OPINIÓN

13 de mayo 2010

 

La conspiración de los caciques
Alfonso Zárate
En Universal, 13 de mayo de 2010

En la república priísta, la preeminencia del presidente abarcaba todos los espacios. Los dos organismos de la policía política (la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales) mantenían el pulso de los gobiernos estatales; los gobernadores, aún los de las entidades más distantes, se sabían sujetos a un escrutinio desde el más allá; sus excesos: de corrupción, arbitrariedad o ineptitud, tenían límites y cuando algún gobernador o ex gobernador empezaba a constituir un poder unipersonal como jefe político del estado, la Federación metía la mano y ponía orden: si el Presidente anterior había tolerado las tropelías de sus incondicionales, el siguiente lo corregía: interrumpía los mandatos, imponía un gobernador sustituto o un secretario general que, en realidad, gobernaba. El de los gobernadores no era un poder derivado de elecciones fraudulentas, sino de la decisión del señor del centro.

En el contexto de la ruptura con Calles, Lázaro Cárdenas exigió la renuncia de los integrantes de su gabinete para purgarlo de callistas, no sólo eso, entre 1935 y mediados de 1936, afirma Alicia Hernández Chávez, “[...] se declararon desaparecidos los poderes, nulas las elecciones o se cambiaron los gobernadores en la mayoría de las entidades federativas”.

Sesenta años después, Ernesto Zedillo, el último presidente priísta, ya no pudo. Cuando intentó torcerle el brazo al recién electo gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, ante las protestas por un proceso electoral plagado de ilegalidades, enfrentó una rebelión local promovida por los intereses que habían financiado la campaña y su tutor, el profesor Hank. Los hilos estaban allí, intocados, macizos, pero los aprendices de brujo no supieron jalarlos.

Con la alternancia la cosa se puso peor. Los tableros de mando en Los Pinos, Bucareli y la Secretaría de Hacienda, para citar los más eficaces, se arrumbaron o, de plano, no supieron usarlos. Los gobernadores pasaron pronto de la obligada continencia a la insolencia.

Los “gerentes” de Fox concluyeron que necesitaban a los priístas para gobernar y no se atrevieron a cumplir su promesa de fincarles responsabilidades. Los del partidazo olieron la debilidad y la ineptitud de los recién llegados y se crecieron; fueron midiendo hasta dónde y le tomaron la medida al otrora señor del gran poder. Hoy los gobernadores, no sólo hacen y deshacen en sus entidades convertidas en cotos familiares, como ocurre en la Coahuila de los Moreira, sino que constituyen un poder que limita e intimida a la Federación. Algo similar ha ocurrido con los gobernadores panistas, allí está Luis Reynoso Femat de Aguascalientes, señalado desde hace años por sus vicios personales y políticos, pero capaz de desafiar y boicotear los proyectos de su propio partido.

En las largas décadas de hegemonía priísta, el pacto federal no fue sino una simulación, pero hoy, con la alternancia, ha devenido una caricatura grotesca. Una parte de las enormes participaciones federales, que debieran impulsar la infraestructura para hacer al país más competitivo, generar crecimiento económico y empleo, se gasta de manera irresponsable y alimenta la corrupción de las camarillas. En las entidades las instituciones que tienen la encomienda de vigilar al Ejecutivo local —los congresos locales, los tribunales superiores de justicia—, son “tapaderas” de sus atropellos y no existen en la sociedad instancias con capacidad para limitarlos.

Algunos se han vuelto bravucones y buscan depositar la responsabilidad de los desarreglos sociales que exhiben sus estados en el gobierno federal, cuando la mayoría de los delitos que se cometen competen al fuero local.

Allí está Ulises Ruiz, a quien ni siquiera la investigación de la Suprema Corte de Justicia que concluyó que su gobierno violentó de forma grave las garantías individuales, le hizo mella y ahora está, defendiendo a sangre y fuego, su cacicazgo, su impunidad futura.

Cuando el góber piadoso de Jalisco puede disponer de los recursos públicos para sus megalimosnas; cuando Juan Manuel Oliva dispone de 40 millones para erigir una estatua… es que los hilos están sueltos y eso no es una buena noticia; tampoco lo es que en una década de alternancia política no hayamos construido contrapesos reales ni consolidado una cultura democrática que nos permita enfrentar la conspiración de los caciques.

Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario

Peña Nieto, jefe de campaña
Ricardo Alemán
El Universal, 13 de mayo de 2010

No está claro si es legal o ilegal que un gobernador haga proselitismo a favor de un candidato de su partido, en otra entidad federativa. Por lo menos ninguna institución electoral ha sancionado a gobernador alguno.

Y los ejemplos de ese proselitismo sobran. Durante su jefatura de gobierno, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en principal promotor de la candidatura de Marcelo Ebrard, por quien incluso llamó a votar. También impuso y promovió candidaturas de amigos en los estados de Tabasco y Michoacán. El propio Marcelo promueve la candidatura de Gabino Cué, en Oaxaca, y otras alianzas opositoras.

No es secreto que en las elecciones de julio de 2009, Enrique Peña Nieto impulsó política y financieramente a candidatos del PRI en Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, y que gracias a ese apoyo se los arrebató al PAN. Tampoco es novedad que el gobernador mexiquense apoya con dinero y operadores políticos a buena parte de los candidatos del PRI en los 12 estados a renovarse el 4 de julio.

No está claro si ese apoyo es legal o ilegal. Pero lo cierto es que por lo menos se trata de un acto político inmoral, a los ojos de todos; liviandad en que incurrieron AMLO y Fox; en la que insisten Marcelo y Peña, quien desde su partido es el verdadero jefe de campaña en la elección de 2010. Campaña que, por cierto, dará jugosos frutos el domingo en Yucatán, donde el PRI recuperará Mérida, el histórico bastión azul.

Si Peña Nieto es el inmoral jefe de campaña del PRI en los 12 estados donde habrá elecciones, sólo falta que los opositores del PAN y el PRD demuestren y denuncien el apoyo ilegal que realiza el gobernador mexiquense, para que intervengan los órganos electores, como el IFE y el Tribunal Federal. ¿Y que requieren para ello? Poca cosa.

Demostrar que Peña Nieto es el jefe de un grupo político para el que operan eficientes hilanderos como Natividad González Parás y Rodrigo Medina —ex gobernador y gobernador de Nuevo León—, los diputados Luis Videgaray y Felipe Enríquez, y muchos otros que envían dinero y operadores políticos a donde sea necesario. Pero el problema no se resuelve y el delito electoral no se castiga, sólo con gritos y sombrerazos. Se requieren pruebas. ¿Y quién tiene esas pruebas? Es probable que las tengan en el PAN y el PRD. Pero no las harán públicas. ¿Por qué?

Porque el PRI también las tiene, pero contra el PAN y el PRD. Y es que todos saben que un gobierno estatal, municipal y el federal; un congreso estatal o las cámaras de diputados y senadores, son ricas minas que financian candidatos, sean azules, amarillos o tricolores. Nadie probará nada a Peña Nieto, porque todos tienen la cara igual de socia. Todas son campañas inmorales.

Solidaridad con el SME
Adolfo Sánchez Rebolledo
La Jornada, 13 mayo 2010.

La ya prolongada resistencia de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto que de la noche a la mañana lanzó a la calle a decenas de miles de trabajadores al extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro, sirve para comprobar cuán lejos nos hallamos del ideal democrático sustentado en el principio de legalidad. Mientras las impugnaciones de los afectados se estrellan contra el muro de las interpretaciones de la ley a cargo del gobierno y, aunque parezca increíble, de la mayoría legislativa que evade su responsabilidad, la situación de los electricistas se deteriora, aunque se mantengan muy altas sus convicciones y su espíritu de lucha. Tal pareciera que los argumentos jurídicos se midieran con una doble vara (y una doble moral) según provengan de los sindicalistas o de sus patrones estatales, con lo cual sigue ahondándose la desconfianza en las soluciones propiamente institucionales.

Sin embargo, como se ha podido comprobar a través de la historia del sindicalismo en México, los trabajadores son los primeros en esgrimir la ley y los últimos en abandonarla, pese a que saben de antemano que los dados suelen estar cargados, pues las grandes decisiones en materia laboral –como el despido de golpe de 40 mil asalariados– se toman en función de consideraciones políticas encubiertas, eso sí, en fantasiosas y muy discutibles argumentaciones técnicas. Apenas hace unos días, el periodista Miguel Ángel Granados Chapas contaba, a guisa de ejemplo de ese extraño maridaje entre el poder económico y el político, cómo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial presumía de su influencia sobre el presidente Calderón, a quien en cierta ocasión le pidió, justamente, ¡la extinción de Luz y Fuerza del Centro!, como prueba de su fidelidad al programa antiestatista que nutre el imaginario neoliberal de los hombres de fortuna en nuestro país.

El gobierno que a la menor provocación insiste en desbordar por la izquierda a sus adversarios políticos, no desperdicia la oportunidad de probar, con hechos, cuál es su particular interpretación del estado de derecho en cuanto se trata de tocar los grandes intereses que bajo las sombras mueven a las figuras presentes en la escena. Y cumplió. A pesar de algunos traspiés, la política hacia el SME forma parte de una estrategia general cuyos objetivos no difieren en lo esencial de la que se adoptó hace ya varias décadas para ubicar en la cabina de mando a los grandes inversionistas que, en el sector eléctrico y energético como tal, aspiran a una reforma estructural que los haga dueños no sólo de hecho sino de derecho de aquellas riquezas que todavía hoy la constitución reserva a la nación.

Está de moda, porque así conviene a los intereses que pugnan por la reforma laboral, una ofensiva contra el sindicalismo, disfrazada de acción antimonopolios. Grandes conceptos como pueden ser los de transparencia o rendición de cuentas aparecen en los labios –o en los escritos– de los nuevos modernizadores, tan preocupados por la competitividad pero tan distraídos al preguntarse de dónde viene, cómo se ha sostenido y a quién ha beneficiado la permanencia del charrismo, lo mismo en el viejo régimen corporativo que en el actual gobernado por el PAN. No deja de extrañar que el objetivo de sus obsesiones sean, por cierto, los escasos sindicatos que no sin dificultades han logrado construir opciones no asimilables a la tradición corporativa, como es el caso del SME, pero también de los mineros y otros gremios acosados por el celo de sus modernos perseguidores. Todo el mundo sabe que los peces gordos del viejo sistema comen de la mano del poder al que sirven desde siempre a cambio de las ostentosas canonjías que los líderes no ocultan ni disimulan.

Bastaría con aplicar la ley y despojar a las mafias sindicales del apoyo del poder político para que éstas comenzaran a declinar, pero en última instancia no será desde las oficinas de la Presidencia o de las empresas que el sindicalismo resurja como una fuerza genuina en defensa del interés de los asalariados. No es un camino sencillo, pues la corrupción que domina la atmósfera del mundo del trabajo no será erradicada sin la participación activa, sostenida, de los propios interesados. Y eso tiene grandes costos. Implica sufrimientos que la sociedad mediática prefiere caricaturizar hasta la ignominia. Abrir las puertas para que entre el aire fresco de la democracia al mundo sindical, como exigía Galván, es mucho más difícil y complejo que administrar la decadencia de un sistema creado para controlar a los trabajadores que, para colmo, se ha desfasado de las grandes urgencias nacionales. Pero mientras eso no se produzca, tendremos también un movimiento social sin la fuerza suficiente para interpelar a los otros jugadores, sean el gobierno, las empresas o los propios partidos políticos. En este sentido, la labor de la izquierda (entendida de forma amplia y abarcante como un movimiento político) no puede ser la de crear formaciones paralelas a las organizaciones sociales que luchan día a día por los intereses de los suyos, pero sí debe comprometerse a darles su respaldo sin sectarismo, respetando su autonomía y eludiendo como un mal mayor el cáncer del clientelismo que sólo en la superficie da fuerza y presencia en la arena pública.

Ahora mismo, ante la sordera oficial, se despliega una dolorosa huelga de hambre de los electricistas emprendida como recurso extremo para sacudir la conciencia nacional y orillar al diálogo a las autoridades que impunemente atentan contra el bien más preciado de la nación: la fuerza de trabajo calificada, hoy por hoy sujeta a la amenaza –no desmentida por el baile de cifras que niegan la recesión– del desempleo, el aumento de la pobreza, la desilusión nacional que alimenta la restauración de los viejos prejuicios autoritarios. En otras circunstancias, la huelga de hambre progresiva, a la que cada día se suman nuevos ayunantes, sería motivo de escándalo nacional. Aquí, por razones que no se explican con facilidad, subsiste la indiferencia de la mayoría, la ausencia de un debate legislativo a tono con el problema, cuando no la animadversión teledirigida que quiso vender el golpe como una venganza de las clases medias por los servicios deficientes, salvando así la cara del gobierno en la gestación de la situación que además consigue, sin reformas de por medio, abrir las compuertas al inversionismo según los dictados del catecismo en boga.

Los electricistas esperan que la Suprema Corte abra, al fin, una vía de solución para el conflicto, dejando fuera la arrogancia y la prepotencia de la parte patronal, es decir, del gobierno. ¿Será eso posible? Es hora de expresar nuestra solidaridad con los electricistas.