26 de mayo 2010
Renuncia tardía e insuficiente
Editorial
La Jornada, 26 mayo 2010.
A cuatro días de haber dado por cerrada la investigación en torno a la muerte de la menor Paulette Gebara Farah y de haber concluido que ese fallecimiento se debió a un accidente, Alberto Bazbaz Sacal, hasta ayer titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), renunció a su cargo en medio de un profundo desprestigio personal y de una extendida pérdida de confianza ciudadana hacia la dependencia que encabezó y hacia la institucionalidad mexiquense en general.
Preferible a la dimisión de ayer habría sido una destitución hace por lo menos un mes, cuando resultó evidente que la investigación del caso Paulette no tenía más rumbo que el de los errores persistentes: de entrada, el servilismo obsequioso hacia una familia pudiente que contrastó con la falta de interés y la abulia que provocan en las autoridades los muchos otros casos de niños desaparecidos en el estado de México y cuyos familiares, de escasos recursos, no pueden aspirar a una atención personalizada como la que brindaron los más altos funcionarios de la procuraduría mexiquense a la familia Gebara Farah; luego, el ahora ex procurador promovió, con insinuaciones y filtraciones a los medios –carentes de sustento, según sus propias conclusiones–, el linchamiento social y mediático de la madre de la menor fallecida, Lissette Farah (quien se quejó de haber sido golpeada por su esposo en las instalaciones mismas de la PGJEM, sin que interviniera ningún funcionario y sin que haya habido interés en investigar el hecho); las empleadas domésticas Érika y Martha Casimiro Cesáreo sufrieron un largo hostigamiento policial y el cateo de domicilios de parientes suyos; por añadidura, los encargados de la investigación actuaron con descuido injustificable en el sitio central de la pesquisa y, por si fuera poco, el propio Bazbaz sostuvo en público que la menor había sido asesinada.
Editorial
La Jornada, 26 mayo 2010.
A cuatro días de haber dado por cerrada la investigación en torno a la muerte de la menor Paulette Gebara Farah y de haber concluido que ese fallecimiento se debió a un accidente, Alberto Bazbaz Sacal, hasta ayer titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), renunció a su cargo en medio de un profundo desprestigio personal y de una extendida pérdida de confianza ciudadana hacia la dependencia que encabezó y hacia la institucionalidad mexiquense en general.
Preferible a la dimisión de ayer habría sido una destitución hace por lo menos un mes, cuando resultó evidente que la investigación del caso Paulette no tenía más rumbo que el de los errores persistentes: de entrada, el servilismo obsequioso hacia una familia pudiente que contrastó con la falta de interés y la abulia que provocan en las autoridades los muchos otros casos de niños desaparecidos en el estado de México y cuyos familiares, de escasos recursos, no pueden aspirar a una atención personalizada como la que brindaron los más altos funcionarios de la procuraduría mexiquense a la familia Gebara Farah; luego, el ahora ex procurador promovió, con insinuaciones y filtraciones a los medios –carentes de sustento, según sus propias conclusiones–, el linchamiento social y mediático de la madre de la menor fallecida, Lissette Farah (quien se quejó de haber sido golpeada por su esposo en las instalaciones mismas de la PGJEM, sin que interviniera ningún funcionario y sin que haya habido interés en investigar el hecho); las empleadas domésticas Érika y Martha Casimiro Cesáreo sufrieron un largo hostigamiento policial y el cateo de domicilios de parientes suyos; por añadidura, los encargados de la investigación actuaron con descuido injustificable en el sitio central de la pesquisa y, por si fuera poco, el propio Bazbaz sostuvo en público que la menor había sido asesinada.
La perla que coronó esa larga secuencia de atropellos, despropósitos y torpezas, fue la conclusión, presentada la semana pasada por el ahora ex procurador, de que Paulette se había asfixiado de manera accidental y que su cadáver había permanecido nueve días al pie de su cama, sin que nadie, ni familiares ni agentes investigadores que pulularon por la habitación se dieran cuenta.
Tan grave como la manifiesta incapacidad del funcionario para resolver el caso fue el empecinamiento de Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, en mantener en el cargo, contra viento y marea, a Bazbaz. Casi 40 días después de la desaparición de Paulette, cuando ya el desempeño de su procurador resultaba insostenible, Peña Nieto afirmó: Confiamos en él y por ello sigue ahí.
Así como resulta inaceptable la versión oficial finalmente pergeñada y difundida, no se debe permitir que la dimisión tardía de Bazbaz sea usada como medida de control de daños para poner punto final a este sórdido episodio. Es necesario, en cambio, rehacer la investigación en torno a la muerte de Paulette Gebara Farah, no sólo porque la explicación de la PGJEM es a todas luces inverosímil, sino también porque cabe presumir que, en el curso de la impresentable indagatoria, diversos funcionarios públicos pudieron cometer delitos y violaciones a los derechos humanos.
Una vez que se dio a conocer la dimisión de Bazbaz, Peña Nieto, lejos de asumir su propia responsabilidad y la de su subordinado, se quejó de que los partidos quieran llevar la ganancia política a sus terrenos. Se equivoca el gobernante: el desastroso manejo oficial en torno a la muerte de la niña Paulette Gebara no puede producir ganancias a nadie; se traduce, en cambio, en graves pérdidas para la credibilidad de la justicia en el estado de México y en el país, y en un rotundo descrédito a las instituciones mexiquenses en su conjunto.
Sí, “Paulette tira a Peña Nieto”
Ricardo Alemán
El Universal, 26 mayo 2010.
El lunes 12 de abril titulamos el Itinerario Político como hoy; “Paulette tira a Peña Nieto”. Planteamos la hipótesis de que el escándalo “Paulette” parecía destinado a convertirse en el más duro golpe a la imagen y popularidad del aventajado presidenciable. ¿Por qué la hipótesis?
Porque si bien Peña Nieto no es culpable de las incapacidades de su procurador —a pesar de que es responsable de nombrarlo—, sí es aval de los resultados de la gestión —buena o mala—, de Alberto Bazbaz. Desde aquel 12 de abril era evidente la impericia de Bazbaz, pero también la arrogancia del gobernador mexiquense, que no sólo se negó a despedirlo sino lo obligó a una conclusión que nadie creyó; el accidente de Paulette.
Aquel 12 de abril señalamos que un presidenciable aventajado como Peña, no podía dejar su imagen, popularidad, credibilidad y confianza, en manos de un burócrata torpe como Bazbaz; y que más allá de que Peña Nieto lograra la candidato presidencial o ser presidente, los ciudadanos ya no quieren gobiernos incapaces de resolver escándalos como el de Paulette, y menos a servidores públicos ineficaces como Bazbaz. Por eso la duda: “¿Escuchará Peña Nieto a los ciudadanos, o se comportará con la arrogancia del viejo PRI. Al tiempo”.
Para algunas y algunos opinantes, era “una conspiración de los columnistas” la hipótesis de que el escándalo Paulette se convertiría en el más severo golpe a la imagen y popularidad de Peña Nieto. Lo cierto es que hoy el mandatario mexiquense vive la mayor crisis de descrédito y rechazo —luego de una larga luna de miel—, además de que se exhibió no como el político moderno que muchos creían, sino como heredero del más rancio priísmo. El caso Paulette y el tiempo mostraron que Peña Nieto porta la misma genética del viejo PRI.
Y es que sólo así se explica la torpeza de nombrar a Bazbaz como procurador, la arrogancia de sostenerlo a pesar de su probada impericia; la insensibilidad de empujarlo al acto supremo del suicidio político —al avalar un accidente donde nadie lo ve—, y la grosera conclusión de la “degollina”, al convertirlo en chivo expiatorio de una barbacoa en la que se cocinan juntos Peña Nieto y Bazbaz.
El gobernador mexiquense nunca entendió --y menos aplicó--, bondades del viejo PRI; como la máxima de que “en política lo que parece, es”, o el igualmente sabio: “si quieres que nadie se entere, no lo hagas”. Se engolosinó con los cuernos de la luna de la popularidad. El PAN y el PRD se empañan en tirar a Peña Nieto. Lo que no saben es que se cae solo.
Astillero
Poncio Peñatos. El obediente Bazbaz. Comisión de la verdad . ¿Y el jefe Diego?
Julio Hernández López
La Jornada, 26 mayo 2010.
Enrique Peña Nieto sacrificó al peón procurador para tratar de salvar su precandidatura presidencial. No hay ánimos justicieros ni pretensión de castigar a quien haya sido responsable de la ofensa social que constituye el caso Paulette (que, en realidad, es el propio gobernador del estado de México), sino cálculos relacionados con la imagen pública y las encuestas de opinión. A fin de cuentas, el obediente funcionario expiatorio, Alberto Bazbaz, deja cerrado el expediente y cumplidos los compromisos oscuros que motivaron la más escandalosa de las manipulaciones en materia de procuración de justicia de los últimos tiempos, así es que cumplido ese ciclo y mantenido el imperio de las complicidades, Peña Nieto puede prescindir del subordinado crecientemente incómodo y tratar de pasar a otra etapa de su carrera por Los Pinos, tal vez mediante el uso distractor de algún anuncio de enlace conyugal, al estilo satisfactoriamente usado por el panista César Nava con la cantante Patylú.
Sin embargo, a pesar de las maniobras de control de daños realizadas en Toluca, el daño político no será fácilmente remontable, puesto que a nadie le es oculto que las verdaderas decisiones en la política del estado de México las toma el gobernador Peña Nieto y que el curso y desenlace de las investigaciones relacionadas con la tragedia de Interlomas le son absolutamente adjudicables a él, no sólo en función de organigramas administrativos, relación personal con Bazbaz y estilo impositivo de gobierno, sino aun por la vía simple de la adhesión expresa que días antes hizo el propio gobernador a las actuaciones y la figura de su amigo y dependiente en problemas.
Pero el relevo del procurador, que ahora queda en gran disposición para alquilar sus servicios a alguna firma productora de colchones o de tendido de camas, no significará en realidad más que un cambio obligado de nombre y apellidos en la papelería oficial. Lo esencial continuará tal como largamente se ha mantenido en ese rico e importante estado bajo dominio de una mafia política que se turna la ocupación de la silla de gobierno bajo el compromiso no escrito de sostener los privilegios e intereses de las familias coaligadas (varios de cuyos júniores van ocupando los sitiales dorados, listos todos para preservar el estatus convenido). Hoy ha estallado el caso Paulette por sus aristas extremadamente inaceptables, por las evidencias de manipulación y engaño que irritan a la mayoría de la población, pero diariamente se viven en esa entidad múltiples casos de abuso, desatención, burla, privilegios e injusticia en los diferentes órganos de la administración pública, convertido el aparato burocrático en un instrumento de saqueo de los bolsillos populares y de protección de los intereses de las elites, paraíso de corrupción que ahora pretende llenar sus arcas extraoficiales de dinero suficiente para empujar al jefe máximo, el gobernador Peña Nieto, como candidato a mantener y mejorar el sistema local en el plano nacional.
En ese contexto, la dimisión de Bazbaz no significa más que una maniobra hipócrita del gobernador gavioto para aparentar que algo hace ante el enojo popular. El renunciante, pero sobre todo su patrón de copete intacto, deben ser sometidos a formas de escrutinio y eventual castigo formales, y la remoción de funcionarios debe significar cambios profundos y evidentes. No le ayuda a ese gobernador bajo crítica lupa el pretender adjudicar la exigencia de justicia a tretas partidistas y ánimos de politizar lo que de manera natural es político: la exigencia de buenas cuentas en el ejercicio de gobierno. El jefe de una banda de intervenciones electorales en otros estados, que ha sometido el erario y el ejercicio de gobierno a ambiciones partidistas y proyectos presidenciales, que derrocha el dinero público en pagar promociones personales en los grandes canales de televisión, no puede usar con actitud de doliente damnificado el argumento de las partidizaciones y la politización.
Así pues, el resultado del montaje de ayer no puede quedar en una especie de borrón y cama nueva. Para alcanzar una mínima credibilidad, el expediente Paulette debe ser reabierto y puesto a disposición de quien tenga interés en analizarlo pero, en especial, de una comisión de la verdad que sea integrada por personajes en los que la sociedad tenga confianza. El ideal de justicia no debe truncarse solamente porque determinada persona fue instruida de renunciar para cubrir formas o aparentar cambios: en el vergonzosamente increíble manejo delictivo del expediente Paulette hubo responsables que deben ser castigados, al igual que quienes hubieran participado en los actos criminales en sí, en caso de que así quedara demostrado en una indagación autónoma y confiable. De otra manera, todo seguirá siendo manejado en función de intereses inmediatos de corte electoral, con la vista puesta en los comicios venideros, con la consigna facciosa de ganar el poder para hacer que todo continúe igual a nivel nacional.
Astillas
La lógica terrible de la disminución del impacto de un hecho mediante la aparición de otro, igual o peor, ha llevado a un segundo plano el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, sobre cuya suerte se tejen cada vez más elaboradas versiones, ninguna de ellas benéfica para lo que de salud quedara de este régimen... Adiós a don Gabriel Vargas, creador de historias entrañables y perdurables, artista del barrio, padre fundador de la dinastía de pueblo que con Regino y Borola se ha extendido por los confines nacionales... Y, mientras un foro de gobernadores era interrumpido ayer por la demanda lastimera de un hombre en desgracia como los muchos que hay en el país, ¡hasta mañana en esta columna que ve las consecuencias del triunfo discursivo de Calderón en el Capitolio: mil 200 miembros de la Guardia Nacional gringa a la frontera (envío que Felipe, el extrañamente optimista, quiere ver como freno al paso de armas a México, no de migrantes mexicanos a EU)!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Justicia y libertad para los presos de Atenco
Adolfo Gilly
La Jornada, 26 mayo 2010.
Más de tres años y medio de cárcel, desde el 4 de mayo de 2006, llevan los 12 presos de San Salvador Atenco, tres de ellos en un penal de alta seguridad, con condenas de hasta 112 años de cárcel. Están lejos de sus hogares, con visitas restringidas y controladas, en condiciones de encarcelamiento peores que en los aciagos tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que ya es mucho decir.
Los diversos delitos inexistentes de los cuales se les acusa, fabricados por el aparato policial y judicial al servicio del Presidente de la República y de los gobernadores, se disolverían como niebla al viento si existiera en nuestro país una justicia independiente, primera condición de democracia y equidad. No la hay ahora, no la hubo antes. Y mientras no la haya, no habrá democracia ni habrá paz en tierras mexicanas.
A los presos de Atenco se les aplica la monstruosidad jurídica del supuesto delito de secuestro equiparado. Así califican a la retención momentánea de un funcionario en un conflicto social para exigir el cumplimiento de acuerdos que la autoridad firma y no respeta. Es una forma plurisecular de protesta, heredada por México de la Nueva España y practicada hoy, entre otras naciones, en la República Francesa por los trabajadores de industrias modernas. Tal acción, tan universal como los cortes temporales de calles o caminos en la fase aguda de un conflicto, ahora en México se la equipara con el secuestro de persona para fines de extorsión, que hoy prolifera en el territorio nacional, y se le aplican penas similares. Inaudito.
Una agravante se suma en el presente caso. No existen pruebas fehacientes de que los acusados hayan retenido a alguien, mientras los expedientes judiciales desbordan de pruebas de que las fuerzas represivas federales y estatales cometieron en San Salvador Atenco una serie de delitos abominables, desde la violación de las mujeres detenidas hasta el allanamiento de domicilios de los pobladores con destrucción y robo de bienes, más el asesinato de dos jóvenes.
Todo esto ocurrió, no lo olvidemos, en la presidencia de Vicente Fox Quesada, con un alto componente de venganza personal y política porque la resistencia de San Salvador Atenco en defensa de sus tierras y sus derechos había impedido el negocio del nuevo aeropuerto y deshecho el sueño de que un día llevara su nombre.
El agravio a la justicia es doble: quienes deberían estar libres, están presos y sentenciados; quienes deberían estar bajo proceso penal, están libres e impunes. Esta situación es una de las tantas prendas de la alianza de hecho entre el Presidente de México, Felipe Calderón, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Su objetivo inmediato es criminalizar la protesta social, asfixiar la libertad de organización, infundir el miedo y avanzar en la militarización de la sociedad y de los gobiernos en México. Otros objetivos, ya se verá.
Es una redición en estos tiempos de la alianza histórica entre el PRI y el PAN desde los años 40 del siglo pasado, nunca desmentida en los hechos, para asegurar el mando autoritario y la obediencia resignada que ellos llaman gobernabilidad, palabreja que políticos apenas llegados al disfrute de los privilegios institucionales han hecho propia; y, como suele suceder con los neófitos, la repiten con ignorancia y fruición.
***
La criminalización y la represión de los movimientos sociales avanzan en todo el país, de la mano con la militarización del territorio, la depredación ambiental, el desempleo y el despojo, tanto bajo gobiernos del PRI, como en Oaxaca y Puebla; gobiernos del PAN, como en Querétaro y Morelos; y gobiernos del PRD, como en Chiapas y Guerrero.
Ante esta perspectiva se hace indispensable, y también urgente, unificar los movimientos y las luchas por la libertad de los presos políticos y sociales, a cualquier organización éstos pertenezcan y cualesquiera sean las legítimas causas que defiendan y sus diferencias o matices sobre otros temas.
La libertad de los presos políticos y sociales es hoy una demanda universal, que abre el camino a todas las otras causas populares: la del SME; la del EZLN y los derechos indígenas; la del respeto al voto; la de los salarios, la seguridad social y los derechos laborales; la de la educación gratuita para todos; la de las mujeres y la defensa del derecho legal al aborto; la de los migrantes: todas.
Una defensa jurídica bien fundada es una instancia y una llave indispensable en los procesos penales de los presos políticos. Pero la movilización, la organización y la protesta unificada por su libertad es la fuerza que puede hacer girar esa llave para abrir de una buena vez las puertas de las cárceles.
***
La causa de la libertad de los presos políticos y sociales en Molino de Flores, en el Altiplano, en El Amate de Chiapas, en Querétaro, en Tepic, en donde sea, es común a todos y abre posibilidades de organización para todos. Esos presos son rehenes para suscitar el miedo y paralizar las demandas y los movimientos de la sociedad. Conquistar su libertad es abrir las ventanas en el asfixiante clima social y político que envuelve al país. Es contribuir a detener el desborde de la militarización y de la impunidad; a combatir la naturalización del narcotráfico y sus crímenes como parte de la vida cotidiana y de los sufrimientos de la población; a desterrar las finanzas del narco y de las armas como componente estable y necesario de la economía del país; y a desbaratar el proyecto de Estado autoritario, militar, policial y clerical que anida en las políticas del gobierno federal y de sus aliados y patrocinadores en el país y en el exterior.
Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y otros más con ellos, quieren celebrar el 2010 con una nación de presos políticos y de gobiernos autoritarios y represivos, con la guerra interna instalada como forma natural de la vida social y de la subordinación política, un país de migrantes sin protección y un pueblo sin organización para hacer valer sus derechos. Arrancar a los presos políticos de las cárceles, a todos sin distinción, es la más urgente tarea para detener y revertir ese curso de destrucción y desolación y para festejar en libertad, en el cercano 2010, las dos grandes revoluciones de la historia mexicana.
La percepción de la injusticia
Mauricio Merino
El Universal, 26 mayo 2010.
Es difícil compartir una idea común de la justicia. Cada quien suele tener percepciones diferentes sobre la moral y el deber ser, y también sobre la decisión de intervenir en otras vidas o sobre los límites a la influencia de otros en nuestra vida propia, etcétera. En cambio, es mucho más fácil advertir la injusticia cuando ocurre. En cuestiones de ética pública, la negación práctica de los valores que nos permiten convivir es mucho más clara y pedagógica que cualquier afirmación. Aunque también duele mucho más.
En La idea de la justicia –un libro recién publicado en castellano--, Amartya Sen lo dice de la manera más sencilla: “Lo que nos mueve con razón suficiente no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir“. Injusticias que multiplicadas de manera sistemática, sin embargo, nos llevan a la convicción de que vivimos en un lugar donde la justicia es simplemente una quimera, pues una cosa es advertir una injusticia y otra diferente vivir rodeado de ellas o, peor aún, asumirlas como una forma de vida.
Digo esto porque la última semana ha estado plagada de esas señas de injusticia que duelen y mueven la conciencia. Por ejemplo, las conclusiones a las que llegó la Procuraduría de Justicia del Estado de México sobre el “trágico accidente“ que sufrió la niña Paulette Gebara. Ya se ha dicho casi todo y sale sobrando añadir algo más sobre ese caso lamentable. No obstante, el episodio que comenzó como voyerismo colectivo ha terminado en una trágica injusticia: en una burla.
En otro sentido, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos es, al mismo tiempo, una consecuencia y la causa de otras injusticias. Tras la captura, no sólo vuelve a quedar de manifiesto la ineficacia de la fuerza pública para localizar al personaje y rescatarlo, sino la modesta y silenciosa rendición del Estado ante la contundencia de los criminales. No sólo hay una tragedia en el secuestro, sino que la hay también en la aceptación explícita de que la mejor contribución que puede hacer el gobierno mexicano a la recuperación de Fernández de Cevallos es mantenerse al margen. El chantaje no sólo sucede por la impotencia de quien lo padece, sino que es una de las formas más diáfanas de la injusticia. Y por lo visto nadie quiere siquiera parpadear para evitar el enfado de los secuestradores y facilitar lo que, con un doloroso eufemismo, se califica como una pronta y eficaz negociación. Fernández de Cevallos está lejos de compararse con una niña discapacitada e indefensa, pero si tampoco él puede apelar a la justicia, entonces ¿quién puede hacerlo?
Como si se tratara de una explicación, esta semana nos enteramos también de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tuvo a bien ponerse por encima del IFAI, arrogándose facultades que nadie le otorgó, para impedir que se abriera información que debería ser pública. Ese tribunal existe para salvaguardar el derecho de las personas ante los abusos de las autoridades administrativas. Pero en esta ocasión decidió actuar al revés: aceptó defender a las autoridades que se niegan a ofrecer información para negarle ese derecho constitucional a las personas. Otra injusticia manifiesta, avalada con retórica jurídica, que de aceptarse mataría de plano la existencia del IFAI.
Por fortuna, en estos días también nos enteramos de que el documental Presunto Culpable, producido por Roberto Hernández y Layda Negrete, se ha convertido en un éxito en cada festival de cine que va pisando. Ambos habían producido El túnel, cuando fueron profesores de derecho en el CIDE. Y tras esa experiencia, saltaron al éxito mundial con este nuevo documento cinematográfico que revela una larga secuencia de injusticias cometidas sobre alguien que no tuvo más falta que pasar por el lugar inapropiado en el momento más inoportuno, y convertirse en otro de los expedientes construidos ad hoc por ministerios públicos y jueces mexicanos para justificar el sueldo que les pagan. Dos académicos del CIDE convertidos de pronto en productores de documentales, que decidieron poner en una cinta la evidencia dura de la injusticia mexicana.
Sé de sobra que hay muchos más ejemplos, día a día. Solamente he recogido algunos de los que han estado presentes en la prensa mexicana durante la última semana. Y me pregunto si Amartya Sen tiene razón y algún día podremos construir un sentido de justicia colectiva –que es nuestra condición fundamental para sobrevivir-- a partir de la reiteración de esos ejemplos de injusticia. Ojalá sea de ese modo, para evitar que sigan siendo parte del paisaje cotidiano.
Profesor investigador del CIDE
Nuevo catarrito por Europa
Rogelio Ramirez de la O
El Universal, 26 mayo 2010.
La crisis del euro es parte de la misma crisis iniciada en 2008, sólo en una nueva fase. Tiene consecuencias negativas en México, aunque no comparables a las de 2009, si los gobiernos no cometen demasiados errores. Si hay errores, el desplome será mayúsculo.
México será afectado en tres circuitos. Uno es la exportación mexicana y el turismo europeo. Otro son los flujos de inversión y de crédito. Y el tercero, el más importante, los efectos sobre la economía global.
El impacto directo en las exportaciones mexicanas es pequeño, pues sólo el 5% de ellas y 13% de las importaciones son con la Unión Europea. El impacto en el turismo es similar, aunque ocurre cuando el turismo ya está muy golpeado.
Los flujos de inversión directa europea son más importantes y tendrán mayor impacto, sobre todo en las manufacturas y la construcción. La inversión de España en México ya se desplomó desde 2009, lo que explica gran parte de la parálisis en infraestructura, así como que un solo año estos flujos hayan caído de 23 mil millones a 11 mil millones de dólares. Con la nueva situación pueden caer más o no recuperarse.
Otro efecto es sobre el crédito, por la alta participación de los bancos españoles en México. La crisis de Europa ha mutado de crisis fiscal en varias naciones a una crisis de todos los bancos europeos. Esto porque dichos bancos tienen sus balances copados no sólo de bonos gubernamentales de Grecia, España, Irlanda o Portugal que hoy no hay quien los quiera comprar. También tienen deuda privada. Por lo tanto tendrán que seguir tomando pérdidas ante una recesión tan profunda, en especial la deuda española de vivienda, construcción, bienes raíces y consumo, estando el desempleo en 20% y aumentando con las medidas de ajuste.
España, aparte de la deuda gubernamental de 53% del PIB, tiene deuda de las familias por 88% del PIB, más deuda corporativa de 136% del PIB. Simplemente, el país está bajo una montaña de deuda. Para tratar de fortalecer su capital frente a pérdidas probables los bancos españoles recortarán el crédito en México y repatriarán todo lo que puedan a Madrid.
El efecto más serio estará en el impacto global de la crisis de Europa. Estos países son el principal cliente de China y de otros países asiáticos, los cuales ya esperan una caída de exportaciones y producción. Por lo tanto habrá menor demanda de materias primas y menor crecimiento en los países exportadores de materias primas.
Al igual van a resultar golpeadas las exportaciones estadounidenses y, de ahí, indirectamente las de México. Por eso el crecimiento global será menor que lo que se esperaba hasta hace poco. El encarecimiento del crédito será global, mientras haya desconfianza en la solidez de los bancos europeos y cómo afectan a los bancos de otros países.
La principal fuente de posibles errores estriba en que quien tiene la única chequera de Europa (Alemania) no está al frente de las decisiones inmediatas indispensables en casos de pánico ni de la comunicación. Las decisiones pasan por toda la burocracia política europea. Más aun, la población alemana está en contra de rescatar a otros países y sobre todo a los bancos, sabiendo que éstos financiaron los excesos y ahora no quieren reconocer sus pérdidas.
México estaba apenas rebotando de la caída que tuvo en 2009 de 6.5% en su producto interno bruto. El rebote había sido fuerte en la industria automotriz, pero no había impulsado aún el empleo. Por eso el mercado interno no comienza a recuperarse. Hoy las expectativas deben revisarse a la baja, no sólo para 2010, sino para varios años.
rograo@gmail.com
Analista económico
Tan grave como la manifiesta incapacidad del funcionario para resolver el caso fue el empecinamiento de Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, en mantener en el cargo, contra viento y marea, a Bazbaz. Casi 40 días después de la desaparición de Paulette, cuando ya el desempeño de su procurador resultaba insostenible, Peña Nieto afirmó: Confiamos en él y por ello sigue ahí.
Así como resulta inaceptable la versión oficial finalmente pergeñada y difundida, no se debe permitir que la dimisión tardía de Bazbaz sea usada como medida de control de daños para poner punto final a este sórdido episodio. Es necesario, en cambio, rehacer la investigación en torno a la muerte de Paulette Gebara Farah, no sólo porque la explicación de la PGJEM es a todas luces inverosímil, sino también porque cabe presumir que, en el curso de la impresentable indagatoria, diversos funcionarios públicos pudieron cometer delitos y violaciones a los derechos humanos.
Una vez que se dio a conocer la dimisión de Bazbaz, Peña Nieto, lejos de asumir su propia responsabilidad y la de su subordinado, se quejó de que los partidos quieran llevar la ganancia política a sus terrenos. Se equivoca el gobernante: el desastroso manejo oficial en torno a la muerte de la niña Paulette Gebara no puede producir ganancias a nadie; se traduce, en cambio, en graves pérdidas para la credibilidad de la justicia en el estado de México y en el país, y en un rotundo descrédito a las instituciones mexiquenses en su conjunto.
Sí, “Paulette tira a Peña Nieto”
Ricardo Alemán
El Universal, 26 mayo 2010.
El lunes 12 de abril titulamos el Itinerario Político como hoy; “Paulette tira a Peña Nieto”. Planteamos la hipótesis de que el escándalo “Paulette” parecía destinado a convertirse en el más duro golpe a la imagen y popularidad del aventajado presidenciable. ¿Por qué la hipótesis?
Porque si bien Peña Nieto no es culpable de las incapacidades de su procurador —a pesar de que es responsable de nombrarlo—, sí es aval de los resultados de la gestión —buena o mala—, de Alberto Bazbaz. Desde aquel 12 de abril era evidente la impericia de Bazbaz, pero también la arrogancia del gobernador mexiquense, que no sólo se negó a despedirlo sino lo obligó a una conclusión que nadie creyó; el accidente de Paulette.
Aquel 12 de abril señalamos que un presidenciable aventajado como Peña, no podía dejar su imagen, popularidad, credibilidad y confianza, en manos de un burócrata torpe como Bazbaz; y que más allá de que Peña Nieto lograra la candidato presidencial o ser presidente, los ciudadanos ya no quieren gobiernos incapaces de resolver escándalos como el de Paulette, y menos a servidores públicos ineficaces como Bazbaz. Por eso la duda: “¿Escuchará Peña Nieto a los ciudadanos, o se comportará con la arrogancia del viejo PRI. Al tiempo”.
Para algunas y algunos opinantes, era “una conspiración de los columnistas” la hipótesis de que el escándalo Paulette se convertiría en el más severo golpe a la imagen y popularidad de Peña Nieto. Lo cierto es que hoy el mandatario mexiquense vive la mayor crisis de descrédito y rechazo —luego de una larga luna de miel—, además de que se exhibió no como el político moderno que muchos creían, sino como heredero del más rancio priísmo. El caso Paulette y el tiempo mostraron que Peña Nieto porta la misma genética del viejo PRI.
Y es que sólo así se explica la torpeza de nombrar a Bazbaz como procurador, la arrogancia de sostenerlo a pesar de su probada impericia; la insensibilidad de empujarlo al acto supremo del suicidio político —al avalar un accidente donde nadie lo ve—, y la grosera conclusión de la “degollina”, al convertirlo en chivo expiatorio de una barbacoa en la que se cocinan juntos Peña Nieto y Bazbaz.
El gobernador mexiquense nunca entendió --y menos aplicó--, bondades del viejo PRI; como la máxima de que “en política lo que parece, es”, o el igualmente sabio: “si quieres que nadie se entere, no lo hagas”. Se engolosinó con los cuernos de la luna de la popularidad. El PAN y el PRD se empañan en tirar a Peña Nieto. Lo que no saben es que se cae solo.
Astillero
Poncio Peñatos. El obediente Bazbaz. Comisión de la verdad . ¿Y el jefe Diego?
Julio Hernández López
La Jornada, 26 mayo 2010.
Enrique Peña Nieto sacrificó al peón procurador para tratar de salvar su precandidatura presidencial. No hay ánimos justicieros ni pretensión de castigar a quien haya sido responsable de la ofensa social que constituye el caso Paulette (que, en realidad, es el propio gobernador del estado de México), sino cálculos relacionados con la imagen pública y las encuestas de opinión. A fin de cuentas, el obediente funcionario expiatorio, Alberto Bazbaz, deja cerrado el expediente y cumplidos los compromisos oscuros que motivaron la más escandalosa de las manipulaciones en materia de procuración de justicia de los últimos tiempos, así es que cumplido ese ciclo y mantenido el imperio de las complicidades, Peña Nieto puede prescindir del subordinado crecientemente incómodo y tratar de pasar a otra etapa de su carrera por Los Pinos, tal vez mediante el uso distractor de algún anuncio de enlace conyugal, al estilo satisfactoriamente usado por el panista César Nava con la cantante Patylú.
Sin embargo, a pesar de las maniobras de control de daños realizadas en Toluca, el daño político no será fácilmente remontable, puesto que a nadie le es oculto que las verdaderas decisiones en la política del estado de México las toma el gobernador Peña Nieto y que el curso y desenlace de las investigaciones relacionadas con la tragedia de Interlomas le son absolutamente adjudicables a él, no sólo en función de organigramas administrativos, relación personal con Bazbaz y estilo impositivo de gobierno, sino aun por la vía simple de la adhesión expresa que días antes hizo el propio gobernador a las actuaciones y la figura de su amigo y dependiente en problemas.
Pero el relevo del procurador, que ahora queda en gran disposición para alquilar sus servicios a alguna firma productora de colchones o de tendido de camas, no significará en realidad más que un cambio obligado de nombre y apellidos en la papelería oficial. Lo esencial continuará tal como largamente se ha mantenido en ese rico e importante estado bajo dominio de una mafia política que se turna la ocupación de la silla de gobierno bajo el compromiso no escrito de sostener los privilegios e intereses de las familias coaligadas (varios de cuyos júniores van ocupando los sitiales dorados, listos todos para preservar el estatus convenido). Hoy ha estallado el caso Paulette por sus aristas extremadamente inaceptables, por las evidencias de manipulación y engaño que irritan a la mayoría de la población, pero diariamente se viven en esa entidad múltiples casos de abuso, desatención, burla, privilegios e injusticia en los diferentes órganos de la administración pública, convertido el aparato burocrático en un instrumento de saqueo de los bolsillos populares y de protección de los intereses de las elites, paraíso de corrupción que ahora pretende llenar sus arcas extraoficiales de dinero suficiente para empujar al jefe máximo, el gobernador Peña Nieto, como candidato a mantener y mejorar el sistema local en el plano nacional.
En ese contexto, la dimisión de Bazbaz no significa más que una maniobra hipócrita del gobernador gavioto para aparentar que algo hace ante el enojo popular. El renunciante, pero sobre todo su patrón de copete intacto, deben ser sometidos a formas de escrutinio y eventual castigo formales, y la remoción de funcionarios debe significar cambios profundos y evidentes. No le ayuda a ese gobernador bajo crítica lupa el pretender adjudicar la exigencia de justicia a tretas partidistas y ánimos de politizar lo que de manera natural es político: la exigencia de buenas cuentas en el ejercicio de gobierno. El jefe de una banda de intervenciones electorales en otros estados, que ha sometido el erario y el ejercicio de gobierno a ambiciones partidistas y proyectos presidenciales, que derrocha el dinero público en pagar promociones personales en los grandes canales de televisión, no puede usar con actitud de doliente damnificado el argumento de las partidizaciones y la politización.
Así pues, el resultado del montaje de ayer no puede quedar en una especie de borrón y cama nueva. Para alcanzar una mínima credibilidad, el expediente Paulette debe ser reabierto y puesto a disposición de quien tenga interés en analizarlo pero, en especial, de una comisión de la verdad que sea integrada por personajes en los que la sociedad tenga confianza. El ideal de justicia no debe truncarse solamente porque determinada persona fue instruida de renunciar para cubrir formas o aparentar cambios: en el vergonzosamente increíble manejo delictivo del expediente Paulette hubo responsables que deben ser castigados, al igual que quienes hubieran participado en los actos criminales en sí, en caso de que así quedara demostrado en una indagación autónoma y confiable. De otra manera, todo seguirá siendo manejado en función de intereses inmediatos de corte electoral, con la vista puesta en los comicios venideros, con la consigna facciosa de ganar el poder para hacer que todo continúe igual a nivel nacional.
Astillas
La lógica terrible de la disminución del impacto de un hecho mediante la aparición de otro, igual o peor, ha llevado a un segundo plano el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, sobre cuya suerte se tejen cada vez más elaboradas versiones, ninguna de ellas benéfica para lo que de salud quedara de este régimen... Adiós a don Gabriel Vargas, creador de historias entrañables y perdurables, artista del barrio, padre fundador de la dinastía de pueblo que con Regino y Borola se ha extendido por los confines nacionales... Y, mientras un foro de gobernadores era interrumpido ayer por la demanda lastimera de un hombre en desgracia como los muchos que hay en el país, ¡hasta mañana en esta columna que ve las consecuencias del triunfo discursivo de Calderón en el Capitolio: mil 200 miembros de la Guardia Nacional gringa a la frontera (envío que Felipe, el extrañamente optimista, quiere ver como freno al paso de armas a México, no de migrantes mexicanos a EU)!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Justicia y libertad para los presos de Atenco
Adolfo Gilly
La Jornada, 26 mayo 2010.
Más de tres años y medio de cárcel, desde el 4 de mayo de 2006, llevan los 12 presos de San Salvador Atenco, tres de ellos en un penal de alta seguridad, con condenas de hasta 112 años de cárcel. Están lejos de sus hogares, con visitas restringidas y controladas, en condiciones de encarcelamiento peores que en los aciagos tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que ya es mucho decir.
Los diversos delitos inexistentes de los cuales se les acusa, fabricados por el aparato policial y judicial al servicio del Presidente de la República y de los gobernadores, se disolverían como niebla al viento si existiera en nuestro país una justicia independiente, primera condición de democracia y equidad. No la hay ahora, no la hubo antes. Y mientras no la haya, no habrá democracia ni habrá paz en tierras mexicanas.
A los presos de Atenco se les aplica la monstruosidad jurídica del supuesto delito de secuestro equiparado. Así califican a la retención momentánea de un funcionario en un conflicto social para exigir el cumplimiento de acuerdos que la autoridad firma y no respeta. Es una forma plurisecular de protesta, heredada por México de la Nueva España y practicada hoy, entre otras naciones, en la República Francesa por los trabajadores de industrias modernas. Tal acción, tan universal como los cortes temporales de calles o caminos en la fase aguda de un conflicto, ahora en México se la equipara con el secuestro de persona para fines de extorsión, que hoy prolifera en el territorio nacional, y se le aplican penas similares. Inaudito.
Una agravante se suma en el presente caso. No existen pruebas fehacientes de que los acusados hayan retenido a alguien, mientras los expedientes judiciales desbordan de pruebas de que las fuerzas represivas federales y estatales cometieron en San Salvador Atenco una serie de delitos abominables, desde la violación de las mujeres detenidas hasta el allanamiento de domicilios de los pobladores con destrucción y robo de bienes, más el asesinato de dos jóvenes.
Todo esto ocurrió, no lo olvidemos, en la presidencia de Vicente Fox Quesada, con un alto componente de venganza personal y política porque la resistencia de San Salvador Atenco en defensa de sus tierras y sus derechos había impedido el negocio del nuevo aeropuerto y deshecho el sueño de que un día llevara su nombre.
El agravio a la justicia es doble: quienes deberían estar libres, están presos y sentenciados; quienes deberían estar bajo proceso penal, están libres e impunes. Esta situación es una de las tantas prendas de la alianza de hecho entre el Presidente de México, Felipe Calderón, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Su objetivo inmediato es criminalizar la protesta social, asfixiar la libertad de organización, infundir el miedo y avanzar en la militarización de la sociedad y de los gobiernos en México. Otros objetivos, ya se verá.
Es una redición en estos tiempos de la alianza histórica entre el PRI y el PAN desde los años 40 del siglo pasado, nunca desmentida en los hechos, para asegurar el mando autoritario y la obediencia resignada que ellos llaman gobernabilidad, palabreja que políticos apenas llegados al disfrute de los privilegios institucionales han hecho propia; y, como suele suceder con los neófitos, la repiten con ignorancia y fruición.
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La criminalización y la represión de los movimientos sociales avanzan en todo el país, de la mano con la militarización del territorio, la depredación ambiental, el desempleo y el despojo, tanto bajo gobiernos del PRI, como en Oaxaca y Puebla; gobiernos del PAN, como en Querétaro y Morelos; y gobiernos del PRD, como en Chiapas y Guerrero.
Ante esta perspectiva se hace indispensable, y también urgente, unificar los movimientos y las luchas por la libertad de los presos políticos y sociales, a cualquier organización éstos pertenezcan y cualesquiera sean las legítimas causas que defiendan y sus diferencias o matices sobre otros temas.
La libertad de los presos políticos y sociales es hoy una demanda universal, que abre el camino a todas las otras causas populares: la del SME; la del EZLN y los derechos indígenas; la del respeto al voto; la de los salarios, la seguridad social y los derechos laborales; la de la educación gratuita para todos; la de las mujeres y la defensa del derecho legal al aborto; la de los migrantes: todas.
Una defensa jurídica bien fundada es una instancia y una llave indispensable en los procesos penales de los presos políticos. Pero la movilización, la organización y la protesta unificada por su libertad es la fuerza que puede hacer girar esa llave para abrir de una buena vez las puertas de las cárceles.
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La causa de la libertad de los presos políticos y sociales en Molino de Flores, en el Altiplano, en El Amate de Chiapas, en Querétaro, en Tepic, en donde sea, es común a todos y abre posibilidades de organización para todos. Esos presos son rehenes para suscitar el miedo y paralizar las demandas y los movimientos de la sociedad. Conquistar su libertad es abrir las ventanas en el asfixiante clima social y político que envuelve al país. Es contribuir a detener el desborde de la militarización y de la impunidad; a combatir la naturalización del narcotráfico y sus crímenes como parte de la vida cotidiana y de los sufrimientos de la población; a desterrar las finanzas del narco y de las armas como componente estable y necesario de la economía del país; y a desbaratar el proyecto de Estado autoritario, militar, policial y clerical que anida en las políticas del gobierno federal y de sus aliados y patrocinadores en el país y en el exterior.
Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y otros más con ellos, quieren celebrar el 2010 con una nación de presos políticos y de gobiernos autoritarios y represivos, con la guerra interna instalada como forma natural de la vida social y de la subordinación política, un país de migrantes sin protección y un pueblo sin organización para hacer valer sus derechos. Arrancar a los presos políticos de las cárceles, a todos sin distinción, es la más urgente tarea para detener y revertir ese curso de destrucción y desolación y para festejar en libertad, en el cercano 2010, las dos grandes revoluciones de la historia mexicana.
La percepción de la injusticia
Mauricio Merino
El Universal, 26 mayo 2010.
Es difícil compartir una idea común de la justicia. Cada quien suele tener percepciones diferentes sobre la moral y el deber ser, y también sobre la decisión de intervenir en otras vidas o sobre los límites a la influencia de otros en nuestra vida propia, etcétera. En cambio, es mucho más fácil advertir la injusticia cuando ocurre. En cuestiones de ética pública, la negación práctica de los valores que nos permiten convivir es mucho más clara y pedagógica que cualquier afirmación. Aunque también duele mucho más.
En La idea de la justicia –un libro recién publicado en castellano--, Amartya Sen lo dice de la manera más sencilla: “Lo que nos mueve con razón suficiente no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir“. Injusticias que multiplicadas de manera sistemática, sin embargo, nos llevan a la convicción de que vivimos en un lugar donde la justicia es simplemente una quimera, pues una cosa es advertir una injusticia y otra diferente vivir rodeado de ellas o, peor aún, asumirlas como una forma de vida.
Digo esto porque la última semana ha estado plagada de esas señas de injusticia que duelen y mueven la conciencia. Por ejemplo, las conclusiones a las que llegó la Procuraduría de Justicia del Estado de México sobre el “trágico accidente“ que sufrió la niña Paulette Gebara. Ya se ha dicho casi todo y sale sobrando añadir algo más sobre ese caso lamentable. No obstante, el episodio que comenzó como voyerismo colectivo ha terminado en una trágica injusticia: en una burla.
En otro sentido, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos es, al mismo tiempo, una consecuencia y la causa de otras injusticias. Tras la captura, no sólo vuelve a quedar de manifiesto la ineficacia de la fuerza pública para localizar al personaje y rescatarlo, sino la modesta y silenciosa rendición del Estado ante la contundencia de los criminales. No sólo hay una tragedia en el secuestro, sino que la hay también en la aceptación explícita de que la mejor contribución que puede hacer el gobierno mexicano a la recuperación de Fernández de Cevallos es mantenerse al margen. El chantaje no sólo sucede por la impotencia de quien lo padece, sino que es una de las formas más diáfanas de la injusticia. Y por lo visto nadie quiere siquiera parpadear para evitar el enfado de los secuestradores y facilitar lo que, con un doloroso eufemismo, se califica como una pronta y eficaz negociación. Fernández de Cevallos está lejos de compararse con una niña discapacitada e indefensa, pero si tampoco él puede apelar a la justicia, entonces ¿quién puede hacerlo?
Como si se tratara de una explicación, esta semana nos enteramos también de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tuvo a bien ponerse por encima del IFAI, arrogándose facultades que nadie le otorgó, para impedir que se abriera información que debería ser pública. Ese tribunal existe para salvaguardar el derecho de las personas ante los abusos de las autoridades administrativas. Pero en esta ocasión decidió actuar al revés: aceptó defender a las autoridades que se niegan a ofrecer información para negarle ese derecho constitucional a las personas. Otra injusticia manifiesta, avalada con retórica jurídica, que de aceptarse mataría de plano la existencia del IFAI.
Por fortuna, en estos días también nos enteramos de que el documental Presunto Culpable, producido por Roberto Hernández y Layda Negrete, se ha convertido en un éxito en cada festival de cine que va pisando. Ambos habían producido El túnel, cuando fueron profesores de derecho en el CIDE. Y tras esa experiencia, saltaron al éxito mundial con este nuevo documento cinematográfico que revela una larga secuencia de injusticias cometidas sobre alguien que no tuvo más falta que pasar por el lugar inapropiado en el momento más inoportuno, y convertirse en otro de los expedientes construidos ad hoc por ministerios públicos y jueces mexicanos para justificar el sueldo que les pagan. Dos académicos del CIDE convertidos de pronto en productores de documentales, que decidieron poner en una cinta la evidencia dura de la injusticia mexicana.
Sé de sobra que hay muchos más ejemplos, día a día. Solamente he recogido algunos de los que han estado presentes en la prensa mexicana durante la última semana. Y me pregunto si Amartya Sen tiene razón y algún día podremos construir un sentido de justicia colectiva –que es nuestra condición fundamental para sobrevivir-- a partir de la reiteración de esos ejemplos de injusticia. Ojalá sea de ese modo, para evitar que sigan siendo parte del paisaje cotidiano.
Profesor investigador del CIDE
Nuevo catarrito por Europa
Rogelio Ramirez de la O
El Universal, 26 mayo 2010.
La crisis del euro es parte de la misma crisis iniciada en 2008, sólo en una nueva fase. Tiene consecuencias negativas en México, aunque no comparables a las de 2009, si los gobiernos no cometen demasiados errores. Si hay errores, el desplome será mayúsculo.
México será afectado en tres circuitos. Uno es la exportación mexicana y el turismo europeo. Otro son los flujos de inversión y de crédito. Y el tercero, el más importante, los efectos sobre la economía global.
El impacto directo en las exportaciones mexicanas es pequeño, pues sólo el 5% de ellas y 13% de las importaciones son con la Unión Europea. El impacto en el turismo es similar, aunque ocurre cuando el turismo ya está muy golpeado.
Los flujos de inversión directa europea son más importantes y tendrán mayor impacto, sobre todo en las manufacturas y la construcción. La inversión de España en México ya se desplomó desde 2009, lo que explica gran parte de la parálisis en infraestructura, así como que un solo año estos flujos hayan caído de 23 mil millones a 11 mil millones de dólares. Con la nueva situación pueden caer más o no recuperarse.
Otro efecto es sobre el crédito, por la alta participación de los bancos españoles en México. La crisis de Europa ha mutado de crisis fiscal en varias naciones a una crisis de todos los bancos europeos. Esto porque dichos bancos tienen sus balances copados no sólo de bonos gubernamentales de Grecia, España, Irlanda o Portugal que hoy no hay quien los quiera comprar. También tienen deuda privada. Por lo tanto tendrán que seguir tomando pérdidas ante una recesión tan profunda, en especial la deuda española de vivienda, construcción, bienes raíces y consumo, estando el desempleo en 20% y aumentando con las medidas de ajuste.
España, aparte de la deuda gubernamental de 53% del PIB, tiene deuda de las familias por 88% del PIB, más deuda corporativa de 136% del PIB. Simplemente, el país está bajo una montaña de deuda. Para tratar de fortalecer su capital frente a pérdidas probables los bancos españoles recortarán el crédito en México y repatriarán todo lo que puedan a Madrid.
El efecto más serio estará en el impacto global de la crisis de Europa. Estos países son el principal cliente de China y de otros países asiáticos, los cuales ya esperan una caída de exportaciones y producción. Por lo tanto habrá menor demanda de materias primas y menor crecimiento en los países exportadores de materias primas.
Al igual van a resultar golpeadas las exportaciones estadounidenses y, de ahí, indirectamente las de México. Por eso el crecimiento global será menor que lo que se esperaba hasta hace poco. El encarecimiento del crédito será global, mientras haya desconfianza en la solidez de los bancos europeos y cómo afectan a los bancos de otros países.
La principal fuente de posibles errores estriba en que quien tiene la única chequera de Europa (Alemania) no está al frente de las decisiones inmediatas indispensables en casos de pánico ni de la comunicación. Las decisiones pasan por toda la burocracia política europea. Más aun, la población alemana está en contra de rescatar a otros países y sobre todo a los bancos, sabiendo que éstos financiaron los excesos y ahora no quieren reconocer sus pérdidas.
México estaba apenas rebotando de la caída que tuvo en 2009 de 6.5% en su producto interno bruto. El rebote había sido fuerte en la industria automotriz, pero no había impulsado aún el empleo. Por eso el mercado interno no comienza a recuperarse. Hoy las expectativas deben revisarse a la baja, no sólo para 2010, sino para varios años.
rograo@gmail.com
Analista económico
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