30 de abril 2010
Educación con pertinencia cultural
Gilberto López y Rivas
La Jornada, 30 abril 2010.
Como parte de la Campaña contra la Discriminación en la Educación que se Ofrece a los Pueblos Originarios, en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN-Ajusco) tuvo lugar, del 19 al 21 de abril, el seminario Educación con pertinencia cultural: una asignatura pendiente, con la participación de más de 400 asistentes, en su mayoría indígenas hablantes de 14 lenguas, procedentes de 18 entidades federativas de la República. El seminario contó con exposiciones de especialistas en temas relacionados con la problemática indígena y educación intercultural, pero sobre todo se caracterizó por un alto nivel de involucramiento de los participantes –muchos profesores bilingües–, algo no común en una actividad académica de esa envergadura.
Se constató a lo largo del seminario que la discriminacióón en los procesos educativos del Estado y sus agentes se expresa en múltiples dimensiones de clase, género e identidad étnico-cultural. Los educandos pertenecientes a los pueblos indígenas, en consecuencia, además de la discriminación y exclusión por sus condiciones socioeconómicas, sufren de las acciones, actitudes, comportamientos y políticas del racismo inherente a la construcción de los estados nacionales capitalistas, fundada en un contradictorio proceso de integración-asimilación y segregación-diferenciación, igualmente disolvente de lenguas, culturas e identidades.
Se niega a los pueblos indígenas el derecho a una educación de calidad, con pertinencia cultural y en igualdad de condiciones materiales que la ofrecida a otros sectores de la sociedad, lo cual configura una discriminación abierta o sutil, que incide en la dimensión pedagógica y en las prácticas escolares y docentes. En suma: no existe en México una educación pertinente que permita a los pueblos indígenas el desarrollo de sus culturas, en el marco de su identidad, sus autogobiernos y concepciones de vida.
Esa discriminación institucional y social que sufren la niñez y la juventud indígenas se manifiesta en su invisibilidad y estigmatización, que responden a esas lógicas contradictorias congénitas al capital, y se expresa en todos los niveles y acciones del sistema educativo con el que se atiende a los pueblos indígenas: mientras la invisibilidad borra actores, sujetos socioculturales-políticos y comunidades, se les ofrecen servicios de ínfima calidad y de carácter compensatorio. La distribución presupuestal, el funcionamiento de las instituciones y la manera en que operan las burocracias forman parte de estos esquemas de exclusión que vulneran sus derechos como ciudadanos, a la vez que constituyen una afrenta a su dignidad como culturas milenarias.
A pesar de la existencia de leyes –nacionales e internacionales– que reconocen la diversidad sociocultural y lingüística, resultado de movimientos y luchas, éstas por sí solas no garantizan una educación con pertinencia cultural, ya que las acciones y políticas públicas no solamente no las respetan, sino que están dirigidas –en realidad– a generar mecanismos y justificaciones para evadir el cumplimiento de la Constitución, los convenios internacionales y las leyes secundarias.
En el seminario se reiteró que los programas y estilos de trabajo autoritarios en los que son formados niños, niñas y jóvenes refuerzan el pensamiento y los mecanismos de discriminación social y étnica, ya que la formación que reciben, sean indígenas o no, niega el diálogo entre los distintos pueblos que conviven en la nación. Se hace responsables de la discriminación a personas individuales, ocultando el hecho de que son las propias políticas educativas las que generan las condiciones en que los estereotipos discriminatorios se expresan.
Así, actualmente, la escuela opera como una instancia coercitiva y excluyente. La presencia de estereotipos y estigmas en los procesos, programas y prácticas educativas encubre formas perversas de discriminación, en la medida en que los sujetos son abstraídos de sus contextos y características concretas de vida. Se consideró urgente poner en el centro de los esfuerzos de los educadores, los procesos y problemas que viven los individuos y los pueblos, a fin de aportar nuevas perspectivas de trabajo pedagógico que orienten tanto a los profesores como a los procesos de formación docente. Para ello se requiere sistematizar las prácticas, hacer investigación y construir experiencias junto con las comunidades.
En mi intervención sostuve que también los maestros, incluso muchos de origen indígena, son agentes, activos o pasivos, que reproducen la discriminación socioétnica y el sexismo que el Estado promueve. Por ello, debe haber una reflexión autocrítica para dilucidar estrategias efectivas de la lucha de los pueblos indios. La forma más coherente de combatir la discriminación y practicar una educación con pertinencia cultural es mediante el fortalecimiento pleno de su autonomía y con prácticas contrahegemónicas en todos los espacios, sectores y territorios, incluyendo las instituciones del Estado. Sin embargo, se requieren cambios profundos, radicales, que den viabilidad a un gobierno nacional que mande obedeciendo. Sólo sujetos auto-desarrollados pueden construir su destino y atender necesidades, aspiraciones e intereses propios. Los procesos autonómicos indígenas son formas básicas de respeto y entendimiento entre diferentes. Los pueblos indígenas, que luchan desde y para la autonomía, dan cuenta hoy de un gobierno y prácticas radicalmente diferentes a la lógica del Estado capitalista. Es por ello que la sociedad civil jugará un papel fundamental en la medida en que se renuncie a la visión estatista y se transite por los caminos de la comunalidad a la autonomía.
¡A los maestros dignos que se negaron a la aplicación de la prueba Enlace!
Economía Moral
Homenaje a Peter Townsend en El Colegio de México/ II
Julio Boltvinik
La Jornada, 30 abril 2010.
Aunque no lo pude presentar con el detalle merecido en el homenaje a Townsend realizado en El Colegio de México la semana pasada, el Peter Townsend Reader (Policy Press, Bristol, Gran Bretaña, 2010, 678 pp.) es una colección de extractos seleccionados de su gigantesca y valiosísima obra escrita. Como mostré en la gráfica de la entrega anterior (23/4/10), la obra de Townsend, sin contar los escritos clasificados como menores en el folleto que contiene su lista completa de publicaciones, asciende a 461 escritos (libros, capítulos de libros y artículos), lo que arroja un promedio anual de 7.9 publicaciones sostenidas durante 59 años1. De esta manera, los editores del Townsend Reader (Reader en adelante), que publica extractos de 58 escritos escogidos en un único volumen, tenían el reto enorme de elegir de una biblioteca completa material para un volumen único. Esta desproporción explica la decisión de no incluir textos completos, sino extractos. Otro enorme problema deriva de la diversidad temática de su obra, pues no hay ya en el mundo enciclopedistas (como él lo fue en el campo de lo social) que conocieran a fondo toda su obra, por lo cual se decidió que fuese no uno, sino siete los editores. El Reader se empezó a planear en 2008, con motivo del cumpleaños 80 de Townsend, estando él vivo y contando con su participación activa. Alan Walker, autor de la (muy breve) introducción general al volumen y editor de dos de las ocho secciones en que se dividió el Reader, dice:
Peter Townsend fue uno de los más grandes científicos sociales del mundo. Su carrera se extendió por siete décadas, en las cuales no sólo fue muy prolífico, sino que escribió en diferentes estilos para una amplia variedad de públicos: desde revistas científicas y libros hasta periódicos y escritos de campaña. Sin importar a qué público se dirigiese, escribió siempre con belleza, con claridad de cristal y sin asomo de vanidad. Este volumen reúne, por primera vez, una selección de sus escritos de todo el amplio espectro de su destacada carrera.
Los extractos de los 58 escritos incluidos se clasifican en ocho secciones: sociología y política social; del estado de bienestar al bienestar internacional; pobreza; desigualdad y exclusión social; políticas y desigualdad en salud; adultos mayores; discapacitados; y justicia social y derechos humanos. La lectura de las breves y excelentes introducciones escritas por los editores de cada sección, que seleccionaron los textos y los extractos de cada uno de ellos, proporcionan una excelente idea de las posturas y contribuciones de Townsend en cada uno de estos campos temáticos. Proveer un panorama general de toda esta amplia obra en Economía Moral requeriría muchas entregas. Me limitaré a transmitir algo de la muy profunda impresión que me ha causado leer uno de sus primeros escritos.
La sección sobre pobreza comienza con el artículo Pobreza: 10 años después de Beveridge, escrito por Townsend en 1952, a los 24 años de edad. El informe Seguridad social y servicios asociados, conocido como el Informe Beveridge por el apellido de su autor, publicado en 1942 por el Parlamento Británico, se proponía reforzar el desarrollo de la seguridad social y fijar los montos de sus pagos basándose en estándares de subsistencia. El muy joven Townsend no sólo muestra en este artículo aplomo y gran capacidad crítica, sino además un amplio conocimiento de escritos clásicos en campos disciplinarios distintos a los de antropología y sociología en que se formó. Así, cita la Riqueza de las naciones de Adam Smith (1776) para argumentar, desde sus 24 años, en contra de la idea de que es posible encontrar un estándar absoluto de subsistencia:
“Por bienes necesarios entiendo no sólo los que son indispensables para el sustento de la vida, sino todos aquellos cuya carencia es, según las costumbres del país, algo indecoroso para las personas de buena reputación, aun entre las clases más bajas.”
El joven investigador creía que el punto de partida para encontrar un estándar de subsistencia adecuado es “averiguar qué ha sido considerado como un estándar mínimo de consumo en alimentación, vestido y vivienda, y cómo los pobres realmente asignan sus ingresos en estos rubros”. Cita a Adam Smith intuitivamente, pero aún no ha desarrollado su concepto de estilos de vida socialmente acostumbrados como base de su concepto de pobreza y, por ello, a todo lo largo de este escrito insiste en que hay que observar cómo gastan sus ingresos los hogares de más bajos ingresos para poder definir los estándares de subsistencia. Aún no se percataba de que los patrones de gasto que determinan los estilos de vida acostumbrados son los de hogares no pobres (y no los de los pobres).
El escrito es el de un joven que piensa en múltiples direcciones, con enorme creatividad pero con ambigüedad. Por ello en la parte final del escrito se percata que el debe no puede derivarse del es, incluso si uno se mantiene en el concepto de subsistencia (en vez del de estilo de vida): Saber lo que la gente realmente gasta no explica lo que debería gastar, dice.
Rompe sus dudas para proponer añadir algunos bienes y servicios que Beveridge no incluyó en el estándar de subsistencia:
“Hay un fuerte argumento para añadir algunos rubros como timbres postales, corte de cabello, lavandería, anticonceptivos, toallas sanitarias, algunas suscripciones, jabón y otros materiales de limpieza a la lista usualmente ya incluida en el estándar (vestido, combustible y gastos diversos del hogar), sobre la base de que ocupan un lugar consistente en el presupuesto familiar (de los hogares de bajos ingresos) y de que, de acuerdo con estándares convencionales, también pueden concebirse como necesarios.”
Y esta importante afirmación la complementa con la siguiente frase, que prefigura el enfoque de satisfactores necesarios socialmente percibidos actualmente dominante en la medición de la pobreza en Gran Bretaña: “En última instancia las decisiones deben basarse en puntos de vista contemporáneos acerca de las condiciones mínimas de vida que resultan tolerables en la comunidad”, es decir, de una valoración socialmente prevaleciente. En la cita en letra pequeña vemos que las dos condiciones mencionadas (presencia en el presupuesto de los hogares pobres y ser elementos convencionalmente necesarios) ocupan el mismo lugar, cuando sólo la segunda es una condición necesaria, puesto que algunos rubros considerados convencionalmente necesarios tendrían que estar ausentes en los hogares de bajos ingresos, pues de otra manera ninguno de ellos sería pobre. Entre este primer escrito y su obra magna (1979), Townsend avanzaría muchísimo, pero ya estaban aquí, en germen, las ideas que habría de desarrollar a lo largo de casi 60 años de su comprometida y enormemente creativa vida.
1 El folleto (67 pp) se titula Peter Townsend, Complete List of Publications, 1948-2008) clasifica la obra en menores, y al resto les llama papers y los clasifica, según su importancia, de cero a tres asteriscos. Aunque no es una bibliografía comentada, en algunas referencias se añade una nota (a veces larga). En www.bris.ac.uk/poverty/Background_files/townsend%20publications%2048-08.pdf se puede bajar en pdf.
Gilberto López y Rivas
La Jornada, 30 abril 2010.
Como parte de la Campaña contra la Discriminación en la Educación que se Ofrece a los Pueblos Originarios, en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN-Ajusco) tuvo lugar, del 19 al 21 de abril, el seminario Educación con pertinencia cultural: una asignatura pendiente, con la participación de más de 400 asistentes, en su mayoría indígenas hablantes de 14 lenguas, procedentes de 18 entidades federativas de la República. El seminario contó con exposiciones de especialistas en temas relacionados con la problemática indígena y educación intercultural, pero sobre todo se caracterizó por un alto nivel de involucramiento de los participantes –muchos profesores bilingües–, algo no común en una actividad académica de esa envergadura.
Se constató a lo largo del seminario que la discriminacióón en los procesos educativos del Estado y sus agentes se expresa en múltiples dimensiones de clase, género e identidad étnico-cultural. Los educandos pertenecientes a los pueblos indígenas, en consecuencia, además de la discriminación y exclusión por sus condiciones socioeconómicas, sufren de las acciones, actitudes, comportamientos y políticas del racismo inherente a la construcción de los estados nacionales capitalistas, fundada en un contradictorio proceso de integración-asimilación y segregación-diferenciación, igualmente disolvente de lenguas, culturas e identidades.
Se niega a los pueblos indígenas el derecho a una educación de calidad, con pertinencia cultural y en igualdad de condiciones materiales que la ofrecida a otros sectores de la sociedad, lo cual configura una discriminación abierta o sutil, que incide en la dimensión pedagógica y en las prácticas escolares y docentes. En suma: no existe en México una educación pertinente que permita a los pueblos indígenas el desarrollo de sus culturas, en el marco de su identidad, sus autogobiernos y concepciones de vida.
Esa discriminación institucional y social que sufren la niñez y la juventud indígenas se manifiesta en su invisibilidad y estigmatización, que responden a esas lógicas contradictorias congénitas al capital, y se expresa en todos los niveles y acciones del sistema educativo con el que se atiende a los pueblos indígenas: mientras la invisibilidad borra actores, sujetos socioculturales-políticos y comunidades, se les ofrecen servicios de ínfima calidad y de carácter compensatorio. La distribución presupuestal, el funcionamiento de las instituciones y la manera en que operan las burocracias forman parte de estos esquemas de exclusión que vulneran sus derechos como ciudadanos, a la vez que constituyen una afrenta a su dignidad como culturas milenarias.
A pesar de la existencia de leyes –nacionales e internacionales– que reconocen la diversidad sociocultural y lingüística, resultado de movimientos y luchas, éstas por sí solas no garantizan una educación con pertinencia cultural, ya que las acciones y políticas públicas no solamente no las respetan, sino que están dirigidas –en realidad– a generar mecanismos y justificaciones para evadir el cumplimiento de la Constitución, los convenios internacionales y las leyes secundarias.
En el seminario se reiteró que los programas y estilos de trabajo autoritarios en los que son formados niños, niñas y jóvenes refuerzan el pensamiento y los mecanismos de discriminación social y étnica, ya que la formación que reciben, sean indígenas o no, niega el diálogo entre los distintos pueblos que conviven en la nación. Se hace responsables de la discriminación a personas individuales, ocultando el hecho de que son las propias políticas educativas las que generan las condiciones en que los estereotipos discriminatorios se expresan.
Así, actualmente, la escuela opera como una instancia coercitiva y excluyente. La presencia de estereotipos y estigmas en los procesos, programas y prácticas educativas encubre formas perversas de discriminación, en la medida en que los sujetos son abstraídos de sus contextos y características concretas de vida. Se consideró urgente poner en el centro de los esfuerzos de los educadores, los procesos y problemas que viven los individuos y los pueblos, a fin de aportar nuevas perspectivas de trabajo pedagógico que orienten tanto a los profesores como a los procesos de formación docente. Para ello se requiere sistematizar las prácticas, hacer investigación y construir experiencias junto con las comunidades.
En mi intervención sostuve que también los maestros, incluso muchos de origen indígena, son agentes, activos o pasivos, que reproducen la discriminación socioétnica y el sexismo que el Estado promueve. Por ello, debe haber una reflexión autocrítica para dilucidar estrategias efectivas de la lucha de los pueblos indios. La forma más coherente de combatir la discriminación y practicar una educación con pertinencia cultural es mediante el fortalecimiento pleno de su autonomía y con prácticas contrahegemónicas en todos los espacios, sectores y territorios, incluyendo las instituciones del Estado. Sin embargo, se requieren cambios profundos, radicales, que den viabilidad a un gobierno nacional que mande obedeciendo. Sólo sujetos auto-desarrollados pueden construir su destino y atender necesidades, aspiraciones e intereses propios. Los procesos autonómicos indígenas son formas básicas de respeto y entendimiento entre diferentes. Los pueblos indígenas, que luchan desde y para la autonomía, dan cuenta hoy de un gobierno y prácticas radicalmente diferentes a la lógica del Estado capitalista. Es por ello que la sociedad civil jugará un papel fundamental en la medida en que se renuncie a la visión estatista y se transite por los caminos de la comunalidad a la autonomía.
¡A los maestros dignos que se negaron a la aplicación de la prueba Enlace!
Economía Moral
Homenaje a Peter Townsend en El Colegio de México/ II
Julio Boltvinik
La Jornada, 30 abril 2010.
Aunque no lo pude presentar con el detalle merecido en el homenaje a Townsend realizado en El Colegio de México la semana pasada, el Peter Townsend Reader (Policy Press, Bristol, Gran Bretaña, 2010, 678 pp.) es una colección de extractos seleccionados de su gigantesca y valiosísima obra escrita. Como mostré en la gráfica de la entrega anterior (23/4/10), la obra de Townsend, sin contar los escritos clasificados como menores en el folleto que contiene su lista completa de publicaciones, asciende a 461 escritos (libros, capítulos de libros y artículos), lo que arroja un promedio anual de 7.9 publicaciones sostenidas durante 59 años1. De esta manera, los editores del Townsend Reader (Reader en adelante), que publica extractos de 58 escritos escogidos en un único volumen, tenían el reto enorme de elegir de una biblioteca completa material para un volumen único. Esta desproporción explica la decisión de no incluir textos completos, sino extractos. Otro enorme problema deriva de la diversidad temática de su obra, pues no hay ya en el mundo enciclopedistas (como él lo fue en el campo de lo social) que conocieran a fondo toda su obra, por lo cual se decidió que fuese no uno, sino siete los editores. El Reader se empezó a planear en 2008, con motivo del cumpleaños 80 de Townsend, estando él vivo y contando con su participación activa. Alan Walker, autor de la (muy breve) introducción general al volumen y editor de dos de las ocho secciones en que se dividió el Reader, dice:
Peter Townsend fue uno de los más grandes científicos sociales del mundo. Su carrera se extendió por siete décadas, en las cuales no sólo fue muy prolífico, sino que escribió en diferentes estilos para una amplia variedad de públicos: desde revistas científicas y libros hasta periódicos y escritos de campaña. Sin importar a qué público se dirigiese, escribió siempre con belleza, con claridad de cristal y sin asomo de vanidad. Este volumen reúne, por primera vez, una selección de sus escritos de todo el amplio espectro de su destacada carrera.
Los extractos de los 58 escritos incluidos se clasifican en ocho secciones: sociología y política social; del estado de bienestar al bienestar internacional; pobreza; desigualdad y exclusión social; políticas y desigualdad en salud; adultos mayores; discapacitados; y justicia social y derechos humanos. La lectura de las breves y excelentes introducciones escritas por los editores de cada sección, que seleccionaron los textos y los extractos de cada uno de ellos, proporcionan una excelente idea de las posturas y contribuciones de Townsend en cada uno de estos campos temáticos. Proveer un panorama general de toda esta amplia obra en Economía Moral requeriría muchas entregas. Me limitaré a transmitir algo de la muy profunda impresión que me ha causado leer uno de sus primeros escritos.
La sección sobre pobreza comienza con el artículo Pobreza: 10 años después de Beveridge, escrito por Townsend en 1952, a los 24 años de edad. El informe Seguridad social y servicios asociados, conocido como el Informe Beveridge por el apellido de su autor, publicado en 1942 por el Parlamento Británico, se proponía reforzar el desarrollo de la seguridad social y fijar los montos de sus pagos basándose en estándares de subsistencia. El muy joven Townsend no sólo muestra en este artículo aplomo y gran capacidad crítica, sino además un amplio conocimiento de escritos clásicos en campos disciplinarios distintos a los de antropología y sociología en que se formó. Así, cita la Riqueza de las naciones de Adam Smith (1776) para argumentar, desde sus 24 años, en contra de la idea de que es posible encontrar un estándar absoluto de subsistencia:
“Por bienes necesarios entiendo no sólo los que son indispensables para el sustento de la vida, sino todos aquellos cuya carencia es, según las costumbres del país, algo indecoroso para las personas de buena reputación, aun entre las clases más bajas.”
El joven investigador creía que el punto de partida para encontrar un estándar de subsistencia adecuado es “averiguar qué ha sido considerado como un estándar mínimo de consumo en alimentación, vestido y vivienda, y cómo los pobres realmente asignan sus ingresos en estos rubros”. Cita a Adam Smith intuitivamente, pero aún no ha desarrollado su concepto de estilos de vida socialmente acostumbrados como base de su concepto de pobreza y, por ello, a todo lo largo de este escrito insiste en que hay que observar cómo gastan sus ingresos los hogares de más bajos ingresos para poder definir los estándares de subsistencia. Aún no se percataba de que los patrones de gasto que determinan los estilos de vida acostumbrados son los de hogares no pobres (y no los de los pobres).
El escrito es el de un joven que piensa en múltiples direcciones, con enorme creatividad pero con ambigüedad. Por ello en la parte final del escrito se percata que el debe no puede derivarse del es, incluso si uno se mantiene en el concepto de subsistencia (en vez del de estilo de vida): Saber lo que la gente realmente gasta no explica lo que debería gastar, dice.
Rompe sus dudas para proponer añadir algunos bienes y servicios que Beveridge no incluyó en el estándar de subsistencia:
“Hay un fuerte argumento para añadir algunos rubros como timbres postales, corte de cabello, lavandería, anticonceptivos, toallas sanitarias, algunas suscripciones, jabón y otros materiales de limpieza a la lista usualmente ya incluida en el estándar (vestido, combustible y gastos diversos del hogar), sobre la base de que ocupan un lugar consistente en el presupuesto familiar (de los hogares de bajos ingresos) y de que, de acuerdo con estándares convencionales, también pueden concebirse como necesarios.”
Y esta importante afirmación la complementa con la siguiente frase, que prefigura el enfoque de satisfactores necesarios socialmente percibidos actualmente dominante en la medición de la pobreza en Gran Bretaña: “En última instancia las decisiones deben basarse en puntos de vista contemporáneos acerca de las condiciones mínimas de vida que resultan tolerables en la comunidad”, es decir, de una valoración socialmente prevaleciente. En la cita en letra pequeña vemos que las dos condiciones mencionadas (presencia en el presupuesto de los hogares pobres y ser elementos convencionalmente necesarios) ocupan el mismo lugar, cuando sólo la segunda es una condición necesaria, puesto que algunos rubros considerados convencionalmente necesarios tendrían que estar ausentes en los hogares de bajos ingresos, pues de otra manera ninguno de ellos sería pobre. Entre este primer escrito y su obra magna (1979), Townsend avanzaría muchísimo, pero ya estaban aquí, en germen, las ideas que habría de desarrollar a lo largo de casi 60 años de su comprometida y enormemente creativa vida.
1 El folleto (67 pp) se titula Peter Townsend, Complete List of Publications, 1948-2008) clasifica la obra en menores, y al resto les llama papers y los clasifica, según su importancia, de cero a tres asteriscos. Aunque no es una bibliografía comentada, en algunas referencias se añade una nota (a veces larga). En www.bris.ac.uk/poverty/Background_files/townsend%20publications%2048-08.pdf se puede bajar en pdf.
La duplicidad
Luis Javier Garrido
La Jornada, 30 abril 2010.
La crisis de México tiene un rasgo fundamental que muy pocos han querido abordar y es el de un gobierno que siendo, de facto, o acaso por esto mismo, no le importa actuar en la más absoluta ilegalidad.
1. El rasgo fundamental que ha tenido la supuesta política de seguridad nacional del gobierno de facto de Felipe Calderón en estos tres años ha sido que sus acciones se han llevado a cabo al margen –y en contra– de lo prescrito por la Constitución General de la República, como está aconteciendo en materia laboral y petrolera –dos casos de singular trascendencia–, y acaso en todos los ámbitos de la vida nacional, lo que ha conducido a que país se halle hundido en plena ilegalidad.
2. El problema central ante esta circunstancia no lo constituye el hecho de que un gobierno, que no fue electo por los mexicanos, actúe al margen del marco constitucional y violando principios fundamentales del país, sino que al haber extremado la política de gobernar por acuerdos y decretos y parchar con disposiciones aberrantes las leyes secundarias, como ahora se trata de hacer en materia de seguridad nacional ante las exigencias de Washington, el clamor de organismos defensores de derechos humanos o el creciente enojo de las cúpulas militares, lo que se ha logrado es destruir el entramado legal del país, el principio de la seguridad jurídica y el consenso nacional en torno a lo fundamental.
3. En México existen hoy dos marcos de referencia para las acciones del gobierno panista: la Ley Suprema del país, que no respeta, y las prácticas y normas neoliberales, de corte despótico y antinacional, que nos están imponiendo desde el exterior, y ante las que se doblega, pero que no son leyes en México. El desmantelamiento de la Constitución mexicana, calificada por los centros de poder neoliberal de intervencionista y estatista, ha sido uno de sus objetivos en estos años, pero lo que han logrado los fanáticos panistas no sólo es hundir al país en la pobreza y la degradación, sino instaurar un escenario social al margen e la legalidad.
4. El marco constitucional mexicano establece que el Ejército no puede investigar ni perseguir los delitos, pero el gobierno panista se empeña en que así sea; en materia petrolera y de energía está claramente prohibido otorgar concesiones y contratos a los particulares y ya Calderón ha cuadriculado las aguas territoriales del Golfo de México y les está entregando contratos inadmisibles a las corporaciones trasnacionales con las que él y sus amigos se encuentran amafiados; los trabajadores tienen derechos constitucionales fundamentales y la Secretaría del Trabajo se los desconoce de manera escandalosa a electricistas y a mineros; el juego está constitucionalmente prohibido, pero los casinos se multiplican por el país.
5. El diseño que se está haciendo en Estados Unidos de las nuevas instituciones de facto mexicanas, muy distintas de las previstas en la Constitución de 1917, no se oculta ya, y se va filtrando a los medios para recoger el aval de la derecha mexicana. El ex presidente Bill Clinton demandó en una conferencia en la Universidad del Valle de México, el sábado 24, que se implante aquí lo que en los hechos se ha venido instaurando: un Plan México, que, a semejanza del Plan Colombia, con el pretexto de combatir al narcotráfico, cree en México, como en el país sudamericano, un escenario de terror en el que se legitimen las actividades de las agencias de seguridad de Estados Unidos y su control estratégico del país. Y si al día siguiente de estas declaraciones Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, negó que esto fuera a acontecer, decenas de columnistas y de voceros de grupos privados externaron su respaldo a dicho plan.
6. La firma del Plan México no sería más que la formalización de medidas de facto que ya se le han impuesto a México durante el gobierno entreguista de Calderón: la militarización de amplias regiones del país, el escenario de violencia generalizada, la intervención en territorio mexicano de un número creciente de oficiales estadunidenses, la creación de grupos paramilitares, la expedición de un nuevo marco legal violatorio de la Constitución y la subordinación de las acciones de las fuerzas armadas mexicanas a las decisiones de Washington. El proyecto, que según Clinton fue expuesto ya a los funcionarios mexicanos por su esposa Hillary (secretaria de Estado), ya está siendo analizado en el Congreso, según informó, lo que a nadie pareció sorprender.
7. La nueva Ley de Seguridad Nacional, al igual que las reformas al Código de Justicia Militar, que está aprobando el Congreso de la Unión, constituye, por lo mismo, un nuevo bodrio legal contrario a la Constitución General de la República, que se inscribe en el marco de los cambios exigidos desde Washington, pues lo que se busca con esta serie de textos vagos e imprecisos es asegurar a las fuerzas armadas que existe un marco jurídico para que desempeñen tareas policiacas (lo que les prohíbe la Constitución General de la República) y al mismo tiempo hacer creer a las instancias internacionales que los militares ya podrán ser procesados en México por sus delitos contra el pueblo (cuando esto seguirá siendo una decisión discrecional del Ejecutivo), así como el hecho de que éste no tiene ya tantas facultades (cuando lo que se está haciendo es precisamente fortalecer su discrecionalidad o, mejor dicho, su autoritarismo).
8. La expedición en el estado de Arizona de la Ley SB 1070 el 23 de abril, que criminaliza a los migrantes ilegales y conduce a un mayor acoso y discriminación de todos los trabajadores latinoamericanos, debe entenderse en el contexto del doble lenguaje del neoliberalismo, que caracteriza ahora las relaciones entre México y Estados Unidos. No como la iniciativa de un grupo extremista, sino como un elemento más de las políticas antilatinoamericanas del gobierno estadunidense, las que está coadyuvando de manera clara a imponer la administración ilegítima de Calderón, para servir a intereses del otro lado de la frontera. La gobernadora Jan Brewer, de Arizona, ha visto subir ya su popularidad mientras el sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, organiza las primeras redadas al amparo de la nueva ley.
9. El gobierno de Calderón se ha caracterizado en estos tres años por mentir como pocos gobiernos lo han hecho en el pasado al pueblo mexicano, tratando infructuosamente de engañarlo en materia económica y de empleo, y muy particularmente en lo tocante a la violencia que ha desatado en el país y de la cual es el responsable, pero también, y sobre todo, en cuanto a la legalidad de sus actos.
10. Un gobierno como el panista, que se mueve por atavismos y un odio secular a las leyes fundamentales de México, no podría generar otro escenario como el actual: un escenario de desastre en el que urge restablecer un marco de legalidad para que el país pueda retomar otro camino.
Luis Javier Garrido
La Jornada, 30 abril 2010.
La crisis de México tiene un rasgo fundamental que muy pocos han querido abordar y es el de un gobierno que siendo, de facto, o acaso por esto mismo, no le importa actuar en la más absoluta ilegalidad.
1. El rasgo fundamental que ha tenido la supuesta política de seguridad nacional del gobierno de facto de Felipe Calderón en estos tres años ha sido que sus acciones se han llevado a cabo al margen –y en contra– de lo prescrito por la Constitución General de la República, como está aconteciendo en materia laboral y petrolera –dos casos de singular trascendencia–, y acaso en todos los ámbitos de la vida nacional, lo que ha conducido a que país se halle hundido en plena ilegalidad.
2. El problema central ante esta circunstancia no lo constituye el hecho de que un gobierno, que no fue electo por los mexicanos, actúe al margen del marco constitucional y violando principios fundamentales del país, sino que al haber extremado la política de gobernar por acuerdos y decretos y parchar con disposiciones aberrantes las leyes secundarias, como ahora se trata de hacer en materia de seguridad nacional ante las exigencias de Washington, el clamor de organismos defensores de derechos humanos o el creciente enojo de las cúpulas militares, lo que se ha logrado es destruir el entramado legal del país, el principio de la seguridad jurídica y el consenso nacional en torno a lo fundamental.
3. En México existen hoy dos marcos de referencia para las acciones del gobierno panista: la Ley Suprema del país, que no respeta, y las prácticas y normas neoliberales, de corte despótico y antinacional, que nos están imponiendo desde el exterior, y ante las que se doblega, pero que no son leyes en México. El desmantelamiento de la Constitución mexicana, calificada por los centros de poder neoliberal de intervencionista y estatista, ha sido uno de sus objetivos en estos años, pero lo que han logrado los fanáticos panistas no sólo es hundir al país en la pobreza y la degradación, sino instaurar un escenario social al margen e la legalidad.
4. El marco constitucional mexicano establece que el Ejército no puede investigar ni perseguir los delitos, pero el gobierno panista se empeña en que así sea; en materia petrolera y de energía está claramente prohibido otorgar concesiones y contratos a los particulares y ya Calderón ha cuadriculado las aguas territoriales del Golfo de México y les está entregando contratos inadmisibles a las corporaciones trasnacionales con las que él y sus amigos se encuentran amafiados; los trabajadores tienen derechos constitucionales fundamentales y la Secretaría del Trabajo se los desconoce de manera escandalosa a electricistas y a mineros; el juego está constitucionalmente prohibido, pero los casinos se multiplican por el país.
5. El diseño que se está haciendo en Estados Unidos de las nuevas instituciones de facto mexicanas, muy distintas de las previstas en la Constitución de 1917, no se oculta ya, y se va filtrando a los medios para recoger el aval de la derecha mexicana. El ex presidente Bill Clinton demandó en una conferencia en la Universidad del Valle de México, el sábado 24, que se implante aquí lo que en los hechos se ha venido instaurando: un Plan México, que, a semejanza del Plan Colombia, con el pretexto de combatir al narcotráfico, cree en México, como en el país sudamericano, un escenario de terror en el que se legitimen las actividades de las agencias de seguridad de Estados Unidos y su control estratégico del país. Y si al día siguiente de estas declaraciones Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, negó que esto fuera a acontecer, decenas de columnistas y de voceros de grupos privados externaron su respaldo a dicho plan.
6. La firma del Plan México no sería más que la formalización de medidas de facto que ya se le han impuesto a México durante el gobierno entreguista de Calderón: la militarización de amplias regiones del país, el escenario de violencia generalizada, la intervención en territorio mexicano de un número creciente de oficiales estadunidenses, la creación de grupos paramilitares, la expedición de un nuevo marco legal violatorio de la Constitución y la subordinación de las acciones de las fuerzas armadas mexicanas a las decisiones de Washington. El proyecto, que según Clinton fue expuesto ya a los funcionarios mexicanos por su esposa Hillary (secretaria de Estado), ya está siendo analizado en el Congreso, según informó, lo que a nadie pareció sorprender.
7. La nueva Ley de Seguridad Nacional, al igual que las reformas al Código de Justicia Militar, que está aprobando el Congreso de la Unión, constituye, por lo mismo, un nuevo bodrio legal contrario a la Constitución General de la República, que se inscribe en el marco de los cambios exigidos desde Washington, pues lo que se busca con esta serie de textos vagos e imprecisos es asegurar a las fuerzas armadas que existe un marco jurídico para que desempeñen tareas policiacas (lo que les prohíbe la Constitución General de la República) y al mismo tiempo hacer creer a las instancias internacionales que los militares ya podrán ser procesados en México por sus delitos contra el pueblo (cuando esto seguirá siendo una decisión discrecional del Ejecutivo), así como el hecho de que éste no tiene ya tantas facultades (cuando lo que se está haciendo es precisamente fortalecer su discrecionalidad o, mejor dicho, su autoritarismo).
8. La expedición en el estado de Arizona de la Ley SB 1070 el 23 de abril, que criminaliza a los migrantes ilegales y conduce a un mayor acoso y discriminación de todos los trabajadores latinoamericanos, debe entenderse en el contexto del doble lenguaje del neoliberalismo, que caracteriza ahora las relaciones entre México y Estados Unidos. No como la iniciativa de un grupo extremista, sino como un elemento más de las políticas antilatinoamericanas del gobierno estadunidense, las que está coadyuvando de manera clara a imponer la administración ilegítima de Calderón, para servir a intereses del otro lado de la frontera. La gobernadora Jan Brewer, de Arizona, ha visto subir ya su popularidad mientras el sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, organiza las primeras redadas al amparo de la nueva ley.
9. El gobierno de Calderón se ha caracterizado en estos tres años por mentir como pocos gobiernos lo han hecho en el pasado al pueblo mexicano, tratando infructuosamente de engañarlo en materia económica y de empleo, y muy particularmente en lo tocante a la violencia que ha desatado en el país y de la cual es el responsable, pero también, y sobre todo, en cuanto a la legalidad de sus actos.
10. Un gobierno como el panista, que se mueve por atavismos y un odio secular a las leyes fundamentales de México, no podría generar otro escenario como el actual: un escenario de desastre en el que urge restablecer un marco de legalidad para que el país pueda retomar otro camino.
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