28 de mayo 2010

Economía Moral
Pobreza y permanencia del campesinado/ II
El debate sobre la cuestión de la permanencia
Julio Boltvinik
La Jornada, 28 mayo 2010.
Pobreza y permanencia del campesinado/ II
El debate sobre la cuestión de la permanencia
Julio Boltvinik
La Jornada, 28 mayo 2010.
Frank Ellis dice que el debate central en el trabajo teórico marxista sobre el campesinado se refiere a la sustentabilidad o persistencia de las formas campesinas de producción dentro del modo de producción capitalista dominante e identifica dos líneas opuestas de razonamiento sobre dicha persistencia. Por una parte, la posición marxista clásica que planteó Lenin (1967) y que consiste en que
las presiones que las relaciones capitalistas de producción ejercen sobre los campesinos resultarán, inevitablemente, en su desaparición como forma específica de producción... por la diferenciación social, los campesinos se desintegrarían en dos clases sociales: la de los agricultores capitalistas y la de los trabajadores asalariados rurales. Las razones de ello son múltiples: la adopción diferencial entre agricultores individuales de prácticas mejoradas de cultivo, el abandono forzado de sus tierras por parte de campesinos incapaces de competir en el mercado, la pérdida de la tierra por hipotecas vencidas y la creciente contratación de trabajadores asalariados por parte de los agricultores exitosos 1
La línea de razonamiento opuesta, dice Ellis, es que la producción agrícola familiar, de la cual el campesinado es el principal tipo, tiene una lógica interna que le permite resistir las presiones de las relaciones de producción capitalista y reproducirse indefinidamente. Entre los componentes de esta línea analiza: a) la capacidad de los campesinos, dado su control sobre los medios de producción, especialmente la tierra, de proveer a sus necesidades de reproducción simple; b) las normas sociales de las comunidades campesinas centradas en la reciprocidad y no en la maximización individual de ganancias (el argumento de economía moral sostenido por James C. Scott); c) factores demográficos opuestos a la concentración de la tierra debido a su subdivisión en las herencias; d) la capacidad de los campesinos para sobreponerse a las presiones del mercado, aumentando la cantidad de trabajo invertido en la producción (o capacidad de los campesinos para la auto-explotación); e) rasgos, naturales o técnicos, específicos de la agricultura que la hacen poco atractiva para el capital (como la duración del ciclo productivo, la variabilidad del clima, riesgos más altos de fracasos productivos, dificultades de supervisión); f) ventajas funcionales para el capitalismo de dejar la agricultura en manos campesinas (por ejemplo, alimentos más baratos, menor riesgo), ligadas a las razones d) y e). (p. 52).
El autor señala que el modelo del muy famoso populista ruso Alexander Chayanov es una de las teorías no marxistas de esta línea de razonamiento. A reserva de analizar con el cuidado que se merecen las ideas originales de este populista, anotemos que Ellis señala que Chayanov explica la ausencia de acumulación desigual entre campesinos por el hecho mismo que la acumulación está fuera de sus motivaciones, que se reducen a la satisfacción de necesidades de la familia y, por tanto, a la reproducción simple. Pero Ellis también encuentra en el pensamiento marxista dos razones para la persistencia campesina consistentes con la lógica del capitalismo y del mercado. En primer lugar, la no acumulación en la economía campesina puede ocurrir no por la falta de motivación al respecto entre los campesinos, sino porque las relaciones de producción capitalistas empujan a los campesinos todo el tiempo a la reproducción simple a través de la captura (mediante diversos mecanismos) de cualquier excedente generado y por la desvalorización del trabajo campesino derivada de las innovaciones que disminuyen el precio de los bienes agrícolas. Ambos factores pueden describirse, siguiendo a Henry Bernstein, como un estrujón hacia la reproducción simple que el mercado impone a los campesinos. En segundo lugar,
...se ha argumentado que algunos aspectos de la producción agrícola son incómodos para las relaciones de producción capitalistas, lo que desestimula el avance del capitalismo en la agricultura. El principal factor es la duración del ciclo productivo agrícola comparado con el tiempo en el cual el trabajo es empleado productivamente, lo que refiere al patrón estacional de uso del trabajo (que el trabajo del hogar es aplicado desigualmente a lo largo del año). Para la producción capitalista esto plantea el dilema de o bien pagar trabajo asalariado permanente que no se necesita todo el tiempo, o depender de las incertidumbres y la desorganización social del trabajo migratorio (Ellis, op. cit. pp. 53-54).
En este párrafo Ellis cita un artículo de Susan Archer Mann y James A. Dickinson2 cuyos contenidos se conocen en la bibliografía como la tesis Mann-Dickinson y del cual, por su importancia, hablaré en detalle en esta serie de entregas. En un importante libro editado por John Harriss sobre desarrollo rural y economía campesina3, se cita este artículo así: “Mann y Dickinson han buscado explicar esto [la no prevalencia de las grandes unidades capitalistas de producción en la agricultura] en términos de la teoría marxista del valor. En efecto, como veremos en próximas entregas, el artículo de estos autores se apoya principalmente en los libros II y III de El Capital y en los Grundrisse. Por lo pronto, veamos la concepción de Vergopoulos de la unidad agrícola familiar y sus relaciones con el capital:
“la agricultura familiar es la forma más exitosa de producción para poner a disposición del capitalismo urbano el máximo volumen de trabajo excedente. También constituye la forma más eficiente de contener los precios de los productos agrícolas. El campesino que trabaja para sí mismo no necesariamente se considera a sí mismo un capitalista o un empresario cuyas actividades dependen de la obtención de una tasa positiva de ganancia. Por el contrario, a pesar de ser la cabeza de la unidad agrícola, se considera (la mayor parte de las veces) como un simple trabajador que tiene derecho a una remuneración que sólo le asegura su sustento. Aún más, en el contexto de la economía familiar no surge el problema de la renta de la tierra... Para los capitalistas, la agricultura familiar contemporánea no constituye un espacio económico que deba ser penetrado y conquistado, sino un todo ‘exótico’ que debe ser sometido como tal”. (K. Vergopoulos, Capitalism and peasant productivity, Journal of Peasant Studies, Vol.5, N° 4, 1978, pp. 446-465, citado en Harriss, op. cit. pp. 119-120).
Harriss pone en duda la validez general de las formas familiares de producción al hacer notar que en Asia y América Latina la mayor parte de las unidades familiares son unidades agrícolas marginales, a las cuales define como unidades que no son adecuadas para proveer al sustento de las familias que las operan. (En México ocurre lo mismo, véase gráfica en la que campesinos de infrasubsistencia equivalen a los marginales de Harriss.) Añade que estas unidades marginales pueden continuar existiendo y proveer la base para el profundo atrincheramiento del capital comercial y usurero (op. cit. p. 120). Note el lector que hay aquí una petición de principio en la forma en que define las unidades marginales, sin explicar por qué lo son. Justamente por ello sostuve (ver entrega 21/05/10) que pobreza y persistencia del campesinado tienen que explicarse juntas.
1 Frank Ellis, Peasant Economics. Farm Households and Agrarian Development, Cambridge University Press, 1996, pp. 51-52.
2 Obstacles to the Development of a Capitalist Agriculture, Journal of Peasant Studies, Vol.5, N° 4, 1978, pp. 466-481.
3 Rural Development. Theories of Peasant Economy and Agrarian Change, Routledge, Londres, 1992.

El silencio
Luis Javier Garrido
La Jornada, 28 mayo 2010
La desaparición forzada de Diego Fernández de Cevallos el 14 de mayo, reconocida por la PGR como secuestro una semana después por el intento del gobierno de facto de Felipe Calderón de minimizar el asunto para reducir su impacto político y social, lejos de ello ha estremecido a amplios sectores al tiempo que ha conducido a poner en evidencia una serie de responsabilidades oficiales en el tenebroso asunto, enfrentando de nuevo a México con el problema de la escandalosa ineptitud y corrupción del gobierno panista.
1. El caso de Diego Fernández de Cevallos ha estado caracterizado desde un principio por una serie de sospechosas acciones ilegales del gobierno federal, que en un principio se negó a investigar como era su obligación un secuestro llevado a cabo por un comando, relegando la responsabilidad a autoridades del estado de Querétaro, y que muy poco después de dar marcha atrás en su absurda decisión atrayendo el asunto, anunció el 22 de mayo que dejaba de nuevo de investigar para facilitar la intervención de la familia, lo que fue calificado como ilegal por múltiples juristas entrevistados dos días después por La Jornada y como absurdo por abogados de la Suprema Corte, todo lo cual arrojó nuevas sospechas sobre la responsabilidad de Los Pinos en el escabroso caso.
2. Desde esa perspectiva la desaparición del prominente miembro del PAN mostró que en México no hay un estado de derecho y que el propio gobierno panista no actúa conforme a un marco de legalidad ni siquiera para investigar un caso que le afecta de manera toral.
3. La decisión gubernamental de no informar tampoco sobre lo acontecido en un caso que desde un principio apareció esencialmente como político, las contradictorias declaraciones del propio Calderón y de algunos de los funcionarios del gabinete (que negaron fuese un secuestro o un crimen vinculado al narco) y la orden oficial a los medios más sumisos de no tocar el caso en sus informativos, cumplida a cabalidad por Televisa, coartando así el derecho de los mexicanos a la información, condujo no nada más a que se entendieran las investigaciones de algunos medios y a que otros especularan sobre la probable responsabilidad de las fuerzas más oscuras del blanquiazul en el caso.
4. Los torpes intentos de Calderón por presentarse ante los medios, primero en Europa y en Estados Unidos y luego ante el Consejo Nacional del PAN el sábado 22, como un amigo de Diego, cuando todo mundo conoce la realidad de sus enfrentamientos y la hostilidad profunda existente entre ambos, y sus múltiples y gravísimos enfrentamientos, no llevó más que a evidenciar la sordidez de las luchas internas de la extrema derecha mexicana por el poder y el enfrentamiento de las estrategias que tienen esos grupos que tanto daño le han hecho a México por mantenerse a cualquier precio en el poder en 2012, lanzando así una amenaza a todas las fuerzas políticas del país sobre las intenciones que tienen y que en múltiples evidencias anuncian que no se arredraran para utilizar incluso medios criminales para alcanzar sus objetivos.
5. Los esfuerzos oficiales por silenciar el asunto se revirtieron muy pronto, como era de suponerse, contra el gobierno, que a pesar de todo no parece haberse dado cuenta de ello. El tema de la personalidad oscura de Diego Fernández de Cevallos, un individuo entregado al tráfico de influencias, y que como muchos otros miembros de Acción Nacional ha alcanzado una fortuna descomunal gracias a la corrupción prevaleciente en los gobiernos panistas de Fox y de Calderón –la que ha sido igual o superior a la existente en los sexenios priístas de Salinas y de Zedillo–, presentado en su caso como una retribución por sus servicios para alcanzar la alianza PRI-PAN, sustituyó al de la investigación ministerial sobre el caso. En una nota aparecida en Proceso 1751 (pp. 21-23) se da cuenta de que Diego es propietario, como moderno señor feudal, amén de sus propiedades en el Distrito Federal y otros sitios, y de La Cabaña donde fue raptado, de más de 20 haciendas, ranchos y fincas en los estados de Querétaro y Guanajuato, que no le alcanza el tiempo para visitar.
6. Dichas propiedades –adquiridas todas ellas durante estos años en los que con el señuelo de que México ha estado en un proceso de alternancia y de tránsito a la democracia, los panistas se aprovecharon para acumular fortunas escandalosas en base a los servicios que asumen están prestando al gran capital trasnacional para desmantelar a la nación mexicana y entregarle nuestras riquezas estratégicas– constituyen un símbolo de lo que son hoy día el PAN y la derecha mexicana.
7. El rapto del barbón ha contribuido, a pesar del gobierno calderonista, a desnudar aún más la actual mecánica del poder y a evidenciar que en México no existe un proceso de democratización sino una vulgar lucha subterránea por el poder entre las diversas facciones de la derecha, en la que se ha relegado a los mexicanos al papel de meros espectadores.
8. El efecto del intento de silenciamiento del caso Diego no tuvo por otra parte impacto en el exterior, pues si bien los medios allegados a la extrema derecha trasnacional y a las poderosas corporaciones a las que se hallan asociados Calderón y sus amigos les echaron como siempre la mano en los diarios que controlan, en la mayor parte de los sitios a los que ha acudido el espurio panista lo han perseguido acusaciones por la represión en San Juan Copala (Oaxaca), por sus políticas de tráfico de influencias y de complicidad con consorcios en materia de energía, por sus acciones violatorias de los derechos fundamentales de los trabajadores, por el hecho vergonzoso de que haya presos políticos en México –como Ignacio del Valle, dirigente campesino de San Salvador Atenco, y varios de sus compañeros, encarcelados injustamente desde hace cuatro años–, o por sus políticas criminales de supuesta guerra “contra el narco”, que no son otra cosa que un intento más por amedrentar y doblegar a los mexicanos en un marco de criminalización de los movimientos sociales.
9. En Europa y en Estados Unidos, a pesar de silenciar el caso Diego, Felipe Calderón no supo enfrentar en este mayo negro el señalamiento de organizaciones civiles y sindicales de múltiples países que lo acusaron de encabezar un gobierno fanático de extrema derecha empeñado en violar de manera particular los derechos de la clase trabajadora de México, trasgrediendo no nada más la Constitución y las leyes de nuestro país sino los convenios, acuerdos y pactos suscritos por México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los electricistas del SME, de los cuales más de 70 siguen en huelga de hambre desde el 25 de abril, protestan por la ilegal desaparición de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro y por la violación flagrante de las leyes laborales de México para despedir impunemente y al margen de la ley a 44 mil trabajadores, hasta ahora con la complicidad de la Suprema Corte, en una agresión sin precedentes en América Latina.
10. El caso Diego no ha hecho, de tal suerte, más que poner en evidencia, aún más, la corrupción descarada y galopante que existe en el gobierno panista de Felipe Calderón, y su entreguismo al gran capital trasnacional y al gobierno estadunidense.

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