo de abogados del sindicato minero, aseguró ayer que ante la toma de las instalaciones de la mina de Cananea por el gobierno federal, lo que procede por la vía jurídica es ampliar la queja que existe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para fortalecer la petición de medidas cautelares en favor de los trabajadores, porque se trata de un desalojo ilegal que viola los derechos constitucionales y laborales.

Es claro que esta acción de desalojo es una afrenta al derecho de huelga de los trabajadores mineros. Estamos frente a una bomba de tiempo que el gobierno (calderonista) no ha desactivado y que puede desembocar en un conflicto social, porque todo el pueblo de Cananea está con los mineros, expresó Del Toro en entrevista con La Jornada.

Refirió que tiene información de que la Procuraduría General de la República (PGR) pretende consignar ante los tribunales averiguaciones previas en las que se acusa de diversos delitos a líderes mineros de Cananea, por lo que, dijo, ya tramitó las demandas de amparo correspondientes.

Expuso que desde la noche del pasado domingo, cuando recibieron la noticia del operativo para recuperar las instalaciones del yacimiento, el equipo de abogados del sindicato comenzó a trabajar para fortalecer la petición de que intervengan las instancias internacionales y preparar las demandas de amparo que protejan a los líderes del sindicato, ante la posibilidad de que sean detenidos.

Estamos pidiendo la intervención inmediata de la CIDH, para que dicte las medidas cautelares tendentes a evitar que el Estado mexicano siga abusando de la fuerza pública en perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores mineros, indicó.

El litigante rechazó que sea cierta la afirmación de la Secretaría de Gobernación de que el operativo de desalojo terminó con saldo blanco. Aseguró que tras la incursión de los elementos policiacos federales hubo dos mineros heridos de bala.

Sin embargo, expuso que por ahora no me es posible precisar los nombres de las personas heridas. Agregó que cuando llegaron los policías empezaron a arrojar gases lacrimógenos; hubo detonaciones de fuego. De inmediato cerraron los accesos a la mina para ocupar las instalaciones, y de eso resultaron dos personas lesionadas.

Sostuvo que el desalojo fue el ataque más frontal al derecho de huelga de los trabajadores mineros. Indicó que se trató también de una simulación de la autoridad federal, que ha hecho creer a la sociedad que la recuperación de las instalaciones de Cananea se hizo debido a la supuesta terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo entre la empresa y el sindicato, cuando en realidad no fue más que una acción policiaca que da continuidad a la represión de Estado contra el movimiento sindical minero.

Los mineros no se van a ir y buscarán recuperar las instalaciones de la mina a como dé lugar, advirtió.